El proyecto de ley de justicia y paz que regulará las condiciones de la desmovilización de los grupos paramilitares será modificado para asegurar el desmonte total de sus estructuras militares y confesiones plenas de los delitos cometidos por sus cabecillas, informó ayer el Comisionado de Paz, Luis Camilo Restrepo.
Las modificaciones están siendo redactadas en el Congreso después que senadores demócratas de los Estados Unidos, las Naciones Unidas y dirigentes colombianos hicieron fuertes críticas a la proyectada legislación y pidieron no amparar la impunidad ni permitir que subsistan los aparatos militares y delictivos de los paramilitares desmovilizados.
"Nos preocupa que en algunos escritos nacionales e internacionales se diga que se les va a entregar beneficios (a los jefes paramilitares) sin que desmonten su estructura militar. Esto es un absurdo, no lo ha pensado el Gobierno", dijo Restrepo.
Seg=FAn la redacción actual, los jefes paramilitares apenas deben "convenir" con el Gobierno colombiano la disolución de su aparato militar.
"El requisito principal para recibir beneficios es el desmonte de la estructura. No hay ning=FAn problema que se aclare el inciso del articulo 10 (de la ley) para que se diga que se debe haber desmantelado y desmovilizado el grupo", agregó.
La principal crítica formulada a la legislación aquí y en el exterior es que a pesar de que más de 4.500 paramilitares se han desmovilizado en los =FAltimos 19 meses, su estructura militar se mantiene, controla algunas zonas y barrios de grandes ciudades como Medellín, cobra extorsiones e impone su ley.
"No podemos pagar un costo tan alto por un problema de redacción", dijo el Comisionado Restrepo, al señalar que en la ley debe quedar en claro que los grupos desmovilizados deben desaparecer definitivamente y no pueden transformarse en otras agrupaciones criminales.
Otra crítica a la legislación que se tramita en el Congreso es que los jefes paramilitares podrían evadir las sanciones de la justicia, omitiendo la confesión de delitos atroces.
"Nos preocupa mucho que se hable de que no hay confesión plena. Delitos no confesados no reciben beneficios. Para que quede más claro se debe colocar un inciso, que diga que si deliberada o intencionalmente se omite información o se interfiere con la justicia, eso implica que no se recibe el beneficio", dijo el Comisionado de Paz.
"Para nosotros eso está claro e implícito en la ley y en el Código Penal. No se puede perdonar un hecho que no se ha confesado", agregó Restrepo.
Sin embargo, dijo que en el Congreso ya se está trabajando para hacer una redacción más clara para que no quede duda de que los jefes paramilitares no se podrán burlar de la justicia, confesando delitos menos graves para acogerse a una pena mínima que en la legislación proyectada es de cuatro años de prisión.
Una tercera modificación a la legislación se introducirá para duplicar los términos de 30 días para que la Fiscalía haga la acusación y cinco días para que el juez dicte sentencia sobre los delitos que confiesen los jefes paramilitares.
"Si es necesario, para tranquilidad internacional y nacional, no hay problema en que se amplíen estos términos", explicó Restrepo.
El Comisionado dijo que estos cambios corresponden al concepto de que "la democracia hay que entenderla como un diálogo p=FAblico a los cuales hay que estar atento" y en tal sentido se han acogido las recomendaciones de sectores del exterior y grupos de la oposición política en Colombia.