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Colombia: iMMAP/DFS COVID-19: Análisis de la situación, febrero 2021

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Contexto - Economía

En 2020 el Producto Interno Bruto, PIB, colombiano se redujo un 6,8% como consecuencia de la epidemia por la COVID-19, desempeño similar al de otras economías de la región y los países de la OCDE. De las 61 áreas de actividad económica, 20 presentan reducciones en su volumen de actividad. La industria manufacturera, el comercio, reparación, transporte y alojamiento fueron las ramas que presentaron las mayores recuperaciones trimestrales. Así mismo, las condiciones financieras también se han recuperado gracias a la transmisión de las tasas de interés de la Política Monetaria hacia las tasas de captación y crédito, ubicadas en niveles históricamente bajos (Banco de la República 02/02/2021, BBVA 16/02/2021, Semana 16/02/2021).

Estas condiciones de recuperación favorecen al consumo de los hogares, que en febrero de 2021 se ubicó un 0,9% por debajo de los niveles registrados en 2019 y que se recupera principalmente en comercio, transporte y restauración (BBVA 16/02/2021). No obstante, la recuperación se interrumpió brevemente en enero debido a los confinamientos parciales que se produjeron debido a la segunda ola de la epidemia, aunque el impacto económico ha sido menor que el de la primera. Pese al menor impacto, el 90% de las compañías han expresado que no tienen capacidad para aguantar un cierre adicional de sus operaciones y un 52,8% se vería obligado a reducir el personal, dado que solo el 23,4% ha podido mantener estabilidad financiera. Por estas razones se espera que la consolidación de la recuperación se produzca en el segundo semestre del 2021, cuando se prevé que la población más vulnerable esté vacunada y aumente el consumo, estimándose un crecimiento del 4,5% en 2021 y una vuelta a los niveles previos a la epidemia en 2022 (Banco de la República 02/02/2021, El País 12/02/2021, BBVA 16/02/2021, Diario del Sur 20/02/2021, Fedesarrollo 25/02/2021).

En cuanto al mercado laboral, en 2020 se estima que se destruyeron 2.18 millones de empleos y descendió un 11% la tasa de ocupación (Semana 23/02/2021, DANE 27/02/2021). En enero, la tasa de desempleo alcanzó el 14,8% a nivel nacional, lo cual equivale a 3,6 millones de desocupados. Esto afecta especialmente a jóvenes (22,5%) y mujeres (19,6%), y las ciudades como Quibdó (21,5%), Neiva (21%), Ibagué (20,9%), Cúcuta (20,5%), y Tunja (20,2%). Para 2021 se proyecta una tasa de desempleo entre un 12,5 % y un 15,5% (Banco de la República 02/02/2021).

Los hogares mantienen expectativas negativas, el 94% de la población considera que la situación económica del país está peor que hace 12 meses y un 72,5% considera que durante 2021 se mantendrá igual (34,1%) o empeorará (38,4%). Además un 43,3% de la población espera que el desempleo permanezca igual (25,5%) o empeore (17,8%) (DANE 26/02/2021).

Según estimaciones del Banco Mundial, la epidemia incrementó entre 119 y 124 millones el número de pobres a nivel global, un caso inédito que amenaza los avances de las últimas dos décadas e incrementa la desigualdad, que podría incrementarse un 2,9% en Latinoamérica. En Colombia la pobreza extrema habría alcanzado un 14,3% en 2020, 4 p.p más que en 2019 y la pobreza monetaria pudo haber aumentado del 35,7% al 45,5% en el peor escenario (IOM 09/11/2020, HRW 08/01/2021, World Bank 11/01/2021, UNHCR 23/02/2021, La República 23/02/2021, UNOCHA 26/01/2021, GoC 21/02/2021).

El Gobierno de Colombia ha lanzado un Estatuto Temporal de Protección para regularizar a los refugiados y migrantes venezolanos y permitir su acceso al mercado laboral, servicios y al plan de vacunación contra la COVID-19. Este proceso supone mayores costos fiscales para el Gobierno en el corto plazo, aunque la inversión se recuperaría en el medio plazo según el Banco de la República y el FMI gracias al incremento de la productividad del país y del crecimiento del PIB (Portafolio 09/02/2021, Proyecto Migración Venezuela 22/02/2021).

La inflación en 2020 fue del 1,61%, 2,19 p.p. menos que en 2019. Esta cifra es la más baja desde 1951. En consecuencia, se mantienen bajas expectativas de inflación para el 2021, cuyo rango de variación se ubica entre 1,5% y 3,0%. Así las cosas, se espera que en el primer trimestre del año se alcance un mínimo de 1,1% para proceder a aumentar sin alcanzar el 3% en los próximos 2 años. Esto sería consecuencia de las escasas presiones inflacionarias, la favorabilidad climática para el sector agropecuario y bajos crecimientos en la demanda de alimentos (Banco de la República 02/02/2021).

Contexto - Seguridad

Durante 2020 aumentó la expansión de grupos como el ELN, AGC, Caparrapos, EPL, Disidencias FARC y Nueva Marquetalia, quienes están ocupando las áreas de influencia de las extintas FARC-EP. Esto ha generado múltiples enfrentamientos y acciones directas en contra de la población civil (MIRE 20/01/2021).

