GINEBRA - Alarmados por la dramática escalada desde el principio del año del conflicto armado en la región del Catatumbo en el Departamento de Norte de Santander, expertos y expertas de la ONU* han pedido hoy al Gobierno de Colombia que redoble sus esfuerzos para garantizar la protección de la población civil en todo el país y han urgido también a los grupos armados no estatales que pongan fin a sus agresiones contra la población civil.
“Colombia se enfrenta a un desplazamiento a una escala no vista en décadas”, dijeron los y las expertas.
“Esta crisis exige una respuesta urgente e integral del Estado para proteger a la población civil vulnerable, en particular a la población campesina, los Pueblos Indígenas, mujeres, niños y niñas, y las personas refugiadas y migrantes de origen venezolano.”
El 16 de enero de 2025, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó una ofensiva dirigida aparentemente contra miembros del Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). El conflicto armado entre los dos grupos ha desplazado a más de 56.000 personas. Otras 27.000 personas se encuentran confinadas por la inseguridad, incapaces de desplazarse en busca de protección, servicios básicos o para ganarse la vida.
“Además del desplazamiento forzado y el confinamiento, los grupos armados no estatales habrían sometido a la población civil de Norte de Santander, incluyendo aejecuciones extrajudiciales, actos equivalentes a desapariciones forzadas, violencia sexual y de género en particular contra mujeres y niñas, trata de personas y reclutamiento de niños y niñas”, dijeron los y las expertas.
“Estos actos representan graves violaciones del derecho internacional, que deben investigarse y cuyos responsables deben rendir cuentas.”
Los y las expertas señalaron que el conflicto ha afectado de forma desproporcionada a grupos que ya se encontraban en situaciones de vulnerabilidad.
“La población civil del Catatumbo ha sido doblemente victimizada”, dijeron. “En primer lugar, la limitada presencia del Estado ha permitido el florecimiento de grupos armados no estatales. Luego durante la más reciente oleada de violencia, estos grupos armados han tenido como objetivo a los campesinos y campesinas, Pueblos Indígenas, migrantes y personas refugiadas, junto con defensores y defensoras de los derechos humanos, personal docente, líderes sociales, y excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz.”
Aunque los y las expertas reconocieron avances en la respuesta humanitaria del Gobierno, llamaron a redoblar los esfuerzos para brindar protección y asistencia equitativas y garantizar una solución a largo plazo del conflicto.
“Tomamos nota de la decisión del Gobierno de declarar un estado de emergencia y aplicar medidas extraordinarias para garantizar la entrega de ayuda humanitaria”, dijeron.
“No obstante, instamos al Gobierno a respetar los estándares internacionales de derechos humanos y derecho humanitario aplicables a los estados de excepción. Instamos también a garantizar que todas las poblaciones desplazadas y confinadas, independientemente de su ubicación y nacionalidad, reciban protección y asistencia adecuadas y adaptadas para abordar eficazmente las necesidades de las mujeres, las niñas, las personas de edad, las personas con discapacidad, los Pueblos Indígenas, la población campesina, y la población migrante y refugiada. El Gobierno debe también asegurar que los defensores y defensoras de los derechos humanos puedan seguir llevando a cabo sus actividades legítimas, y que los Pueblos Indígenas y la población campesina, quienes en su mayoría sólo tienen derechos informales a la tierra, estén protegidos contra el despojo de tierras durante su desplazamiento.”
“Además, hacemos un llamado urgente al ELN y al Frente 33 para que depongan las armas, cesen las violaciones al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y prioricen el diálogo, y al Gobierno para que priorice la protección de los civiles tanto en sus negociaciones con los grupos armados no estatales como al garantizar la presencia efectiva del Estado en toda Colombia.”
Los expertos y las expertas están en contacto con Colombia, el ELN y el Frente 33 sobre sus preocupaciones.
*Las y los expertos: Paula Gaviria Betancur, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre los defensores de derechos humanos; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Gehad Madi, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Gabriella Citroni (Presidenta-Relatora), Grażyna Baranowska (Vicepresidenta); Aua Baldé, Ana-Lorena Delgadillo Pérez y Mohammed Al-Obaidi, Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias; Farida Shaheed, Relatora Especial sobre el derecho a la educación; Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada; Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y niñas, Geneviève Savigny (Chair-Rapporteur), Carlos Duarte, Uche Ewelukwa, Shalmali Guttal, Davit Hakobyan, Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales; Laura Nyirinkindi (Chair), Claudia Flores (Vice-Chair), Dorothy Estrada Tanck, Ivana Krstić, and Haina Lu, Grupo de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas; Tomoya Obokata, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; Claudia Mahler, Experta Independiente sobre el disfrute de todo los derechos humanos por las personas de edad; Siobhán Mullaly, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres niñas, y niños.
Las personas relatores especiales/expertos/as independientes/grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidas la OACNUDH y las Naciones Unidas. Cualquier punto de vista u opinión presentados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU o de la OACNUDH.
Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluidos los procedimientos especiales, los órganos de tratados y el Examen Periódico Universal, pueden consultarse en el Índice Universal de los Derechos Humanos https://uhri.ohchr.org/en/.
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