Colombia

Colombia: Foro Ciudadano "Verdad, justicia y reparación": Conclusiones y recomendaciones

Autor: Corporación Compromiso Solución pacífica de conflictos y Paz

Estado, Política y Sociedad civil

Organizado por la Corporación para el Desarrollo del Oriente "Compromiso" y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz "Indepaz", el foro se realizó en Bucaramanga, destinado al análisis y reflexión sobre el proceso de desmovilización con los grupos paramilitares y los proyectos de ley para la desmovilización de grupos armados ilegales.

El foro contó con panelistas de Pastoral social de Bucaramanga, Comité de Derechos Humanos Joel Sierra de Arauca, de organizaciones de población víctima del desplazamiento forzado, de la Oficina de paz y derechos humanos de la Gobernación de Santander, Indepaz, Iniciativa de Mujeres por la Paz, Ruta pacífica de las mujeres, Corporación Compromiso, Sociedad de agricultores de Santander, Mesa de Incidencia política, Arco iris, la Universidad Santo Tomás, y de los y las participantes en el evento, aportando diversas recomendaciones y propuestas que se recogen en este documento y serán entregadas a las Comisiones primera de Cámara y Senado, a la Asamblea departamental y Concejos Municipales, a organizaciones nacionales que realizan el seguimiento al debate del Congreso de la Rep=FAblica, a organizaciones sociales, comunitarias regionales y medios de comunicación.

1. Se señala con preocupación la creciente degradación que caracteriza al conflicto armado en Colombia y en la cual incurren los diferentes actores armados afectando principalmente a la población civil.

Prácticas como el minado de campos y caminos; el reclutamiento de niños y niñas; las violaciones y delitos sexuales contra las mujeres; el desplazamiento de población; las restricciones a la movilización de mercados, medicinas y de población rural; las masacres y asesinatos de hombres, mujeres e incluso niños y niñas, de indígenas y afrodescendientes; los ataques a la misión médica y personal sanitario; las amenazas y asesinatos de maestras; el cobro de dineros para respetar la vida o bienes; la retención, secuestro y desaparición forzada de personas; el cobro de cuotas de protección de cultivos de coca, de laboratorios o del transporte de insumos químicos y coca; la sustracción de gasolina y su comercialización; la voladura de oleoductos, puentes y torres de energía eléctrica y de comunicaciones, en que incurren frecuentemente los actores armados y que son clara violación de las normas del derecho internacional humanitario.

Estos hechos debilitan el carácter político del accionar que pretenden reivindicar los grupos armados, haciendo más compleja la situación en tanto algunas de ellas pueden considerarse delitos atroces y crímenes de lesa humanidad y en consecuencia, dificultan a=FAn más la construcción de un marco jurídico para la reincorporación de grupos armados.

2. En el actual proceso con grupos de paramilitares no hay una real desmovilización. Miles de hombres siguen en armas, quienes se desmovilizan siguen bajo la jerarquía de Santafé de Ralito, sus estructuras están intactas y más grave a=FAn, a pesar del cese de hostilidades contin=FAan amenazando, asesinando selectivamente, realizan masacres, desplazan a población civil, contin=FAan controlando territorios y poblaciones, etc.

No se avanza respecto de identificar y capturar a personas, organizaciones y funcionarios que han dado apoyo logístico, infraestructura, financiación, información y apoyo político, es decir, el paramilitarismo no se ha desmontado y podrían reorganizarse fácilmente las estructuras militares desmovilizadas.

Reconociendo los avances de la desmovilización de hombres armados no se tiene claridad sobre competencias de los entes institucionales y territoriales, los entes municipales y departamentales no participan de la decisión sobre las zonas de reinserción y sí tienen la responsabilidad de la implementación de las políticas de reinserción de los desmovilizados con programas de salud, educación y generación de ingresos los cuales son insuficientes frente a las demandas y perspectivas del proceso.

3. El Foro recomienda al gobierno nacional exigir el cese de hostilidades de los paramilitares en todo el país y establecer zonas de concentración, critica la debilidad de la veeduría que realiza la OEA para hacer el seguimiento al cumplimiento del cese al fuego y de los compromisos adoptados, y recomienda reforzar la comisión veedora de la OEA con la participación de otros entes internacionales y nacionales.

4. Se considera necesario garantizar el derecho inalienable a la verdad que tiene tanto la sociedad como las víctimas del conflicto armado y la responsabilidad del Estado en su realización.

Para garantizar el derecho a la verdad, es necesario esclarecer los hechos, circunstancias, razones y consecuencias alrededor de delitos atroces y crímenes de lesa humanidad, precisando responsabilidades tanto individuales como colectivas; implica el rescate de la memoria, no busca la retaliación y tiene como propósito garantizar la no-repetición de la barbarie.

Es también necesario esclarecer la verdad sobre las redes de apoyo político, logístico, financiero, sobre las formas de control en los negocios del chance, de las ARS, el contrabando y robo de gasolina, cultivo, procesamiento y tráfico de cocaína y otras actividades económicas utilizadas

para su financiación, igualmente la información sobre funcionarios que han apoyado el desarrollo del paramilitarismo, son condiciones necesarias para avanzar en el desmonte real de las estructuras paramilitares.

Se recomienda establecer en la ley la obligación de la confesión, como condición para el acceso a beneficios de indultos y reducción de penas, y la pérdida de beneficios en caso de responsabilidades por hechos y situaciones que no hayan sido confesadas voluntariamente.

Se apoya la conformación de una comisión de verdad que se encargue de esclarecer la verdad sobre el paramilitarismo en nuestro país y se recomienda la participación de las víctimas y de organizaciones de la sociedad civil para presentar denuncias y testimonios de casos ante la comisión de verdad.

