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Colombia: iMMAP/DFS COVID-19: Análisis de la situación, 20 octubre - 30 noviembre 2020

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1. Resumen ejecutivo / Principales hallazgos

● Contexto - Economía: En el mes de octubre se ha presentado una cierta recuperación en los indicadores económicos, la tasa de desempleo se redujo al 14,4% desde un 15,8%, mientras que las cifras de productividad representadas en el PIB también presentan una recuperación a pesar de seguir siendo negativas. Un 83,6% de las empresas de comercio, industria, manufactura, servicios y construcción operan con normalidad según cifras del DANE a septiembre de 2020. A pesar de la recuperación de estos indicadores prevalece la brecha de género, siendo la tasa de desempleo en mujeres del 20,1%, casi el doble que en los hombres. El desempleo en los jóvenes es aún más crítico y en octubre se ubicó en el 24,5%.

● Contexto - Seguridad: Los Grupos Armados Organizados (GAO) siguen haciendo presencia en aquellos territorios donde existen economías ilícitas y donde históricamente ha habido presencia de guerrillas o grupos paramilitares. Algunos de estos GAO sustituyen al Estado en determinadas zonas remotas del país, ejerciendo controles y estableciendo restricciones al movimiento para, según afirman, detener la propagación del virus. Estos GAO siguen sembrando minas y dificultando el desminado del territorio colombiano y continúan provocando confinamientos y desplazamientos forzados, con un total de 20.224 personas desplazadas y 64.677 personas confinadas entre enero y septiembre del mismo año. A raíz de la epidemia, la falta de ingresos en las familias y el cierre de instituciones educativas oficiales favorecen la vinculación, el reclutamiento, explotación y el uso de niños, niñas y jóvenes por parte de GAO y grupos criminales, sumada a la creciente ola de asesinatos de líderes sociales.

● Contexto - Ambiental: La reciente temporada invernal ha dejado tan sólo en noviembre más de 300.000 afectados por desastres naturales, principalmente a los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, al igual que el Golfo de Urabá, y algunos impactos en la región Andina por incrementos de lluvias. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina registró pérdidas totales de viviendas e infraestructura en más del 90% por el huracán Iota.

● Resumen de la epidemia: A 30 de noviembre el número de casos COVID-19 en Colombia sigue en aumento, ocupando el puesto número diez a nivel mundial en número de contagios, con un total de 1.316.806 casos confirmados y un total de 66.501 casos activos. En cuanto a defunciones se han presentado 36.766 fallecidos, ubicando al país en el número doce del ranking global en cifras de muertos en total por país. La tasa de mortalidad nacional es de 708,3 muertes por cada millón de habitantes, siendo los departamentos y distritos de Amazonas, Barranquilla, Caquetá y Bogotá los más afectados.
El número de pruebas PCR realizadas llega a los 5,08 millones, con una tasa de positividad del 18,7% que presenta una disminución con respecto al mes anterior, que registró un 25,3%.

● Medidas de contención de la COVID-19: El Gobierno decidió ampliar las medidas tomadas por la emergencia sanitaria generada por el coronavirus y así garantizar el mantenimiento del orden público y el aislamiento selectivo para evitar una mayor propagación de la epidemia en el país, especialmente durante las vacaciones de navidad. El cierre de fronteras terrestres y fluviales con los países vecinos se mantiene vigente hasta el 16 de enero con determinadas excepciones como el acceso de ayuda humanitaria y casos aprobados por Migración Colombia. La estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo-Sostenible (PRASS) impulsada por el Gobierno debería servir para rastrear, hacer seguimiento y controlar el contagio de la COVID-19. Colombia forma parte de Covax, mecanismo multilateral conjunto de 180 países para la adquisición de vacunas contra la COVID-19, si bien a día de hoy solamente el 57% de los colombianos se aplicaría la vacuna en caso de estar disponible, muestra ello de la gran desinformación alrededor de la vacuna y la enfermedad.

● Información y comunicación: Tanto instituciones como organizaciones humanitarias y organismos internacionales han recurrido a las redes sociales para llegar e informar a la población acerca de las medidas contra la COVID-19. Precisamente las redes sociales ganan protagonismo entre la población a pesar de que se sigue recurriendo a los medios tradicionales. El desigual acceso a medios electrónicos y la desigual disponibilidad de conexión y cobertura en el país dificultan alcanzar a todas las personas a través de estas u otras campañas, y prueba de ello es que el 81% de los hogares afirman necesitar información acerca de la COVID-19, planteando asimismo dificultades sobre la manera de recabar información de estas poblaciones al no ser alcanzables de manera digital. Para tratar de llegar a las poblaciones más rurales y remotas el Gobierno ha lanzado las estrategias de comunicación para el desarrollo (C4D), que a través de radios y medios locales llegan incluso a las distintas comunidades étnicas del país en sus idiomas correspondientes.

