Colombia: Grupos armados azotan región fronteriza

La escasa protección gubernamental expone a los civiles a abusos en el Catatumbo

• Los grupos armados que se disputan la región del Catatumbo, cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, han cometido graves abusos y han desplazado a miles de personas.
• El ELN y el Frente 33 han matado, secuestrado y desaparecido a civiles. Los enfrentamientos entre las partes y los abusos cometidos han obligado a más de 56.000 personas a huir de sus hogares, uno desplazamientos masivos más grandes de Colombia en décadas.
• El gobierno debería diseñar e implementar una política de seguridad y justicia eficaz y respetuosa de los derechos humanos para proteger a los civiles. Los gobiernos donantes deberían proporcionar asistencia urgente.

(Washington D. C.) - Los grupos armados que se disputan la región del Catatumbo, cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, han cometido graves abusos contra los habitantes de la zona y han desplazado a miles de personas, señaló hoy Human Rights Watch.

Desde el 16 de enero de 2025, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) lleva a cabo una campaña para recuperar el control de amplias zonas de la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. El ELN ha asesinado, secuestrado y desaparecido a civiles a los que acusa de tener vínculos con el Frente 33, un grupo armado que surgió después de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017. Los combates entre estos grupos y los abusos que han cometido han obligado a más de 56.000 personas a huir de sus hogares, uno de los mayores desplazamientos masivos de Colombia en décadas.

“Nuestra investigación apunta a que el ELN está cometiendo abusos generalizados contra la población civil en su intento por recuperar el control del Catatumbo”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Las víctimas que entrevistamos también detallaron graves abusos cometidos por el Frente 33, incluyendo reclutamiento de niños y trabajos forzados, y una grave desprotección por parte de las autoridades estatales”.

Entre enero y febrero de 2025, Human Rights Watch entrevistó a más de 65 personas, incluyendo a desplazados en Cúcuta, Norte de Santander, trabajadores humanitarios y autoridades judiciales y gubernamentales. Human Rights Watch también entrevistó por teléfono a personas en el Catatumbo y a autoridades judiciales y otros expertos en Bogotá. La mayoría de quienes sufrieron o presenciaron abusos temen represalias y hablaron con Human Rights Watch bajo la condición de anonimato.

Human Rights Watch también revisó y verificó fotografías y videos para corroborar casos de abusos y analizó reportes de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), entre otros. Los investigadores enviaron solicitudes de información a las autoridades nacionales; a la fecha, solo habían recibido respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El Catatumbo, ubicado en la frontera con Venezuela, es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas. Durante años, el ELN se ha beneficiado de la complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas.

El ELN y el Frente 33 habían compartido el control territorial de grandes partes del Catatumbo desde 2018, en lo que expertos y funcionarios del gobierno describieron como un “acuerdo de coexistencia armada”.

En la mañana del 16 de enero, combatientes del ELN llevaron a cabo una serie de asesinatos de manera prácticamente simultánea en corregimientos de cinco municipios del Catatumbo: Teorama, Convención, Hacarí, Tibú y El Tarra. Entre las víctimas se encontraban líderes sociales, miembros de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT) y excombatientes de las FARC, que se habían desmovilizado en virtud del acuerdo de paz de 2016 con el gobierno.

Combatientes del ELN registraron viviendas y lugares de trabajo en busca de personas a las que acusaban de tener vínculos con el Frente 33. Testigos nos dijeron que miembros del ELN mataron a algunas personas y se llevaron a otras de las que días después se reportó su muerte. Algunos habitantes de la zona no saben qué pasó con sus familiares.

Numerosos desplazados dijeron a Human Rights Watch que, en los últimos años, el Frente 33 había ampliado su control sobre las comunidades del Catatumbo, imponiendo normas a la población civil y usando amenazas, asesinatos y trabajos forzados como castigo. Los entrevistados también denunciaron el reclutamiento forzado, incluyendo de niños.

