Por Jorge Rojas
El censo y la indiferencia
=BFElecciones para todos?
Una tragedia humanitaria
Derechos humanos: justicia, verdad y reparación
La degradación del conflicto y el derecho internacional humanitario
El gobierno se acaba, el problema contin=FAa
El censo y la indiferencia
Colombia se apresta a realizar en 2.003 un nuevo censo de población. Es posible que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE incorpore algunos indicadores que den cuenta de la crónica y prolongada tragedia humanitaria que vive Colombia en el marco del conflicto armado interno: el desplazamiento forzado. La nación se construye (o se destruye?) en medio de una reubicación caótica de la población en su territorio caracterizada por un proceso social y demográfico fragmentado y con un fuerte componente de violencia, en el que se destaca el conflicto armado interno y sus progresivas expresiones de degradación. El problema es de desplazamiento pero va más allá del desplazamiento.
La crisis estructural del campo, los modelos de desarrollo aperturistas y, por supuesto, la violencia, se han encargado de generar un inmenso flujo migratorio en el que se confunden desplazados, migrantes, trabajadores temporales, colonos, trabajadores de cultivos de uso ilícito y, más recientemente, pueblos indígenas y comunidades negras desarraigados de su entorno socio-económico y cultural en medio de traumáticos ciclos de expulsión y reasentamiento que ponen en peligro su propia existencia. Por eso no es posible contar a los desplazados, los nuevos pobres, sin contar los pobres históricos, entre ellos los migrantes. Los primeros buscando donde sobrevivir a la pobreza y la miseria, los segundos como sobrevivir a la muerte violenta. Todos buscando algo de dignidad para sus vidas. Así se desordena el país, urbanizando la pobreza y la violencia, desocupando los campos. El desplazamiento está en el centro de la tragedia pero no de la preocupación nacional. En cambio, crece la mirada del mundo por un país que tiene el triste record de contar con la segunda población desplazada más grande del mundo (Sudán, Colombia y Angola).
=BFElecciones para todos?
Los desplazados son parte de una población que no tiene en Colombia derechos civiles y políticos. No tuvieron libertad para quedarse en sus tierras, porque no tuvieron protección de las autoridades constituidas para defender ese derecho. No tuvieron libertad para opinar, porque en sus regiones se impuso el lenguaje del terror, de las masacres, del miedo y del silencio.
El derecho a la vida, el principal de todos, estuvo ausente. No pudo asociarse ni participar democráticamente en las decisiones de su comunidad, porque fue acusado de colaborar con un grupo armado. No pudieron elegir libremente porque se impuso el voto por el candidato "sugerido" por una de las partes del conflicto. No pudieron disentir, porque estuvieron sometidos a un proceso de homogeneización de lealtades políticas mediado por el uso de la fuerza. No fueron candidatos, porque no hay garantías para el libre ejercicio del derecho al sufragio. Se tuvo que ir, porque había llegado la "pacificación" de su región. "No éramos gente allá, porque no teníamos libertad, no somos gente aquí porque no tenemos trabajo", dijo un desplazado de Cartagena, para resumir su situación.
Y ahora el país se apresta a un nuevo proceso electoral, sin derechos ni garantías para los desplazados. =BFHay garantías para realizar unas elecciones libres en Barrancabermeja, en Apartadó, en Montería, en los municipios de la zona de despeje o en otros en los que es característica la ausencia del Estado y la confrontación armada? =BFPueden los desplazados presentar sus candidatos en la región del Naya, en Chengue, en Nueva Venecia, en El Salado y otras zonas, epicentro de las mas graves masacres de los =FAltimos dos años? =BFDónde van a votar los desplazados que se encuentran en las grandes ciudades, muchas veces indocumentados por la acción de la violencia?
Una tragedia humanitaria
Los desplazados se acumulan año tras año en medio de la guerra irregular que afecta sistemáticamente a la población civil. Desde 1985, año en que se abandonó la solución política y negociada y se incrementó el 432.000 mil hogares, han sido desplazados por la fuerza de sus regiones. Desde 1995 el total aproximado se acerca a 1=B4500.000 personas. Desde el inicio del actual gobierno (agosto de 1998) se han desplazado alrededor de 800.000 personas.
El conflicto armado es la causa del 90% del total de los desplazamientos, que se producen de manera individual y familiar en un 62% y de manera colectiva o en éxodo en un 35%. La mayoría (el 66%) provienen del campo o de zonas de alta influencia rural) y son mujeres cabeza de familia el 22%, en tanto que el 57% del total de la población desplazada corresponde al sexo femenino.