● Acceso humanitario: Las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno, la comunidad y los grupos armados han impactado el acceso que tienen los actores humanitarios para llegar a la población en necesidad, tanto para su libre circulación o movimiento, como para el ingreso a las comunidades, algunas de estas con temor a nuevos focos de contagios y otras víctimas de un doble confinamiento impuesto de forma violenta. Los trabajadores y las organizaciones humanitarias han sido también víctimas de 242 ataques en lo que va de año, así como amenazas y otras agresiones en el marco de la epidemia por la COVID-19, lo que dificulta y obstaculiza el ejercicio de sus misiones. Las recientes lluvias e inundaciones en varios departamentos complican aún más el acceso en zonas donde la infraestructura ya era precaria antes de estos eventos.

● Resumen del impacto y de las condiciones humanitarias Medios de vida: las medidas de aislamiento preventivo impuestas por el Gobierno para mitigar el contagio de la COVID-19 afectaron gravemente la capacidad de generar ingresos de la población colombiana y refugiados y migrantes, quienes subsisten mayoritariamente de la economía informal.
Pese a la reapertura económica no se evidencian mejoras significativas en relación a la capacidad adquisitiva de la población. Se mantiene la brecha de género, siendo la tasa de desempleo de las mujeres casi el doble que en los hombres y originando problemas en la salud mental de estas. La proporción de refugiados y migrantes que se ven obligados a recurrir a mecanismos de afrontamiento económicos asciende hasta el 90%, mientras que en el caso de los colombianos se encuentra en torno al 50%, y una de cada diez familias colombianas y migrantes ha tenido que enviar a sus hijos a trabajar para suplir la falta de ingresos. Las consecuencias generadas por la crisis de la epidemia han puesto en evidencia la incapacidad de ahorro que tiene la población. Empresas y comerciantes parecen mejorar su situación en comparación con meses pasados, aunque emergencias recientes ocasionadas por los desastres naturales dificultan la lenta recuperación del sector productivo del país.

Seguridad Alimentaria y Nutrición: el sector de Seguridad Alimentaria y Nutrición se ha visto gravemente afectado por la incapacidad de la población para generar ingresos a raíz de la epidemia y del aislamiento obligatorio primero y selectivo después. La región Caribe presenta unos datos alarmantes de inseguridad alimentaria por falta de acceso a alimentos y departamentos como La Guajira, Bogotá y Antioquia presentan los mayores casos de desnutrición aguda. Se precisa información sobre el descenso generalizado de casos reportados a pesar de la frágil situación del país en materia alimentaria. Cada vez más familias recurren a estrategias de supervivencia como reducir el número de comidas diarias o priorizar la alimentación de los niños, situación especialmente preocupante entre los refugiados y migrantes en tránsito. El precio de los alimentos ha crecido considerablemente en 2020, solamente superado por los servicios de salud, lo que dificulta adquirir alimentos variados y de calidad, poniendo en peligro la seguridad alimentaria de la población del país, especialmente de la población migrante y comunidades socioeconómicamente vulnerables como las comunidades étnicas. Se espera que con la recuperación parcial del sector informal y de la economía en general mejore la seguridad alimentaria y nutricional de la población, aunque los eventos climáticos como las inundaciones de las últimas semanas dificultan esa mejoría en las regiones afectadas, cuyo desabastecimiento e impacto en mercados y hogares es severo.

Protección: la VBG y la violencia sexual han incrementado hasta un 200% durante el periodo de cuarentena, afectando especialmente a mujeres y menores, que además han visto el acceso a los servicios de protección fuertemente limitado. La suspensión de los servicios de protección ha tenido un impacto especialmente grave en los procesos de regularización migratoria de la población venezolana en el país, cuya situación irregular impide el acceso a servicios públicos y al mercado formal de trabajo. La poca presencia del Estado en las zonas históricamente asociadas al conflicto supone un riesgo de control territorial por parte de los grupos armados, que en algunas zonas rurales ejercen un poder paraestatal.

Salud: la flexibilización de las medidas de contención de la epidemia no ha sido suficiente para que la población recupere su completa normalidad en términos de asistencia sanitaria debido a que la capacidad y cobertura hospitalaria continúa con dificultades. El Estado colombiano consolida más estrategias, incluyendo inversiones para la vacunación de la población contra la COVID-19 en el primer semestre del 2021. Hasta entonces, el bienestar físico y mental de las personas sigue siendo vulnerable, tanto de los enfermos de COVID-19 como de aquellos que necesitan acceder a otros servicios sanitarios. Las barreras de acceso se acentúan en migrantes y refugiados cuyo acceso al sistema de salud se complica por falta de medios o documentación, así como en aquellos grupos que requieren de atención diferencial como mujeres gestantes o lactantes, indígenas o NNA, cuyas demandas no son satisfechas en muchos casos. Preocupa el efecto de las recientes inundaciones y deslizamientos en el sistema de salud en los 26 departamentos afectados.