El gobierno colombiano había establecido conversaciones de paz con ELN desde agosto de 2022 y, desde octubre de 2023, con el Frente 33, que es parte de una coalición de grupos armados disidentes de las FARC conocida como “Estado Mayor de los Bloques y el Frente”. Durante las negociaciones con el Frente 33, el gobierno acordó un cese al fuego y anunció planes de desarrollo local que serían implementados por el Frente 33, el gobierno y las comunidades, a pesar de que los combatientes permanezcan en armas.

Los entrevistados dijeron a Human Rights Watch que los civiles que participaron en la creación de estos planes de desarrollo local corrían un alto riesgo de sufrir ataques del ELN. Las autoridades de Norte de Santander reportaron que 78 personas, entre ellas 4 niños, fueron asesinadas en el Catatumbo entre el 16 de enero y el 8 de marzo. Esta cifra es más de cuatro veces superior al promedio mensual de asesinatos en 2024. También es probable que la cifra real sea aún mayor, pues los grupos armados “desaparecieron” a algunas personas y los familiares de otros enterraron sus cadáveres sin notificar a las autoridades.

El 20 de enero de 2025, el gobierno colombiano suspendió las conversaciones de paz con el ELN. Sigue negociando un acuerdo de paz con el Frente 33.

El 24 de enero, el gobierno colombiano declaró el “estado de conmoción interior” en la región del Catatumbo. El Ejército utilizó helicópteros para evacuar a más de 750 personas en riesgo de violencia por parte del ELN. El gobierno también anunció varias medidas de desarrollo local y de seguridad, incluyendo un programa para entregar subsidios a los campesinos que se comprometan a sustituir sus cultivos de coca por cultivos de alimentos u otras fuentes legales de ingresos.

“El gobierno debe poner en marcha de manera urgente una política de justicia y seguridad para proteger a la población y restablecer el Estado de derecho en el Catatumbo”, dijo Goebertus. “El gobierno también debe asegurarse de que su programa de sustitución de cultivos ayude a los campesinos a integrarse en economías legales y no cree incentivos perversos que conduzcan a más violencia en el futuro”.

Asesinatos, desapariciones y secuestros

Human Rights Watch recibió denuncias creíbles de múltiples asesinatos de civiles en el Catatumbo cometidos por el ELN y el Frente 33. En la mayoría de los casos, los grupos armados buscaron a las víctimas en su casa o lugar de trabajo. En varias ocasiones, los combatientes a mataron a las personas en las carreteras y prohibieron a sus familias y otras personas retirar sus cuerpos.

• El 16 de enero, unos 20 miembros del ELN uniformados y con brazaletes llegaron a una finca en una vereda del municipio de Tibú, disparando fusiles, según nos dijeron tres hombres que estuvieron allí. Los combatientes del ELN les dijeron que quienes trabajaban en la finca eran “narcoguerrilleros” y dispararon contra un campesino, que murió días después en el hospital, y contra otro, que murió en el acto. También obligaron a la gente a tirarse al suelo, arrodillaron a otro campesino delante de los demás y le dispararon en la cabeza, según nos contaron familiares que presenciaron los hechos.
• El 16 de enero a las 8:30 a.m., un excombatiente de las FARC desmovilizado salió de su casa en la zona rural de Convención, nos dijo su esposa. Unas horas más tarde, un familiar llamó y dijo que el ELN lo había amarrado y se lo habían llevado en una camioneta. El padre del excombatiente nos contó que aproximadamente a las 3 p.m. recibió un mensaje de WhatsApp en el que le informaban que su hijo había sido asesinado. Sus familiares recogieron y enterraron su cuerpo.

Esa misma tarde, cinco hombres vestidos de civil y con brazaletes del ELN llegaron a la finca de la víctima. “Me dijeron que me fuera y que podía volver días más tarde, pero bajo ciertas reglas”, nos dijo su esposa. Ella abandonó el pueblo con sus dos hijos, de 9 años y 10 meses.

