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Colombia: Entre la desmovilización y la decepción - Los vaivenes de la reinserción

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En el municipio de El Cerrito (Valle), en su plaza principal hay una casa de apuestas controlada por Samir Hussein Abdulhamid, quien además administra la Corporación para el Desarrollo Comunitario La Fortaleza, una entidad que ha recibido contratos del Gobierno por $4.863 millones, para alojar reinsertados de la guerrilla y los paramilitares.

A dos horas por carretera hacia el norte se encuentra el parque industrial La Popa, en Dosquebradas (Risaralda), donde funciona Tolisabor, una antigua panadería hoy convertida en una sociedad familiar que además administra casas de reinsertados en Bogotá, Cali, Ibagué, Medellín y Barranquilla, que le han significado contratos por $3.453 millones.

Su propietario es Germán Rodríguez Molina, un tecnólogo en mecánica dental de origen tolimense, desde hace años especializado en suministrar alimentos a cárceles y hogares infantiles de Bienestar Familiar en Risaralda. En sus hombros, y en los de Hussein Abdulhamid, reposa buena parte de la política de reinserción del Gobierno Nacional.

Para acceder a copias de los contratos que suscribió el Ministerio de Defensa con Tolisabor, Fortaleza y otras seis sociedades, el Ministerio exigió la firma previa de un compromiso de confidencialidad, que impide hacer públicos los nombres de los contratistas, los funcionarios que los adjudicaron, la situación de los albergues y los nombres de las personas reinsertadas.

Semejante nivel de hermetismo, comparable apenas al de la compra de armas, corresponde a uno de los mayores secretos de la administración: nadie sabe en qué ni cómo se gastan los dineros de la reinserción y, de alguna manera, todos esperan que sean los propios grupos armados quienes resuelvan sus contradicciones internamente, con dineros del erario.

Un indescifrable lenguaje al que tampoco son ajenos los organismos de control, que apenas el año pasado realizaron un primer ejercicio de auditoría sobre $217.000 millones que, entre 1990 y 2002, destinaron sucesivos gobiernos para financiar la reinserción de siete grupos armados desmovilizados: M-19, Quintín Lame, Corriente de Renovación Socialista, Epl, Mir-Coar y Prt.

Para algunos analistas, semejante nivel de secretismo sólo es explicable por una verdad de a puño: ni hay tantos reinsertados como se pregona, ni hay una política distinta a la de repartir dinero y confiar en que los interlocutores en los procesos de desmovilización lo distribuyan entre sus compañeros, sin demasiadas olas entre la opinión pública.

Álvaro Pío es un reinsertado de la Corriente de Renovación Socialista y hoy hace parte de Asopropaz, una fundación que congrega a los reinsertados en torno a proyectos económicos colectivos. En su opinión, la falla enorme de los programas de reinserción es que terminaron concentrados en las pocas manos de sus más cercanos beneficiarios económicos.

A su vez, Rogelio Sánchez, un reinsertado del M-19, aseguró que nunca hubo política de reinserción, lo cual facilitó que algunos dirigentes de la organización se quedaran con casi todos los dineros y hubieran dejado a más de la mitad de los desmovilizados en la indigencia. Por eso la Contraloría pidió congelar el último desembolso de $5.000 millones.

Buena parte de los $217.000 millones de la reinserción se manejaron a través de convenios con organismos internacionales como el PNUD o la Secretaría del Convenio Andrés Bello. Un procedimiento censurado por la Procuraduría, por cuanto implicó darles un esquinazo a las normas de inhabilidades e incompatibilidades que regulan los contratos.

La política del actual Gobierno plantea un mecanismo similar: encargos fiduciarios con entidades financieras que se ocupan de asignar los contratos y programas previamente definidos por el Gobierno. "Pero una cosa es el manejo del dinero y otra la ausencia de una política de reinserción", observó el ex contralor delegado Dagoberto Quiroga.

"Y hasta hoy lo único que se ha visto es a ex guerrilleros comprados, como a los políticos tradicionales", agregó Quiroga. Una evidencia que, según otros analistas, se prueba en el hecho de que algunos reinsertados han participado como "guías" en acciones militares y ahora se anuncia que podrían ser usados en operaciones de vigilancia de las carreteras.

Por ejemplo, "Pedro", un desmovilizado que reside en un albergue al sur de la ciudad, contó cómo un funcionario del Ministerio de Defensa lo invitó a participar en una operación militar, en una zona en la que antes operaba como miembro de un bloque paramilitar. "Así me pidieron que demostrara mi lealtad al programa y facilitara mi certificación como desmovilizado", expresó.

Según la ley, corresponde al Comité Operativo para la Dejación de Armas, -CODA, integrado por representantes de los ministerios de Defensa e Interior, la Fiscalía, la Defensoría y el ICBF- certificar si el candidato pertenecía a una organización armada. Los nombres de los miembros del CODA son reservados y no se pudo contrastar la versión de "Pedro".

"Es un mundo turbio, complejo y cenagoso por la presencia de infiltrados de los servicios de inteligencia del Estado, y de los mismos grupos armados ilegales que pretenden conocer las fuentes de financiación de la organización o las identidades de quienes se han desincorporado", observó un abogado cercano a estos programas, quien admitió que por eso muchos resinsertados han regresado al monte".

