E/CN.4/2005/64/Add.3
26 de noviembre de 2004
61=BA período de sesiones
Tema 11 c) del programa provisional
El Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Sr. Ambeyi Ligabo, visitó Colombia del 22 al 29 de febrero de 2004, por invitación del Gobierno.
Colombia es un país multicultural de grandes tradiciones que ha contribuido de forma notable a la historia y el progreso del continente americano. Lamentablemente, hace 40 años que un conflicto interno obstaculiza el crecimiento económico y social del país y socava el desarrollo del sistema político. Todas las partes en el conflicto han cometido graves violaciones de los derechos humanos, de distintas formas y en diversa medida. La existencia y las incesantes actividades de la guerrilla y los grupos paramilitares han infundido miedo en la vida de los ciudadanos, lo que ha limitado considerablemente su libertad de expresión.
En este contexto, el conflicto armado ha generado o facilitado la aparición de graves impedimentos al ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión: la pandemia del tráfico de drogas; un sentimiento generalizado de inseguridad; la militarización del país; la polarización de opiniones, acompañada de la estigmatización de posiciones contrarias; y el vínculo, aunque ambiguo, entre los que fomentan la corrupción, diversos grupos armados y algunos sectores de los militares y los agentes del orden.
Los retrasos prolongados e injustificados en la investigación de los delitos, a lo que se unen muchos casos no resueltos de asesinato de periodistas, sindicalistas, maestros y defensores de los derechos humanos que, probablemente, nunca lleguen a una conclusión satisfactoria, han consolidado una arraigada cultura de impunidad que crea intimidación y aumenta el miedo en el público en general. El fenómeno recurrente de los secuestros ha sido una de las características principales de las actividades delictivas en Colombia y ha contribuido en gran medida al sentimiento de inseguridad y a la anarquía generalizada.
El deseo de ejercer la libertad de opinión y expresión es un factor fundamental en la búsqueda de soluciones pacíficas al conflicto y una condición de la democracia y el buen gobierno. Lamentablemente, los obstáculos ya mencionados no son favorables para la promoción de la libertad de opinión y de expresión.
Los autores de las violaciones de los derechos humanos deberían ser procesados, con independencia de su filiación política o situación en la sociedad. Las autoridades deberían examinar sus programas de protección y reforzar considerablemente la protección que se ofrece a periodistas, sindicalistas, maestros y defensores de los derechos humanos. Queda todavía mucho por hacer en lo que respecta a la seguridad de esas categorías de profesionales, especialmente los que trabajan en las zonas rurales o distantes. Es indispensable brindarles una mayor protección para que puedan continuar su labor, lo que a la vez restablecerá un nivel mínimo de seguridad compatible con la legalidad constitucional.
La reforma proyectada de la Constitución puede dar lugar a cambios radicales y debilitar fundamentalmente la aplicación de la acción de tutela, mecanismo judicial basado en la Constitución que tradicionalmente ha permitido proteger los derechos de todos los ciudadanos de Colombia. En segundo lugar, la reforma propuesta puede restar fuerzas a la autoridad del Tribunal Constitucional, sus funciones de fiscalización y, en definitiva, la independencia de los jueces.
El Relator Especial también expresó su preocupación a las autoridades competentes sobre la Ley antiterrorista aprobada a fines de 2003, y que finalmente se promulgó mediante la correspondiente Ley estatutaria en junio de 2004. Por esta ley, se podrían autorizar medidas de excepción como los registros corporales, la intervención de teléfonos y la vigilancia de la correspondencia privada, sin orden judicial. Tal legislación no es compatible con las disposiciones de varios instrumentos de derechos humanos ratificados por Colombia, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En las zonas rurales, la situación de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los indígenas, la minoría afrocolombiana y otros grupos étnicos, es particularmente grave. Además de los fenómenos conocidos como el trabajo infantil y la explotación de las mujeres, los grupos paramilitares imponen su ley y con frecuencia detienen y encarcelan a las personas y ejercen otras formas de abuso y vejaciones. El derecho a la libertad de asociación se entorpece gravemente: independientemente de su finalidad, toda reunión será a menudo considerada como posible fuente de subversión. La incriminación de personas y grupos es una de las consecuencias más aberrantes del proceso de polarización y estigmatización de opiniones e ideas.
La existencia de numerosas radios rurales y provinciales depende de la buena voluntad del grupo armado que predomine en una zona determinada. De hecho, los trabajadores de los medios de comunicación intentan ser neutrales y se autocensuran en relación con cuestiones sensibles; los dueños de las radioemisoras suelen verse obligados a difundir comunicados del ejército o la guerrilla. Además, los grupos de los medios de comunicación nacionales ejercen una fuerte presión sobre los propietarios de los medios de comunicación independientes para convencerlos de vender sus radios y atraen a las estaciones de radio económicamente más rentables.
La concentración de la propiedad de los medios de comunicación es una de las principales causas de las malas condiciones de trabajo de los periodistas. Al reducir la independencia del periodismo se ha frenado el debate pluralista propio de una sociedad abierta y justa. La mayoría de los periodistas, que no han podido crear un sindicato a causa de la oposición de los propietarios de las publicaciones, son explotados y mal pagados. Otros están atrapados en el círculo vicioso de la venta de publicidad y la imposibilidad de trabajar normalmente, lo que explica la autocensura. Por último, el asesinato de varios colegas ha causado angustia y hecho estragos en toda esta categoría profesional. El Relator Especial tomó conocimiento de las actividades de los departamentos de derechos humanos creados en los órganos e instituciones del Gobierno. También tomó nota de que varios altos dirigentes y responsables del Gobierno estaban dispuestos a hablar abiertamente de los derechos humanos. No obstante, estas medidas y esta buena disposición no parecen ser suficientes: por ejemplo, no hay un plan nacional de derechos humanos, el Gobierno parece haber hecho caso omiso de las recomendaciones que figuran en el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en el país, recomendaciones que serán de gran ayuda para la preparación y aplicación de las leyes y normas conforme a las disposiciones de los instrumentos fundamentales de derechos humanos ratificados por Colombia.
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