• Otra mujer contó a Human Rights Watch que, el 16 de enero a las 7:30 a.m., un grupo de miembros del ELN llegó a la casa de su sobrino, un conductor, en una vereda en Teorama. “Tocaron muy fuerte a la puerta. Él estaba dormido, alcanzó a ponerse unos jeans y una camiseta antes de que entraran y dispararan a su esposa en la pierna. Mientras les suplicaba que no la dejaran morir, lo arrastraron afuera y lo mataron delante de la casa. Su cuerpo estuvo allí tendido para que todo el mundo lo viera hasta las 6 p.m., cuando alguien [de la comunidad] lo cubrió con una sábana”, nos dijo la mujer. Human Rights Watch obtuvo y geolocalizó un video en el que se ve a cinco hombres vestidos de civil en una carretera sin asfaltar. Cuatro de ellos portan sus pistolas de manera visible. Un quinto hombre habla por teléfono o radio. Dos de los hombres que tienen sus pistolas desenfundadas se acercan a un edificio. En el video también se ve una camioneta que, según la mujer, pertenece a su sobrino. Ella nos dijo que el video fue grabado segundos antes de que los hombres llegaran a la casa de él. Al fondo, el último hombre visible camina alrededor de un cuerpo tendido en la calle, a unos 20 metros de donde se grabó el vídeo. Fotografías y vídeos publicados en Facebook el 16 de enero alrededor de las 11.00 a.m. muestran el cadáver de un hombre joven con jeans y camiseta negra, desde un ángulo diferente.
• Human Rights Watch analizó y geolocalizó un vídeo, enviado a los investigadores y compartido en redes sociales entre el 16 y el 18 de enero, que muestra a cuatro hombres armados frente a una casa de color verde claro en la vereda de San Pablo, municipio de Teorama. Un hombre abre la puerta a la fuerza con la parte trasera de un fusil y los otros tres entran a la casa, uno de ellos empuña un arma de fuego pequeña y se cubre la cara con una tela negra. Los tres hombres se están dentro de la casa durante tres minutos, mientras que el cuarto permanece fuera, aparentemente de guardia, vestido con una chaqueta de camuflaje de estilo militar, portando un fusil y un brazalete negro y rojo, colores comúnmente asociados con el ELN.

Las autoridades han informado que el 3 de marzo el ELN liberó a 22 personas, entre ellas 3 niños, que mantenía secuestradas desde la semana del 16 de enero. Es probable que el número total sea mayor. Human Rights Watch ha entrevistado a familiares de personas desaparecidas que no han denunciado a las autoridades por temor a sufrir represalias.

• Un campesino de 36 años contó a Human Rights Watch que, el 16 de enero, miembros del ELN lo secuestraron en la zona rural de Tibú. Según nos dijo, 20 hombres con brazaletes del ELN se lo llevaron de la finca en la que trabajaba. Al día siguiente, le cubrieron la cara y lo transportaron durante varias horas en lancha y motocicleta: “cuando llegamos a un lugar, me encadenaron del cuello al pie y me metieron en una habitación”. El ELN lo mantuvo allí durante cinco días. Luego, lo liberaron con la condición de que grabara un video asegurando que “colaboraba” con el Frente 33. Human Rights Watch revisó el vídeo. El campesino nos dijo que, mientras hablaba, un combatiente del ELN le apuntó con un fusil. Aproximadamente un minuto después de comenzar el vídeo, en el telón detrás del campesino se ve una sombra consistente con la forma de un fusil. El ELN lo llevó hasta su casa y le dijo que no podía irse. Diez días después escapó con su esposa y sus hijos.

En algunos casos, el ELN le dijo a la población civil, incluyendo a los familiares de personas a las que buscaban, que no tenían permitido salir de sus fincas o comunidades. “Mi madre dice que preguntan por mí y no la dejan salir del pueblo; es una forma de presionarme para que regrese”, dijo un líder comunitario entrevistado por Human Rights Watch.

