La dinámica reciente de la confrontación armada en el departamento de Caldas no se compara con la realidad de otros escenarios de disputa y control de los actores armados ilegales en el país. Sus altos índices de violencia, caracterizados principalmente por altas tasas de homicidio en diferentes rincones del departamento, por un importante registro de población desplazada, y por la presencia de víctimas del secuestro y de las minas antipersonales, hace indispensable un análisis sobre los factores locales que inciden en la situación de derechos humanos de sus habitantes.
El más reciente estudio del Observatorio de DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República, Dinámica reciente de la confrontación armada en Caldas, aborda la particularidad del fenómeno de la violencia en el departamento, analizando la presencia de actores armados y las problemáticas que se presentan en las diferentes zonas, analizando como el negocio del narcotráfico y la disputa por el control del poder local inciden en la ocurrencia de acciones violentas contra los mandatarios y líderes locales, las comunidades indígenas y la población en general.
La presencia de los grupos armados irregulares en Caldas, de acuerdo con el estudio del Observatorio, guarda una estrecha relación con la confrontación armada en los vecinos departamentos de Antioquia, Risaralda, Chocó, Tolima y Valle del Cauca. Entre ellos se encuentran algunos frentes de las FARC, el EPL y el ELN y estructuras de las Autodefensas del Magdalena Medio y del bloque Central Bolívar de las AUC. La presencia de la guerrilla no ha sido significativa en el departamento, mientras que el narcotráfico, las bandas criminales y los grupos de autodefensa se han constituido en factores determinantes en el desarrollo de la violencia local.
Muestra de ello es el comportamiento de las tasas de homicidio por cien mil habitantes. Tradicionalmente, afirma en su análisis el Observatorio de DDHH y DIH, las tasas en el departamento han sido muy elevadas, asociadas principalmente a la dinámica del narcotráfico en el occidente, norte y centro sur del departamento. La presencia de las Autodefensas del Magdalena Medio y del frente Cacique Pipintá de las AUC a partir del 2000, también incidió de manera significativa en los niveles de homicidios en los municipios de Samaná, Pensilvania y Riosucio.
Asegura el estudio que aunque Caldas no es uno de los departamentos más afectados del país en materia de desplazamiento forzado, "proporcionalmente al tamaño de su territorio ... ha salido de manera forzada un número importante de personas". 40.352 personas en ocho años, 15.526 sólo en 2004, se han visto obligadas a salir de sus municipios, muchas veces debido a las disputas entre los grupos de autodefensas y la guerrilla o como táctica para evitar las fumigaciones de los cultivos de uso ilícito. Dentro de los municipios más afectados se encuentran Samaná y Riosucio.
La dinámica del Oriente caldense
Al abordar la dinámica de la confrontación armada y la situación de derechos humanos por zonas, el estudio del Observatorio de Derechos Humanos hace un especial énfasis en el Oriente del departamento, al constituirse en la subregión con mayores tasas de homicidios, con los más altos índices de desplazamiento y la que más concentra víctimas por minas antipersonal.
Aunque desde la década de los 90 las autodefensas han hecho presencia en el Valle del Magdalena, situación que se refleja en las tasas de homicidio entre 1990 y 1994 registradas en municipios como La Dorada, a partir del 2000 en una nueva fase de disputa entre guerrillas y autodefensas por el control y expansión de los cultivos de coca las tasas se incrementan sustancialmente, en particular en las poblaciones de Samaná, Pensilvania, Manzares y Marulanda.
El negocio del narcotráfico en esta subregión, asegura el análisis del Observatorio de Derechos Humanos con base en los informes de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, ha sido de un tamaño importante durante los últimos años, estimándose tan solo en el municipio de Samaná en 2004 una producción de 12 mil millones de pesos al mes.
