El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Augusto Castro, se refirió al caso del salesiano español Ricardo Cantalapiedra, quien afronta un proceso por rebelión. "Se necesita un espacio para defender las propias comunidades", dijo Castro.
El jerarca católico dijo que es necesario que haya una "mayor comprensión" frente al trabajo eclesiástico en áreas de confrontación como en Uribe (Meta), de la que Cantalapiedra es párroco.
El sacerdote español fue detenido a mediados del pasado agosto por disposición de un fiscal regional, dentro de una investigación en la que también comparecen catorce de sus habitantes.
La causa judicial se derivó de testimonios de un desertor de las Farc que acusó al salesiano por mantener nexos con esa guerrilla, que incluían celebraciones religiosas en bases insurgentes.
Castro explicó que el espacio que reclama no supone que se pretenda "ser amigo" o prestarles apoyo. "Ni más faltaba, sino que precisamente cuando se ve que hay hostilidad hacia las comunidades de las que se es responsable, pues hay que hablar, hay que decir algo, hay que hacer algo", afirmó Castro.
El presidente de la Conferencia Episcopal precisó que "ese hablar y ese hacer muchas veces es interpretado ambiguamente como si fuera un querer estar con quienes están siendo hostiles, cuando es todo lo contrario".
El jerarca observó que, en el contexto del conflicto armado, "se necesita que haya un campo humanitario más amplio para que puedan moverse estos responsables de las comunidades, para defender a las mismas, para protegerlas y, naturalmente, sin que sean incriminados injustamente, como en el caso del padre Cantalapiedra".
Cantalapiedra, con una trayectoria de treinta años en Colombia y que permanecía recluido en la casa salesiana en Bogotá, fue puesto en libertad provisional el pasado día 21 por la delegación de la Fiscalía en la Corte Suprema de Justicia.
Esa delegación consideró que "no había soporte probatorio suficiente para dictarla (la orden de detención) y que la Fiscalía de primera instancia interpretó de manera equivocada las pruebas contenidas en el expediente".
Una de las pruebas es una fotografía en la que Cantalapiedra aparece junto a varios subversivos, entre ellos el jefe militar de las Farc, Jorge Briceño (alias "Mono Jojoy") y que data de los años en los que esa guerrilla controlaba el territorio de Uribe.
Según la Fiscalía, en este caso "no se tuvo en consideración las circunstancias sociopolíticas que rodeaban la comisión de los hechos, toda vez que cuando ocurrieron, el municipio de Uribe estaba comprendido en la desaparecida zona de distensión".