Reclutamiento de menores y riesgos para las escuelas

Los grupos armados llevan años reclutando niños en el Catatumbo. En noviembre de 2024, la Defensoría del Pueblo reportó que el reclutamiento de menores en el Catatumbo “iba en aumento”, en lo que describió como parte de una “estrategia de fortalecimiento [del grupo] y expansión territorial”.

Varias personas nos dijeron que se desplazaron por miedo a que el ELN o el Frente 33 reclutaran a sus hijos adolescentes. Según una mujer desplazada del municipio de El Tarra: “Nos fuimos porque tenía mucho miedo de que se los llevaran. Soy la única mujer en una familia de hombres jóvenes y fuertes, en cualquier momento se los llevarían”.

Entre el 1 de enero y el 19 de febrero, las autoridades colombianas recuperaron a 44 menores, la mayoría en poder del Frente 33. Probablemente se trate de una fracción del número total de niños en manos de los grupos armados. Según el ICBF, entre los menores recuperados hay niños nacidos en varias partes de Colombia, así como al menos cuatro nacidos en Venezuela.

Por ejemplo, Human Rights Watch documentó el caso de un niño de 12 años en Tibú. Un familiar del menor nos dijo que un hombre había le ofrecido al niño trabajar en cultivos de coca e intentó llevárselo, pero la madre lo impidió. Días después, el hombre regresó (vestido de civil) y el niño aceptó irse con él. Semanas después, el ELN devolvió al niño, según nos contó el familiar, con la condición de que se fuera del municipio.

Tras el inicio de los enfrentamientos entre los grupos armados, más de 46.900 niños de los municipios del Catatumbo no pudieron asistir al colegio durante semanas, lo que los expuso a un mayor riesgo de reclutamiento. Cientos de profesores también han huido del Catatumbo. “En un momento de enfrentamiento, [los grupos armados] siguen disparándose unos a otros y no respetan los colegios ni nada”, nos dijo un profesor desplazado.

Desplazamientos masivos

Los combates y los abusos en la frontera desencadenaron lo que la Defensoría del Pueblo describió como el mayor incidente de desplazamiento forzado desde que las autoridades comenzaron a registrar los desplazamientos en 1997.

Más de 56.500 personas, es decir, más del 14 % de la población de la región, han sido desplazadas forzosamente, según las autoridades de Norte de Santander. Esta cifra es mayor a la de personas que fueron desplazadas forzosamente debido a la violencia en toda Colombia durante el 2024, según las estimaciones de OCHA. En el Catatumbo vive solo el 0,7 % de la población colombiana, pero el número de desplazados representa el 93 % de todos los desplazamientos forzados en lo que va de 2025.

Las cifras más elevadas de recepción de desplazados se registraron en Cúcuta (20.300 personas) y en Ocaña (12.097 personas), una ciudad del Catatumbo.

Aunque la mayoría de las personas huyeron por miedo a ser atacados o quedar atrapados en el fuego cruzado, muchos habían sido amenazados por miembros del ELN o del Frente 33. Algunas personas entrevistadas por Human Rights Watch dijeron que, tras ser desplazadas, la gente de sus comunidades les había dicho que el ELN había destruido sus propiedades o se había apoderado de sus casas. “Un vecino me llamó para decirme que el ELN lanzó una granada contra la casa donde yo vivía y que se llevaron mi moto y todo lo que había en la casa”, dijo un líder comunal miembro de ASUNCAT.

Otro campesino desplazado señaló: “Saquearon nuestra finca, se llevaron motos, maquinaria y todo el equipo que teníamos para los cultivos. Los vecinos dicen que nadie puede acercarse a la casa y cualquiera que lo haga es declarado objetivo militar”.