En este contexto resalta la competencia por el control territorial, especialmente de las zonas con potencial minero, cultivos de coca, baja presencia institucional y un alto número de personas con necesidades humanitarias. Los procesos de erradicación de cultivos de uso ilícito están desplazando la frontera agrícola y generan incursiones en parques naturales donde está prohibida la fumigación con herbicidas. Esta situación coloca a los campesinos en medio de varias fuerzas hostiles (Fuerzas Armadas, GAO, GAD y narcotraficantes), destacándose que los GAO frecuentemente imponen reglas de comportamiento y extorsionan la actividad económica para consolidar su control territorial y salvaguardar sus intereses en las economías ilícitas. Así mismo existe un veto a la libertad de expresión y la instrumentalización de la población para que funcionen como informantes y denunciantes de los colaboradores de grupos rivales o de la institucionalidad estatal. Adicionalmente los GAO utilizan a la población para obstruir los procesos de erradicación de cultivos debido a que el Ejército no puede disparar contra la población civil (MIRE 05/02/2021, R4V 09/02/2021, HRW 13/02/2021, ICG 26/02/2021).

Se mantienen una constante reconfiguración del conflicto y una gran fluidez en las alianzas y la presencia territorial que provoca que usualmente las comunidades desconozcan cuántos GAO y cuáles hacen presencia en sus territorios. Sin embargo, se ha identificado que el ELN ha ampliado su presencia geográfica especialmente en la costa pacífica, la frontera con Venezuela y el bajo Cauca; las disidencias de las FARC-EP controlan grandes extensiones del Guaviare; el Clan del Golfo hace presencia en el Chocó; los Caparros en el Bajo Cauca y en la costa nariñense y el Putumayo algunos grupos disidentes de las FARC-EP. Por esta multiplicidad de actores, la situación se torna especialmente preocupante en Antioquia, Arauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander (MIRE 05/02/2021, R4V 09/02/2021, HRW 13/02/2021, UNHCR 18/02/2021, ICG 26/02/2021).

Preocupa que a 28 de febrero de 2021 se contabilizan 55 víctimas de masacres, 28 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados y 10 ex-miembros de las FARC-EP desaparecidos o asesinados (Indepaz 2/03/2021, Indepaz 12/03/2021).

Contexto - Ambiental

En 2020 se registraron 3.319 desastres que afectaron a 145.647 familias y 610.619 personas, de las cuales 333.207 han resultado damnificadas en 14 departamentos del país. Mientras que en lo corrido del 2021 se han registrado al menos 313 eventos por desastres que han afectado 2.525 familias y 11.876 personas, lo que equivale a un crecimiento de 550% respecto al mismo periodo del año anterior. La confluencia de la epidemia y el Fenómeno de la Niña han ocasionado múltiples afectaciones por el elevado riesgo de contagio, la pérdida de medios de vida, las restricciones en el acceso a agua, saneamiento e higiene y las aglomeraciones durante las evacuaciones y el desplazamiento a zonas seguras (UNOCHA 31/12/2020, UNOCHA 26/01/2021, IFRC 18/01/2021).

Estos desastres han sido en su mayoría inundaciones y crecientes súbitas (89%) y vendavales (5%) causados por las altas precipitaciones que provoca el Fenómeno de la Niña. Destaca que la mayoría de las inundaciones y el 89% de las víctimas se concentran en los departamentos Chocó y Nariño, especialmente en comunidades afrocolombianas. Por otra parte, la región central ha sido particularmente impactada por deslizamientos de tierra, mientras que en Norte de Santander se experimenta una sequía. Adicionalmente, en la Costa Caribe, Norte de Santander y Arauca se ha configurado un escenario de doble afectación por estos eventos y la frágil situación de los refugiados y migrantes que permanecen en estos territorios (UNOCHA 20/02/2021).

En otro orden de ideas, preocupa que tras la afectación económica por la epidemia de la COVID-19, los Gobiernos de Colombia, la República Democrática del Congo, Indonesia y Perú han favorecido el desarrollo de proyectos con el potencial de afectar a comunidades indígenas y los bosques y territorios que cuidan.

Entre estos se destacan las minas a cielo abierto, las plantaciones agrícolas extensivas, los megaproyectos de infraestructura y los complejos hidroeléctricos, los cuales provocan deforestación y se correlacionan con abusos contra los derechos humanos. Esta situación es dramática en Colombia donde se han intensificado los asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos y ambientales, a la vez que se han debilitado los procesos de consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado con los pueblos indígenas. A esta situación se adiciona la intención de erradicar cultivos de coca con fumigación aérea de herbicidas tóxicos a pesar de las demandas legales de los pueblos indígenas, pequeños agricultores y grupos afrocolombianos. Por otra parte, los cultivos de coca se están desplazando hacia la “frontera agrícola” con los parques naturales donde está prohibido el uso de herbicidas (El Espectador 18/02/2021).