Este documento fue elaborado por OCHA, con información suministrada por socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Chocó, y contrapartes locales.
SITUACIÓN GENERAL
Durante el 2023, se ha evidenciado el deterioro de la situación humanitaria de las comunidades afrodescendientes e indígenas Wounaan que habitan en la subregión del San Juan (municipios de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina y Litoral del San Juan), en el departamento de Chocó, donde al menos 28.000 personas han sido víctimas por desplazamientos masivos y confinamientos durante 15 eventos. Estas dinámicas de violencia por parte de dos Grupos Armados no Estatales (GANE) se deben a la disputa territorial entre un GANE1 con control hegemónico en la zona, y un GANE2 que ha buscado su expansión desde el norte del departamento (subregiones del Atrato y Urabá) hacia la subregión del San Juan ubicada al sur del departamento, con el fin de controlar las rutas fluviales, marítimas y terrestres de las economías ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, la minería ilegal y la siembra de cultivos de uso ilícito.
Cabe destacar que la violencia en el territorio también se ha traducido en acciones armadas como incursiones, enfrentamientos y combates; y en acciones de control social y ataques contra la población civil, incluyendo la toma de rehenes, amenazas individuales y colectivas, homicidios selectivos, restricciones a la movilidad, instalación de Minas Antipersonal (MAP), entre otros.
Las últimas emergencias reportadas en la subregión iniciaron el 4 de julio del 2023, tras las restricciones de movilidad establecidas por parte de un GANE a través de un paro armado, que generó el confinamiento de al menos 21.000 personas (54 comunidades y 4.200 familias aproximadamente)afrodescendientes e indígenas Wounaan, pertenecientes al Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN), Consejo Comunitario Mayor de Istmina y parte de Medio San Juan (COCOMIMSA) y el Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan (WOUNDEKO) ubicados en los municipios de Sipí, Medio San Juan, Litoral del San Juan e Istmina. Como consecuencia, la población ha afrontado la pérdida de medios de vida por las limitaciones para realizar actividades de pesca, caza y recolección de alimentos en cultivos de pan coger; se ha restringido la recolección de agua, el desarrollo de actividades culturales y económicas, el acceso a la salud, y se han suspendido las jornadas educativas para niños y niñas.
Durante el mismo mes, el 2 de julio, un GANE realizó una incursión armada en la comunidad de Chambacú (Sipí), retuvo a la población y ante el miedo de la comunidad, el 3 de julio inició el desplazamiento de al menos 78 personas (31 familias) hacia la comunidad de Negría (Istmina). Se reportaron enfrentamientos que dejaron a un menor de edad herido durante el cruce de disparos. Al mismo tiempo y por las mismas causas, más de 164 personas (61 familias) de la comunidad de Doidó (Istmina) se desplazaron masivamente hacia la comunidad de Noanamá (Medio San Juan). Las autoridades han reportado que algunas viviendas de las familias desplazadas han sido saqueadas y ocupadas (incluyendo sus enseres) por parte de un GANE. Esto último, genera altos riesgos de protección para la población que, además de ver afectado su derecho al goce del territorio, conlleva a la permanencia de la situación de desplazamiento de la población por lapsos indeterminados.
Ahora bien, en el municipio de Nóvita entre enero y julio más de 3.441 personas (1.012 familias) de 34 comunidades afrodescendientes sobre los ríos Tamaná, Cajón y Taparal se vieron confinadas en por lo menos 4 ocasiones; mientras que al menos 689 personas (273 familias) de 4 comunidades afrodescendientes y una comunidad indígena se desplazaron hacia la cabecera municipal como consecuencia de las amenazas, enfrentamientos, establecimiento de paros armados y/o restricciones de movilidad por parte de un GANE (ver Alertas 1 y 2 ). Es importante destacar que, las restricciones a la movilidad impuestas a la población generaron limitaciones para que las comunidades transitaran hacia sus lugares de trabajo en las zonas rurales, afectando directamente los medios de vida de la población. Frente a los eventos de desplazamiento, se conoce que las comunidades ya retornaron a sus territorios.
El 47 por ciento de las emergencias de la subregión se han registrado en el municipio de Sipí, siendo este uno de los municipios más afectados ante las dinámicas de violencia. Entre las emergencias humanitarias se destacan los 4 desplazamientos masivos reportados entre el 25 de mayo y el 3 de julio (menos de dos meses) en el municipio de Sipí, donde 1.303 personas (525 familias) afrodescendientes e indígenas tuvieron que desplazarse hacia otras comunidades cercanas y hacia las cabeceras municipales de Istmina, Sipí y Nóvita (Ver Alertas 1 y 2). Solo entre marzo y julio se registraron 3 confinamientos de 10 comunidades y de la población ubicada en la cabecera municipal de Sipí (Ver Alerta 1, Alerta 2).
En términos de desplazamientos masivos, durante el 2023 se reportaron 7 eventos que afectaron a más de 2.148 personas (856 familias) afrodescendientes e indígenas; de este total 3 continúan activos. Frente a los confinamientos, en el año se han reportado 8 eventos de confinamiento que afectaron a un aproximado total de 25.869 personas (6.645 familias). Preocupa que la magnitud y recurrencia de las emergencias no solo ha reducido las capacidades de respuesta locales, departamentales y del Equipo Local de Coordinación (ELC) de Chocó, sino que también ha representado la revictimización de comunidades étnicas en medio de la recurrencia de confinamientos y desplazamientos individuales y masivos, al entrar en ciclos de retornos sin las condiciones establecidas por la Ley 1448 (seguridad, dignidad y voluntariedad) por la permanencia de los GANE en los territorios; lo que lleva a la ocurrencia de nuevos desplazamientos masivos. Solo en el 2022, Sipí, Medio San Juan, Litoral del San Juan e Istmina registraron más de 30.856 víctimas por desplazamiento masivo y confinamiento, siendo esto el 36 por ciento del total de víctimas en el departamento de Chocó. Para el 2023 esta concentración de las emergencias en la subregión llegó al 60 por ciento.
Las afectaciones por las dinámicas de violencia se han extendido a la totalidad de la subregión de San Juan; situación que ha sido alertada por entidades como la Defensoría del Pueblo, a través de 6 Alertas Tempranas para 8 municipios3 de la subregión en donde advierte los riesgos de desplazamientos masivos, confinamiento, reclutamiento, uso y utilización, amenazas hacia la población civil y acciones armadas como enfrentamientos, incursiones y hostigamientos entre los GANE (Ver AT 020-23, AT 012-22, AT 029-21, AT 027-21, AT 024-21). También, preocupa que los cinco municipios de la subregión de San Juan son de sexta categoría, es decir, son municipios cuyas instituciones locales tienen una baja capacidad de autofinanciamiento y un alto nivel de dependencia fiscal del nivel nacional, lo cual ha resultado en un desbordamiento de capacidades para la atención de emergencias humanitarias en la inmediatez.
La continuidad de las emergencias, la presencia activa de los GANE en los territorios y las limitaciones técnicas y presupuestales de las administraciones municipales han generado retrasos en la activación de las rutas de atención, incluyendo las misiones de verificación a las zonas afectadas. Los riesgos de protección que plantea el contexto actual ante la disputa territorial podrían agravar la crisis humanitaria en al menos 8 municipios4 de la subregión del San Juan, al no implementarse medidas de prevención y protección para dar respuesta a la población que presenta necesidades sectoriales desde hace varios meses.
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