Control social y otros abusos

Ambos grupos armados se han aprovechado de la falta de presencia estatal para establecer su control social en el Catatumbo.

Los entrevistados nos dijeron que el Frente 33 utilizó el cese al fuego y el anuncio de los planes conjuntos de desarrollo local para ampliar su control sobre las comunidades. Muchos nos contaron que el Frente 33 tiene lo que describen como “campamentos de resocialización”, donde las personas que consideran que han infringido sus normas (por ejemplo, consumiendo drogas o apoyando al Ejército) son obligadas a realizar trabajos forzados.

Un hombre de 35 años dijo a Human Rights Watch que, el 8 de diciembre de 2024, miembros del Frente 33 lo sacaron de su casa y lo llevaron a lo que describió como un “campamentos de resocialización”. Fue llevado allí para “ser investigado” por publicar en WhatsApp un video de un helicóptero del Ejército colombiano, lo que según los miembros del Frente 33 era una prueba de que cooperaba con los militares.

A él y a otras 27 personas, según nos contó, las obligaban a trabajar cortando caña de azúcar todos los días de 4 a.m. a 6:30 p.m.: “Una vez, un combatiente [del Frente 33] mató a una pareja que estaba discutiendo... Los mataron delante de todos y nos hicieron enterrarlos”.

También nos describió la violencia sexual contra las mujeres y las niñas ejercida por los comandantes del grupo armado. “Las ‘favoritas’ tenían ciertos ‘lujos’, como dormir en una cama”, nos dijo. Funcionarios públicos señalaron a Human Rights Watch que habían recibido reportes similares de casos de violencia sexual.

Los habitantes del Catatumbo sufren altos niveles de pobreza (3,4 veces por encima del promedio nacional) y cuentan con infraestructuras deficientes, incluyendo acceso limitado a carreteras, escuelas y hospitales. Para ganar influencia o control sobre las organizaciones locales, el Frente 33 ha financiado la reparación de puentes, centros de salud y colegios y ha repartido regalos de Navidad a los niños. A menudo, estos proyectos se han llevado a cabo junto con las Juntas de Acción Comunal, lo que ha expuesto a los civiles a un mayor riesgo de represalias por parte del ELN.

Los grupos armados también convocan a los líderes comunitarios y a otras personas a reuniones en las que anuncian normas para sus comunidades. Un líder comunitario de Tibú nos dijo que “todos los líderes deben asistir a las reuniones; de lo contrario, [recibimos] amenazas de muerte”.

El 17 de enero, hombres armados asesinaron a Pedro María Ropero, un líder del corregimiento de Campo Seis, en Tibú. Un testigo dijo que Ropero se había opuesto a la creación de una nueva Junta de Acción Comunal en su corregimiento, que estaba siendo impulsada por el Frente 33.

Respuesta del gobierno

Falta de prevención y estrategia de “paz total”

En noviembre, la Defensoría del Pueblo advirtió de “tensiones” entre el ELN y el Frente 33 y dijo que existía una “probabilidad” de que se produjeran combates entre ambos grupos, lo que podría causar una “crisis” con “altos costos humanitarios”. Las autoridades locales y miembros de organizaciones humanitarias y de derechos humanos dijeron a Human Rights Watch que, meses antes de la alerta de la Defensoría, ya había indicios de que podían surgir esos enfrentamientos. Estos indicios incluyeron el aumento de las restricciones por parte de los grupos armados, el incremento de los puestos de control en las carreteras y el desplazamiento de miembros del ELN desde otras partes del país hacia el Catatumbo.

Desde que el presidente Gustavo Petro asumió el cargo en agosto de 2022, su administración ha buscado negociaciones con los grupos armados y del crimen organizado en el país, como parte de su estrategia de “paz total”. En 2022, el gobierno inició negociaciones con el ELN, pero las suspendió en febrero de 2025 tras el aumento de la violencia en el Catatumbo.