Claro que también hay casos de respeto a los compromisos de paz, como el ex comandante guerrillero El Pecas, quien hoy vive de vender helados en Sincelejo, o algunos líderes de proyección nacional, como el representante Gustavo Petro, el rector de la Universidad del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo; el experto en Derechos Humanos Álvaro Villarraga o el personero de Cartagena, Fabio Castellanos.

Recursos dispersos

La política de reinserción se maneja desde los ministerios de Defensa e Interior y Justicia, y cuenta con el apoyo presupuestal del ICBF y de las alcaldías. Hay además varios rubros de presupuesto para financiar proyectos, como los provenientes del Fondo Colombiano para la Modernización y Desarrollo Tecnológico de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Fomipyme.

De acuerdo con la Contraloría, en el proceso iniciado en 1990 se detectaron muchas irregularidades, consistentes especialmente en entrega de anticipos de dinero sobre proyectos sin seguimiento. Además, se han otorgado varios créditos a una misma persona, mientras que otras no lo han obtenido. En algunos casos se han destinado dineros a personas ajenas al proceso de reinserción.

El 13 de agosto de 2003 la Contraloría trasladó a la Procuraduría diez "presuntos hallazgos disciplinarios" en la celebración de igual número de contratos con dineros asignados a la Dirección General para la Reinserción. Nueve de estos contratos tenían un valor cercano a los $700 millones. Cinco de estos procesos están en etapa de cobro coactivo, porque se lesionó el patrimonio.

Una preocupante realidad que, según un beneficiario de la reinserción, otrora guerrillero del Epl, tiene una explicación principal: "No hubo seguimiento específico de los proyectos empresariales. El dinero se gastó en apalancar un proyecto editorial que manejó la cúpula de la organización, pero hoy no tenemos ni revista ni libros ni empresas en las que participar".

En cuanto al M-19, hoy unos 300 ex combatientes están unidos bajo una sola consigna: veeduría para que de los $5.000 millones que se comprometió el Gobierno a entregar como punto final de su desmovilización, al menos $2.500 le correspondan a los 400 desmovilizados que no han recibido un peso de ayuda gubernamental. La Contraloría ha exigido garantías para una distribución equitativa.

En otros grupos hay situaciones pendientes. Por ejemplo, la Corriente de Renovación Socialista, ante evidencias de que $745 millones que se asignaron al Icetex para fomentar procesos educativos regresaron al tesoro porque no se presentaron propuestas, busca reactivar su caso. Al único que no se le escuchan quejas es al Quintín Lame, que recibió los dineros directamente para las comunidades a las que pertenecían.

Sin nuevo norte

En el actual proceso de desmovilización de los paramilitares, algunos hablan de $243.000 millones -fuentes cercanas al Gobierno dicen que son $60.000 millones-, que se concentrarán principalmente en desarrollo de cultivos de palma de aceite. Sin embargo, algunos desmovilizados sostienen que, en pocos casos, ya se han entregado auxilios hasta por $8 millones para iniciar empresas.

Hoy, a la espera de terminar su proceso de certificación como ex combatientes, la mayoría de reinsertados de este proceso de paz vive en albergues en Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, Villavicencio y Barranquilla, principalmente. Golpeados por la modorra y en condiciones de congrua subsistencia, mantienen su maltrecha fe en el proceso de paz que debe significarles el olvido total de sus historias de guerra.

Muy pocos de los que fueron combatientes rasos conocen la ley de justicia y paz que aprobó el Congreso. Simplemente confían ciegamente en sus jefes y cifran en el "papá Gobierno" sus perspectivas, que por ahora están representadas en un tubo de dentífrico y una bola de jabón que habitualmente reciben como anticipo de una comodidad efímera.

En la mayoría de casos, los modestos albergues están a cargo de personas sin experiencia, con una laxa disciplina que aprovechan los reinsertados. Por eso se ha visto que cuando alguien propone "un torcido", como intimidar a alguien, señalarlo para un secuestro o participar en algún delito, durante dos o tres días cumplen la misión y se hacen sancionar, pero regresan "a gorriar comida", como ellos mismos manifiestan.

Aunque el Ministerio de Defensa definió severos requisitos, en la práctica los albergues funcionan como hoteles de paso, que no preparan para enfrentar los retos de la civilidad. Ahora serán sustituidos por fincas decomisadas a los narcos, pero tampoco es claro cómo será la resinserción. Por eso, ante lo sucedido en el pasado y la amenaza de que se repitan los errores, queda una conclusión: en Colombia hay escuela para la guerra, pero aún no se toma en serio cómo sería un escenario de posconflicto.

Albergues y deasarraigos

En dos años el Ministerio de Defensa celebró unos quince contratos por $18.000 millones para atender a los desmovilizados del plan de paz del Gobierno con los paramilitares. Este año hay un presupuesto de $25.800 millones, de los cuales ya se han comprometido $8.820 millones. El valor del servicio tiene un promedio de $20.500 por día y por reinsertado. Voceros de D.H consideran "altamente injusto" que mientras los desplazados sólo reciben ayudas por menos de $1.000 al día, sus victimarios reciban un tratamiento privilegiado.

Aún así y pese a que reconocen vivir en buenas condiciones, los reinsertados paramilitares se quejan por alimentación regular y ausencia de una atención profesional que los oriente hacia la reinserción en la sociedad. "Dicen que de la montaña pasaremos a ser empresarios. Me suena más que nos quieren tratar como sapos antes que ser resinsertados", comentó uno de ellos.