El 70% es menor de 19 años. Los departamentos que expulsaron mayor porcentaje de población durante el año 2.000, fueron en su orden, Antioquia, Magdalena Tolima, Bolívar, Putumayo, Sucre, Santander, Chocó, Huila, Cauca y Cesar. En cuanto a los departamentos de mayor recepción de desplazados en el año 2.000 encontramos los siguientes: Antioquia, la ciudad de Bogotá, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Huila, Córdoba, Santander, Putumayo, Sucre y Nariño.
Los paramilitares fueron señalados como presuntos responsables por el 43% de la población desplazada, la guerrilla por el 35%, las Fuerzas Militares por el 6% y desconocidos por el 15% de la población. Las amenazas, el miedo, las masacres, los asesinatos y las desapariciones, son los principales hechos que generaron el desplazamiento. El 84% abandonó sus tierras, en su mayoría pequeños minifundios hasta de veinte hectáreas, sin que se conozca la suerte real de sus tierras, algunas tituladas. Ha crecido la expectativa de retorno y reasentamiento, pero sigue siendo relevante el porcentaje de hogares en situación de desplazamiento que quieren permanecer en las zonas urbanas.
La ayuda del gobierno sólo cubre un 20% del total de los desplazados y es una ayuda de emergencia mínima, limitada en el tiempo y sujeta a m=FAltiples trámites burocráticos. Se mantiene un deterioro dramático y traumático de la calidad de vida de los desplazados: el desempleo (48%), la pobreza, la marginalidad, el hacinamiento, la ausencia de servicios de salud, la deserción escolar (siete de cada diez estudiantes desplazados se retiran de la educación formal y uno de cada tres que contin=FAan se retiran por razones económicas), son expresiones de esta crítica situación.
Derechos humanos: justicia, verdad y reparación
Si no tienen derechos civiles y políticos, tampoco se les reconocen sus derechos económicos, sociales y culturales. Por eso el desplazamiento sigue siendo la consecuencia de la guerra que más afecta a la sociedad colombiana y que más incide en el deterioro creciente de la crisis de derechos humanos en el país. Los desplazados no tienen acceso a la justicia y sólo la Corte Constitucional ha logrado incidir positivamente en algunos de sus fallos en acciones de protección de algunos de sus derechos. La verdad, la reparación y la justicia son principios básicos de restitución de sus derechos, en el marco de una política sostenible y coherente de derechos humanos.
La degradación del conflicto y el derecho internacional humanitario
Asociado al desplazamiento, están las masacres, los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas, el secuestro, el reclutamiento forzado, los ataques aéreos indiscriminados, las armas no convencionales que cobran vidas humanas y daños en objetivos civiles (como los cilindros de gas). Aquí se configura la vinculación de la población civil en la confrontación y la mayor manifestación de la degradación del conflicto y de la infracción a las normas del derecho internacional humanitario.
Los grupos paramilitares presentan los mayores índices de crueldad en sus acciones contra la población civil. La guerrilla aumentó significativamente su presunta responsabilidad como consecuencia del reclutamiento forzado en sus zonas de influencia. M=FAltiples casos de desplazamiento se registraron por el temor de los padres de familia por esta modalidad que incluye a menores de edad, seg=FAn los testimonios de los propios desplazados.
Las partes en conflicto tienen la obligación de acatar esa normatividad que protege, en primer lugar a los civiles, pero también a los combatientes heridos o en estado de indefensión.
El gobierno se acaba, el problema contin=FAa
Este gobierno inicia su etapa final sin que haya logrado articular una política de atención, protección y recuperación integral de las personas afectadas por el desplazamiento forzado. Hay, es cierto, formulación de un Plan, reglamentación de una ley y adecuación de una institucionalidad (Red de Solidaridad Social) para enfrentar el problema.
También hay una política de prevención de causas unida a los esfuerzos de paz del gobierno, toda vez que sólo un escenario de paz construido desde el diálogo y la negociación, garantiza frenar el problema del desplazamiento. Pero estas formalidades se contradicen con una legislación de guerra, que recorta las libertades fundamentales, un Plan Colombia que incentiva la guerra y crea una nueva categoría de desplazados, una ausencia de recursos del gobierno y una dependencia de cooperación internacional para atender el problema.
Justamente, la mayor parte de los fondos para atención de población desplazada (36 millones de dólares) hacen parte de la - ayuda social- del Plan Colombia, el mismo que incrementa la guerra y acent=FAa la crisis humanitaria y que dispone de algunos recursos para atender las víctimas de la intensificación del conflicto.
Es necesario una política de Estado, que responda a una decisión de paz y a una estrategia de atención, protección y recuperación, en el marco de una política social que involucre a los sectores que enfrentan una grave situación de vulnerabilidad.
Para mas informaciones, visita el sito de CODHES: www.codhes.org.co