En octubre de 2023, el gobierno inició negociaciones con el Frente 33, como parte de una coalición de grupos disidentes de las FARC conocida entonces como “Estado Mayor Central”. El grupo se dividió en marzo de 2024 y solo una parte (el “Estado Mayor de los Bloques y el Frente”, que incluye el Frente 33) ha continuado las negociaciones. El gobierno y el Estado Mayor acordaron un cese al fuego, desde mediados de julio de 2024 hasta mediados de abril de 2025. El Frente 33 utilizó el cese al fuego para reclutar nuevos miembros y ampliar su control social sobre las comunidades, según nos contaron organizaciones de derechos humanos y trabajadores humanitarios.

El gobierno y el Estado Mayor también acordaron proyectos de desarrollo local que implementarían las Juntas de Acción Comunal mientras continuaban las negociaciones. Según documentos relacionados con las conversaciones de paz, a los que Human Rights Watch tuvo acceso, los proyectos incluían el establecimiento de campos de cultivo de arroz y la protección de humedales. Una autoridad local dijo que el ELN estaba “molesto” con el anuncio de los proyectos de desarrollo. Algunos civiles que ayudaron a crear estos proyectos se vieron obligados a salir del territorio debido a la violencia de enero, nos dijo un funcionario del gobierno que trabaja en las negociaciones de paz con el Frente 33.

Respuesta humanitaria

Según la Ley de Víctimas de Colombia, los gobiernos municipales deben proporcionar a las víctimas de abusos relacionados con el conflicto, incluyendo de desplazamiento forzado, asistencia humanitaria inmediata como alimentos, alojamiento temporal y transporte de emergencia. Cuando las autoridades municipales o departamentales no puedan hacer frente a la situación, el gobierno nacional está obligado a brindar la asistencia.

Los gobiernos municipales de Cúcuta y Ocaña, así como el departamental de Norte de Santander, han tomado medidas para ayudar a los desplazados, en gran medida gracias al apoyo de organizaciones humanitarias. Ocaña abrió albergues para 1.700 personas, Cúcuta ha brindado alimentos, cubrió los gastos de alojamiento de los desplazados en hoteles y habilitó un albergue con vigilancia policial para las personas con mayor vulnerabilidad y Norte de Santander destinó un colegio para niños desplazados.

A pesar de estas ayudas, muchos desplazados dijeron a Human Rights Watch que temían represalias del ELN en los hoteles y en el estadio de fútbol donde la gente recoge los paquetes de comida de ayuda humanitaria. La Defensoría del Pueblo ha documentado la presencia de combatientes del ELN en Cúcuta. Según trabajadores humanitarios, en los hoteles se han registrado personas diferentes a los desplazados

Muchos desplazados, tanto en hoteles como en casas de conocidos, describieron condiciones de hacinamiento. Los trabajadores humanitarios afirmaron que estas condiciones exponían a las mujeres y niñas a violencia de género, acoso y abusos sexuales por parte de sus familiares y otros desplazados.

Trabajadores humanitarios y autoridades locales también nos dijeron que muchos desplazados han sufrido graves impactos psicológicos y que algunos intentaron suicidarse. Debido a estas condiciones, algunos desplazados nos contaron que estaban considerando la posibilidad de regresar al Catatumbo, a pesar de los graves riesgos. “Da miedo volver porque no sabes por qué te buscan, ni por qué razón”, nos explicó una mujer desplazada que abandonó su hogar en Tibú con su hijo de 3 años.

Algunas de las limitaciones de la respuesta humanitaria parecen deberse a que el gobierno no previó adecuadamente una crisis de esta magnitud. Cúcuta tenía un plan de contingencia, pero solo contemplaba 1.000 desplazados.

Planes de desarrollo local y de sustitución de coca

Las autoridades han dado pasos lentos para solucionar la prolongada falta de presencia estatal y de acceso a los servicios básicos en el Catatumbo.