Las organizaciones participantes en el foro ciudadano se comprometieron a promover la organización de víctimas y familiares, de promover la documentación de casos, delitos atroces y crímenes de lesa humanidad a fin de apoyar el trabajo de la comisión de esclarecimiento de la verdad.

Las organizaciones participantes en el foro plantearon la necesidad de documentar los casos y situaciones tomando en consideración una perspectiva de género, generación y etnia para el análisis diferenciado de las consecuencias y maneras cómo el conflicto armado afecta a mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos, indígenas y afrodescendientes.

5. Se considera que el proceso de reincorporación de grupos armados tiene que darse en un marco de justicia y de lucha contra la impunidad, especialmente, respecto de delitos atroces y crímenes de lesa humanidad. En ese sentido es deber del estado garantizar el derecho a la justicia, realizando los procesos de investigación y juzgamiento de los autores de dichos crímenes, al tiempo que es derecho de las víctimas participar y aportar testimonios y pruebas.

Es necesario investigar los delitos atroces y de lesa humanidad, las violaciones de DH y del DIH y adoptar medidas apropiadas para que las personas responsables (autores materiales e intelectuales) sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, tanto de responsabilidad penal, como civil, administrativa o disciplinaria, evitando la impunidad y garantizando el derecho a la justicia. Lo anterior no impide establecer beneficios como indultos y reducción de penas, tomando en consideración la confesión y colaboración para el esclarecimiento de la verdad, especialmente en relación con las redes del paramilitarismo.

Es necesaria la devolución de bienes y propiedades apropiadas ilícitamente para su restitución a sus legítimos (as) propietarios (as), y adelantar procesos de extinción de dominio de bienes adquiridos ilícitamente por los paramilitares para ingresarlos a un fondo de reparación de víctimas.

En el propósito de garantizar la verdad y la no-repetición de los hechos de violencia y atrocidad vivido, es necesario hacer p=FAblicas las conclusiones de las investigaciones de las autoridades judiciales y de la comisión de la Verdad que se conforme para el reconocimiento p=FAblico de los responsables de estos delitos y crímenes, al igual que, los funcionarios que han colaborado con el paramilitarismo, estableciendo penas e inhabilidades para el desempeño de cargos p=FAblicos.

6. El proceso de reparación DEBE involucrar a las víctimas, victimarios, al estado y la sociedad, para lograr del estado, mediante acciones eficaces, la restitución, rehabilitación, indemnización de las víctimas y la garantía de no-repetición de los hechos que condujeron a la violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Se recomienda establecer medidas de reparación general y medidas de carácter simbólico como: Reconocimiento p=FAblico por parte del Estado de su responsabilidad; Declaraciones oficiales de restablecimiento de la dignidad de las víctimas; Actos conmemorativos, monumentos, con los nombres de víctimas; Narración en los libros de historia y de formación en derechos humanos, de las violaciones de excepcional gravedad y barbarie perpetradas a fin de establecer en la sociedad una voluntad y decisión de colectiva de rechazo y no-repetición de estos hechos.

Se recomienda que las reparaciones sean de carácter individual y colectivo, además del aspecto material, contemplen reparaciones psicológicas, ambientales, de territorio, étnicas-culturales y desde una perspectiva de género, especialmente en relación con las víctimas afectadas por la violación sexual. Es necesario el reconocimiento los efectos psicológicos de la guerra (miedo, angustia, sentido de persecución, etc.) cuyos tratamientos deben incluirse en el Sistema de Seguridad Social.

Se recomienda que para el ejercicio del derecho a la reparación, no aplique la prescripción cuando por motivos legales quien tuviere derecho no los hubiere reclamado durante el proceso.

Se recomienda al Congreso de la Rep=FAblica reconocer en el texto de la ley, que el desplazamiento forzado es consecuencia de las acciones de la guerra y por tanto, las personas víctimas del mismo son sujeto de reparación y de restablecimiento de bienes, propiedades y cultivos que les fueron arrebatados por actores armados.

7. Se recomienda que en la b=FAsqueda de garantías para la no-repetición de los delitos atroces y crímenes de lesa humanidad el gobierno adopte e implemente medidas efectivas encaminadas a desmantelar los grupos y redes del paramilitarismo, a derogar disposiciones legales que hayan favorecido la implementación de estos grupos y las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Igualmente se insiste en la necesidad de establecer medidas administrativas, penales e inhabilidades para el desempeño de cargos p=FAblicos, a funcionarios (as) del estado implicados en las violaciones de DDHH, del DIH y de apoyo a los paramilitares.

8. De otro lado, el Foro analizó propuestas de fortalecimiento del movimiento social de paz y de estímulo a la participación de la sociedad civil en la discusión del marco jurídico para la reincorporación de grupos armados proponiéndose:

a. Promover la organización de las víctimas y su participación en la discusión de los procesos de verdad, justicia y reparación.

b. Promover la conformación de una mesa de trabajo, con participación de Ong, organizaciones de víctimas, organizaciones de mujeres, jóvenes, sectores sociales, academia, gremios económicos, iglesias, partidos políticos, que realice el seguimiento del proceso de desmovilización, a la implementación de la ley de reincorporación y anime el debate p=FAblico alrededor de una política p=FAblica de paz y convivencia.

c. Promover una reunión de las iniciativas de paz de Santander y la región nororiental, para avanzar hacia una agenda com=FAn y la realización de acciones conjuntas alrededor del seguimiento a la desmovilización y al proceso de verdad, justicia y paz, la organización de la semana por la paz y de acciones de carácter simbólico y cultural en contra de la guerra, de las violencias, a favor de la paz y en demanda de respeto a las normas del DIH.