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Contexto e intervenciones
En Colombia, pese a la firma del Acuerdo de Paz en 2016, 6.8 millones de personas desplazadas por el conflicto armado aún requieren asistencia y reparación.1 El desplazamiento forzado implica múltiples vulneraciones a los derechos humanos, incluida la pérdida de viviendas, tierras, propiedades, medios de vida, redes de protección comunitaria, entre otras. Una gran parte de la población desplazada se encuentra en asentamientos humanos informales, en condiciones precarias, con pocas posibilidades de obtener la garantía de su derecho a la tierra, a la vivienda digna y a servicios básicos (agua, electricidad, alcantarillado, vías de acceso, transporte, salud y educación). Esta situación limita seriamente que la población desplazada pueda superar su condición de vulnerabilidad y avanzar hacia soluciones duraderas.
Por lo anterior, ACNUR busca el impulso y desarrollo de soluciones al desplazamiento que generalmente pueden tomar la forma de retorno, reubicación, restitución de tierras e integración local.3 Se trabaja a través de iniciativas que promuevan la legalización de asentamientos informales, la constitución, la ampliación y el saneamiento de resguardos, aportando a una solución para los problemas relacionados con la informalidad de la tierra.
Es así como ACNUR comenzó a trabajar desde 2011 en la legalización de asentamientos informales, aportando rutas prácticas para resolver los problemas de acceso a tierras, a través del proyecto Soluciones Prácticas en Tierra y Vivienda, el cual promueve la garantía del derecho a la vivienda digna de la población desplazada y colombiana retornada, así como de las comunidades de acogida, con un enfoque diferencial de edad, género y étnico.