En ocho municipios del Catatumbo, el gobierno nacional se comprometió a implementar un Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de 10 años, en el marco del acuerdo de paz de 2016 con las FARC. Ocho años después, el gobierno ha financiado aproximadamente un tercio de la inversión inicial anunciada para el Catatumbo.

El gobierno del presidente Petro ha anunciado una nueva serie de proyectos de desarrollo, en el marco de lo que denomina el Pacto Social del Catatumbo. Asimismo, desde que estalló la crisis en enero, el gobierno ha anunciado proyectos con una financiación de más de $640 millones de dólares. Este presupuesto está pendiente de una revisión de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del “estado de conmoción interior”.

La Agencia de Desarrollo Rural ha comprado alimentos cosechados por campesinos locales y los ha utilizado como ayuda humanitaria para los desplazados. Además, el 13 de febrero, el gobierno anunció que, en un esfuerzo por limitar la producción de drogas en el Catatumbo, proporcionaría dinero y asistencia para desarrollar cultivos como el café o el cacaoa los campesinos que se comprometieran a sustituir sus cultivos de coca por cultivos de alimentos u otras fuentes legales de ingresos.

Múltiples estudios sobre el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) han demostrado que, debido a la falta de coordinación institucional y planes más amplios para ayudar a la población a obtener un mejor acceso a los mercados de alimentos, el programa creó incentivos para que la población cultive más coca para luego recibir los pagos, lo cual puede desencadenar en más violencia.

Recomendaciones

Al gobierno del presidente Gustavo Petro:

• Diseñar e implementar una política de seguridad y justicia eficaz y respetuosa con los derechos para proteger a la población del Catatumbo de los grupos armados.
• Garantizar que cualquier acuerdo de cese al fuego incluya salvaguardias concretas y adecuadas para proteger a los civiles.
• Abstenerse de implementar planes de desarrollo rural con la participación de grupos armados que puedan poner en peligro a la población civil.
• Tomar medidas para proteger a las personas desplazadas y garantizar que cualquier retorno al Catatumbo sea voluntario, digno y seguro.
• Desarrollar un plan de intervención integral para el Catatumbo, dirigido a implementar planes de desarrollo alineados con las necesidades de las comunidades, como las identificadas durante el establecimiento de los PDET. La intervención debe mantenerse más allá de esta crisis y debe evitar repetir errores de iniciativas de desarrollo alternativo pasadas, tales como los contraproducentes pagos en efectivo para la sustitución de cultivos de coca.
• Adoptar e implementar un plan integral que garantice que los líderes y defensores de derechos humanos del Catatumbo, incluyendo los líderes de las Juntas de Acción Comunal, puedan ejercer sus funciones y estén protegidos de amenazas y abusos, tal y como ha ordenado la Corte Constitucional.
• Reforzar los mecanismos de prevención y respuesta rápida a las violaciones de derechos. Garantizar que el gobierno dé una respuesta rápida, sólida y coordinada a las “alertas tempranas” emitidas por la Defensoría del Pueblo.
• Garantizar que los niños, incluyendo los desplazados, estén protegidos contra el reclutamiento por parte de grupos armados o contra su utilización en conflictos armados. Garantizar el acceso de los menores a la educación, así como la seguridad de los profesores.
• Reforzar los esfuerzos para proporcionar apoyo en salud mental a los desplazados y otras víctimas de la violencia en el Catatumbo.

A la Fiscalía General:

• Dar prioridad a la investigación de los abusos cometidos por los grupos armados en el Catatumbo, tanto antes como después del 16 de enero.
• Aumentar el número de fiscales e investigadores en el Catatumbo y tomar medidas para garantizar su protección.

A los gobiernos donantes y a las agencias humanitarias internacionales:

• Proporcionar un apoyo adecuado a las agencias y organizaciones humanitarias en el Catatumbo para garantizar una asistencia suficiente a los miles de desplazados y en posibles desplazamientos futuros.