Este documento fue elaborado por OCHA, con información suministrada por Alcaldías Municipales, Gobernación de Nariño, Ministerio Público, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y socios del Equipo Local de Coordinación (ELC) Nariño.
SITUACIÓN GENERAL
Del 1 al 19 de marzo de 2024, más de 6.283 personas fueron desplazadas y 4.378 personas se vieron obligadas a confinarse en comunidades afrodescendientes y campesinas de los municipios Magüí, Roberto Payán, Olaya Herrera, Cumbitara, El Charco, Leiva, La Llanada, Samaniego, Policarpa y Santa Bárbara (consulte las tablas 1 y 2 en anexo). Esto fue resultado de enfrentamientos constantes entre Grupos Armados No Estatales (GANE) por el control territorial y actividades ilícitas. La población desplazada ha buscado refugio en hogares de familiares, amigos y alojamientos temporales municipales, lo que ha generado situaciones de hacinamiento.
La situación humanitaria es cada vez más compleja y se agrava con el tiempo. Se ha observado un aumento en las acciones armadas y los enfrentamientos entre los GANE persisten. Las comunidades carecen de información sobre las vías de asistencia disponibles, mientras que la capacidad de respuesta técnica y financiera de las instituciones y del Equipo Local de Coordinación de Nariño (ELC) se ha visto superada por los numerosos desplazamientos y confinamientos, que son múltiples, simultáneos y prolongados (ver Briefing Nariño 2023 y alertas 1, 2, 3 y 4 de 2024), lo que ha generado retrasos en la atención, seguimiento y verificación de las necesidades humanitarias.
Además, se han reportado amenazas, intimidaciones y manipulaciones de la población por parte de un GANE que exige la retirada del Ejército en el municipio de Cumbitara. También se han registrado siete accidentes con minas antipersonal (MAP) en Cumbitara, Los Andes y Tumaco, así como un evento climático adverso que afecta a los municipios de Barbacoas, Magüí y Roberto Payán (véase la alerta 5). Estos eventos se suman a factores estructurales y coyunturales, como la falta de infraestructura vial, altas necesidades básicas insatisfechas, aumentos en los precios de los alimentos básicos, escasez de productos y dificultades en los procesos de cosecha.
Adicionalmente, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) registró 57.187 víctimas en 2023 en Nariño. Entre ellas, se cuentan 45.339 personas desplazadas forzosamente, 6.497 amenazas tanto individuales como colectivas, 4.343 personas en situación de confinamiento, 239 homicidios, 134 delitos contra la libertad y la integridad sexual en el contexto del conflicto armado, 47 casos de desaparición forzada, 15 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados, y 5 casos de tortura.
Entre 2023 y 2024 la Defensoría del Pueblo publicó tres Alertas Tempranas Estructurales (008-23, 019-23 y 030-23) y tres Alertas Tempranas de Inminencia (ver 027-23, 033-2023 y 002-24) donde advierte sobre el riesgo de vulneración a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que presentan las comunidades por la presencia y enfrentamientos entre GANE en el departamento de Nariño.
Las comunidades confinadas en los municipios de Cumbitara, Roberto Payán y Magüí, donde se ha interrumpido el sistema educativo para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, enfrentan una grave falta de acceso a servicios de salud, protección, oportunidades económicas y alimentos básicos (víveres y enseres). Se ha registrado escasez en las tiendas locales y actos de saqueo tanto en establecimientos como en viviendas por parte de los GANE. Además, se han reportado amenazas contra líderes comunitarios, autoridades étnicas y funcionarios públicos, así como accidentes y contaminación de los territorios con MAP, con un alto riesgo de violencia de género, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, y posibles nuevos desplazamientos, tanto masivos como individuales.
En el caso específico del municipio de Cumbitara, se advierte sobre la posible contaminación de las fuentes de agua en el área del Bajo Cumbitara debido a la presencia de cuerpos sin vida no identificados cerca del acueducto rural.
Ante la situación de confinamiento, aunque se han reportado 4.378 personas confinadas, es probable que haya un subregistro del número de personas afectadas debido a las dificultades de acceso por las condiciones geográficas, la presión social ejercida por los GANE y el miedo de las comunidades a sufrir represalias si denuncian o intentan abandonar el territorio. Las autoridades locales de Cumbitara, Magüí y Roberto Payán han solicitado ayuda y asistencia técnica para abordar y monitorear los casos de confinamiento. Han expresado la necesidad de establecer estrategias coordinadas para facilitar el acceso a estas áreas. Por su parte, las comunidades también piden la implementación de mecanismos estatales de prevención, así como la promoción de procesos de estabilización y recuperación de los medios de vida. Esto incluye iniciativas de educación sobre el riesgo de minas y actividades de desminado humanitario.
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