Educación: la mayoría de las escuelas en Colombia permanecen cerradas desde el pasado 15 de marzo como parte de las medidas de aislamiento y distanciamiento social, y la educación ha pasado a impartirse, cuando ha sido posible, de manera virtual, aunque ya existen escuelas poniendo en práctica el modelo de alternancia propuesto por el Gobierno para ser implementado en 2021. El impacto de la COVID-19 en el sector de Educación ha puesto en relieve un problema estructural del país: la alta tasa de desescolarización (en torno al 10%) de los NNA colombianos, situación notablemente más grave en el caso de las niñas, niños y jóvenes migrantes y refugiados procedentes de Venezuela. Desde antes que se iniciara la epidemia, los retos para que los estudiantes colombianos puedan acceder a una educación de calidad son numerosos. Ello se debe principalmente a la falta de medios para sufragar los costes de la educación, a la falta de medios de instituciones y hogares para garantizar la educación virtual y a la necesidad de adecuar los entornos educativos y convertirlos en espacios libres de contagios y entornos protectores y garantes de derechos. Este último requisito es aún más complicado con el inicio de la temporada de lluvias y con los daños que están provocando en centros educativos rurales especialmente.

Albergue: todas las consecuencias derivadas y acrecentadas por la crisis de la epidemia han puesto en primer plano la delicada situación de acceso a vivienda y la precariedad de las construcciones de estas en zonas rurales y remotas de Colombia. Este impacto deja en grave situación de necesidad a la población local más pobre y a los migrantes y refugiados en el país. El Gobierno nacional, las autoridades locales y las Organizaciones No Gubernamentales se han enfrentado a grandes desafíos para intentar brindar asistencia y protección en materia de albergues, subsidios de vivienda. El Gobierno incluso implementó leyes que prohibieran los desalojos por falta de pago durante la fase de aislamiento preventivo obligatorio, que se convirtió en la principal causa de estos. Sin embargo, ante la ausencia de garantes tales como los contratos escritos por falta de documentación en el caso de los migrantes y refugiados, la población se vio afectada y tuvo que recurrir a graves mecanismos de afrontamiento tales como la habitabilidad en calle, el hacinamiento y la convivencia en viviendas de construcción precaria para permitirse un sitio donde dormir, presentándose también cohabitabilidad de víctimas y victimarios de casos de VBG. A la grave crisis causada por la COVID-19 se sumaron situaciones de desplazamiento y confinamiento forzado a causa de grupos armados, y en los últimos meses del año se presentaron fuertes impactos tanto a población como a servicios e infraestructuras de vivienda y albergues debido a una intensa ola invernal y el paso de un huracán, que dejaron como saldo un aumento en la cantidad de población sin acceso a viviendas dignas y graves pérdidas relacionadas con los enseres y elementos del hogar. Estas situaciones generan un aumento en el riesgo de contagio por coronavirus y otras enfermedades, que es más considerable cuando ya existen casos positivos en un hogar en el que se dificulta cumplir con las medidas de distanciamiento social y con los protocolos de higiene y bioseguridad.

WASH: la exposición a ambientes insalubres conlleva a padecer de enfermedades estomacales, de la piel y agrava los riesgos de contagio de la COVID-19. La desigual cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en el país dificulta garantizar las medidas de higiene necesarias para una adecuada prevención contra la enfermedad especialmente el lavado de manos con agua y jabón, agravado en los estratos socioeconómicos más vulnerables y en las zonas rurales. Con la temporada de lluvias, gran parte del territorio se vio afectado por inundaciones observándose un deterioro de los sistemas de agua, dificultando el lavado de manos con agua y jabón y aumentando la probabilidad del incremento de casos de la COVID-19, de enfermedades gastrointestinales y transmitidas por vectores. El acceso a insumos básicos de higiene como el jabón y alcohol debido al impacto económico que a su vez obliga a las familias a buscar medios de vida en la calle hace que el riesgo de contagio aumente. Por otro lado, la información que se cuenta sobre el acceso a servicios WASH en centros de salud e instituciones educativas es limitada lo que hace la planificación para mejorar el acceso a los servicios en ocasiones no involucre a las comunidades más vulnerables pues son éstas de las que no se tiene información.

● Vacíos de información: Una de las principales consecuencias del impacto de la COVID-19 en el levantamiento de datos es la desatención de realidades o sectores no relacionados directamente con el virus. El carácter urgente y el impacto para todo el conjunto del país favorecen e incluso justifican la recopilación de datos más generales y a nivel nacional que contribuyen a un muy bajo nivel de desagregación de la información durante el periodo de análisis, tanto en el enfoque geográfico como demográfico. Se precisa más detalle sobre sectores como WASH, Educación o Nutrición y evaluaciones de necesidades que profundicen más en los fenómenos de estudio, hasta ahora en su mayoría poco más que descriptivos.

● Retos de los actores humanitarios en la recolección de datos primarios: A pesar de la reactivación gradual, algunos actores humanitarios continúan desarrollando actividades de análisis, monitoreo y evaluación de los programas y proyectos de manera virtual dados los posibles riesgos de contagio para el personal que se moviliza a realizar las evaluaciones. Las actividades de recolección de datos primarios que regularmente se realizaban de manera presencial como la caracterización de la población y los monitoreos de protección donde se incluyen preguntas confidenciales y sensibles, las las mujeres, niños, niñas y adolescentes en muchas ocasiones no se sienten en confianza de responderlas de manera remota.