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Colombia: Exigen derogar directiva que reglamenta recompensas a Fuerza Pública

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Medellín, nov. 7 (IPC) - En Antioquia, uno de los departamentos más golpeados en el país por la práctica de ejecuciones extrajudiciales con responsabilidad de agentes del Estado, se ha comenzado a exigir que sea derogada la Directiva Ministerial N. 029 de noviembre de 2005, que incentiva económicamente las acciones militares contra la guerrilla y que, al parecer, está motivando este tipo de delitos atroces contra la población civil para mostrar resultados y cobrar las recompensas.

"La lucha por la derogatoria de la Directiva Ministerial N. 029 es una prioridad nacional", sentenció Jorge Mejía, ex Secretario de Antioquia y asesor de la Alcaldía de Medellín durante la presentación del informe Ejecuciones extrajudiciales: una realidad inocultable, realizada en la sede de Museo de Antioquia este jueves 6 de noviembre y convocada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y algunas de sus organizaciones antioqueñas que la integran, entre ellas la Corporación Jurídica Libertad, la Escuela Nacional Sindical y el Instituto Popular de Capacitación.

Para sustentar su llamado nacional, Mejía contrastó cifras de ejecuciones extrajudiciales que dejarían en evidencia el impacto que ha tenido la Directiva Ministerial N. 029 del 17 de noviembre de 2005, expedida por el Ministerio de Defensa y refrendada por Camilo Ospina, ministro de Defensa de la época y hoy embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la cual se reglamenta el pago de recompensas.

"Encuentro una relación directa entre la Directiva Ministerial y el incremento de las ejecuciones extrajudiciales, por lo menos en Antioquia: en el año 2002, se conocieron 7 denuncias; en el 2003, 21; en el 2004, 47; en el 2005, 73; en el 2006, 122, y en el 2007, 245 denuncias. Eso me indica que sí hay una relación de estímulo por parte de la Directiva 029", explicó el ex Secretario de Gobierno de Antioquia y hoy asesor de la Alcaldía de Medellín.

Las constantes violaciones de derechos humanos evidenciadas en la Séptima División del Ejército, con sede en Medellín y con jurisdicción en los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba allí fueron de tal magnitud que el gobierno de Estados Unidos incluyó a esta División entre las guarniciones vetadas para recibir ayuda militar de este país. Cabe recordar que el nuevo comandante del Ejército, general Oscar González Peña, estuvo al frente de la IV Brigada, entre el 15 diciembre de 2003 y julio 16 de 2005, y como primer comandante de la Séptima División, donde estuvo entre el 16 agosto de 2005 y el 17 octubre de 2006.

Mejía no sólo advirtió de los perversos estímulos que se generan a partir del pago de recompensas que genera el documento ministerial, sino de algunas de las irregularidades que promueve, entre ellas resaltó algunos criterios de evaluación y control que, a su juicio, son excesivamente permisivos y carecen de rigurosidad, entre ellas que el comandante de la unidad militar avala las operaciones sin que adelante mayores investigaciones posteriores de cómo ocurrieron los hechos.

Liliana Uribe, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, se sumó a la petición del Asesor de la Alcaldía de Medellín y fue más allá, al llamar la atención sobre la vigencia del Decreto 1400 del 5 de mayo de 2006, que crea la Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional (Boina) destinada a miembros de la Fuerza P=FAblica y funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, "que participen en una operación de importancia nacional, la cual se otorgará por cada ocasión".

De acuerdo con el Decreto 1400, "se consideran de importancia nacional aquellas operaciones en las cuales se logre la captura de los cabecillas de los niveles I y II que se encuentran determinados en la Directiva expedida por el Ministro de Defensa Nacional". El documento también lleva la firma del embajador ante la OEA, Camilo Ospina.

Para la jurista, el cada vez más alto n=FAmero de víctimas de ejecuciones extrajudiciales con responsabilidad de agentes del Estado está indicando la falta de efectividad de las medidas que el Gobierno nacional ha adoptado a través de directivas ministeriales, "y lo =FAltimo que hemos visto, que es la destitución de los 27 militares, realmente nos está mostrando que esas medidas son insuficientes para contrarrestar esa problemática".

Las exigencias del ex Secretario de Gobierno Departamental y de la jurista Uribe se suman a la voz de otras personas de influencia nacional que han comenzado a cuestionar la política de recompensas y han solicitado su revisión, entre ellas la del Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, quien en días pasados se pregunto si "=BFno será que el afán por el positivo y las ansias por la recompensa están generando estos graves y oscuros sucesos?".

El debate está abierto y para atizar más su discusión, Jorge Mejía sugirió movilizarse a nivel nacional: "no nos ganamos nada los demócratas de este país con recordar el n=FAmero de casos, los responsables y las circunstancias en las que se dieron las ejecuciones extrajudiciales si no logramos mediante una movilización nacional la derogatoria de esta directiva ministerial", reiteró el ex Secretario de Gobierno de Antioquia.

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