El uso de minas antipersonal y la concentración del fenómeno del desplazamiento son consecuencias directas de la confrontación armada y de la disputa por el control del negocio del narcotráfico en el oriente del departamento. El 68% de las víctimas por minas antipersonal de Caldas se encuentran en esta zona, y de las 83 víctimas registradas entre 2002 y mayo de 2006, 59 se encuentran en Samaná. Este municipio también es el más crítico de la zona y del departamento en materia de desplazamiento: según el Observatorio de DDHH "en el 2000 salieron de Samaná 131 personas, número que se multiplicó casi 18 veces para el año siguiente, cuando se registro un desplazamiento masivo de 2.031 personas". El número de expulsados de esta población alcanza en 2002 un total de 7.589 personas.
Norte: Incidencia en la política local
En el norte de Caldas, según el estudio, el frente Cacique Pipintá del bloque Central Bolívar de las AUC ha estructurado su presencia sobre la base de las redes de narcotraficantes. Asegura el Observatorio que alrededor de las autodefensas sobresalen las relaciones entre mafia y política, situación que se refleja en las acciones violentas realizadas por este grupo para ejercer su control sobre la política local, realizadas en muchas oportunidades en asociación con bandas de sicarios.
Los asesinatos perpetrados contra dirigentes políticos locales ilustra, según el Observatorio de Derechos Humanos y DIH, la incidencia de estructuras criminales y de las autodefensas en la política local. El estudio registra en este sentido como sectores de los partidos políticos tradicionales han sido "relevados" por la vía de la violencia, y cómo bandas de sicarios como "Los Chócolos" y los grupos de autodefensas han modificado el poder local en algunos municipios, principalmente Aguadas, hasta el punto de que " en los años recientes ha habido candidatos que no se han podido presentar a los debates electorales por no contar con el aval del frente "Cacique Pipintá" o de "Los Chocolos"".
Las comunidades indígenas
Una de los sectores más afectados por las disputas entre autodefensas y guerrilla son los comunidades indígenas embera chamí de San Lorenzo, Cañamomo, Lomoprieta, Escopetera Pirza y Nuestra Señora Candela de La Montaña, ubicadas en los municipios de Riosucio y Supía. Entre 2000 y 2003, según el estudio, los homicidios contra estas comunidades se incrementaron, afectando principalmente a sus autoridades tradicionales.
Las luchas indígenas por la defensa del territorio, por la reivindicación de su cultura, su defensa por el derecho a la supervivencia de sus comunidades y por su derecho a la participación en el escenario político local, convirtió a estas comunidades en blanco de las acciones de los actores armados ilegales, principalmente de grupos de autodefensa quiénes veían en sus dirigentes apoyos de las estructuras de la guerrilla. La escalada de homicidios contra los indígenas, asegura el estudio, motivó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitara en 2001 al Estado colombiano la adopción de medidas cautelares "para proteger la vida e integridad personal de 40 líderes pertenecientes a las comunidades embera chamí".
Además de la adopción de las medidas cautelares a favor de estas comunidades se han implementado acciones de coordinación interinstitucional, las cuales han permitido mejorar las condiciones de seguridad y el respeto de los derechos humanos de los indígenas que hacen presencia en esta zona del departamento de Caldas. Señala el documento del Observatorio de DDHH y DIH que la conformación del Comité Interinstitucional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en 2002, en el que participan representantes del movimiento indígena y de las autoridades departamentales y locales, "ayudó a disminuir la tensión, impulsando una mejor comunicación entre las autoridades civiles, militares y policiales, y entre los niveles local, departamental y nacional", al tiempo que se adoptaron medidas de prevención de violaciones a los derechos humanos contra estas comunidades.
Balance de seguridad regional
La Política de Seguridad Democrática en el departamento de Caldas ha arrojado resultados positivos: una significativa reducción del secuestro, reducción de la capacidad bélica de las FARC para efectuar atentados en las vías y a la infraestructura y una mayor presencia de la Fuerza Pública, incluido el pie de fuerza de la policía. Sin embargo, el estudio del Observatorio de DDHH advierte sobre el peso del negocio del narcotráfico en la dinámica local de la violencia y como algunas estructuras de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, desmovilizadas en febrero de 2006, siguen vigentes en algunas zonas planas del oriente del departamento, situación que podría afectar en el futuro inmediato la seguridad local y la situación de derechos humanos de sus habitantes.
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