Alejandro Angulo
Como habían denunciado las organizaciones
de derechos humanos desde hace más de tres años, el coqueteo con el paramilitarismo
es la forma más eficiente de arruinar la incipiente democracia colombiana.
De hecho lo ha sido hasta el día de hoy porque la política colombiana siempre
ha ido acompañada de más o menos fuerza no legítima, sobre todo en períodos
electorales. Pero ahora que los heliotropos de la política son los que
denuncian ese abuso que sus predecesores cometían, ojalá no obtengan la
misma respuesta agresiva que aquellas agremiaciones obtuvieron del gobierno.
Si logran el apoyo oficial para autodepurarse avanzaremos varias leguas
en la construcción de la democracia.
La dirigencia política admite con la máxima tardanza que contemporizó con el narcotráfico. Por esa razón Colombia está hoy narcotizada en su política, en su economía, en su sociología y en su imagen internacional. Parecería, pues, que se hubiera aprendido la lección y que hoy sí se va a mantener a raya el paramilitarismo, que logra en política (y en economía, ni más faltaba), lo que el narcotráfico en economía (y en política, desde luego). De hecho, la paramilitarización de la política colombiana es de vieja data, como lo muestra el período que con gran parsimonia llamamos "la Violencia de los 50". Y si se teje más fino se podría encontrar otro tanto desde la guerra de los mil días. Nuestra historia política ha ido siempre entreverada con el abuso de la fuerza armada ilegítima o combinada con la legítima. Con lo cual la política se ha vuelto cada vez más ambigua y ruin, y el oficio se ha ido desacreditando cada vez más, hasta provocar el clamor de algunos por una pronta y eficaz nacionalización del Estado colombiano.
Tienen razón los jefes políticos en señalar que el fenómeno de los 'paras' está siendo "más crítico que el de los carteles de la droga" puesto que éstos no consiguieron legitimar su negocio no santo y entrar de frente en la política, mientras que las autodenominadas autodefensas sí están apoderándose de la administración pública con el resultado de que "no tenemos ni siquiera las garantías elementales que se tienen en un sistema democrático".
Mientras las dirigencias políticas discuten sus horas de televisión y sus milímetros de prensa con el candidato presidente, el paramilitarismo anula las garantías de vida de muchísimos políticos en las regiones. Las masacres que emplearon para conquistar esos territorios están siendo reemplazadas por la intimidación para dominarlos. En esto consiste la mejora en la defensa de los derechos humanos de que se ufana el gobierno actual: ya los 'paras'no tienen que matar grupos de campesinos, porque llegaron a la etapa superior de su política que consiste en condicionar las elecciones amenazando jueces, alcaldes, gobernadores y corporaciones intermedias. Y en Barrancabermeja las amenazas se cumplen, como se está ya denunciando: el índice de homicidios está volviendo a subir.
El paramilitarismo de las épocas pasadas tenía objetivos económicos que mal que bien se consideraban aceptables, alegando, desde luego, que el fin justifica los medios. El actual por su radical vinculación con el narcotráfico y el restante comercio ilegal, no solamente debilita al Estado anulando la democracia, como antaño, sino que mina el espacio público incrementando la corrupción: medios ilegales para fines personales. Esta invasión del terreno de lo público por los intereses antisociales es el principio del fin, no sólo de la democracia sino de la dignidad humana.
alejandro.angulo@cinep.org.co