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RESUMEN EJECUTIVO

En diciembre del 2016, el Congreso de Colombia ratificó el Acuerdo de Paz entre el gobierno y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su ratificación marcó oficialmente el fin del conflicto armado de más de cincuenta años entre las dos partes, tras más de cuatro años de negociaciones. No obstante, la persistente violencia en muchas zonas del país, así como el aumento de los homicidios y ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, entre los que se encuentran líderes indígenas, afrodescendientes, campesinos y campesinas, han generado un grave contexto que debe ser atendido de forma urgente por las autoridades, de lo contrario se estará atentando contra la posibilidad de una paz duradera y sostenible, donde los derechos humanos de toda la población sean el centro de las políticas de implementación.

En este contexto, Amnistía Internacional presenta este informe con el objetivo de documentar las condiciones de implementación del Punto Cinco del Acuerdo de Paz en el departamento del Chocó, una de las zonas de mayor vulneración de derechos en el contexto del conflicto armado. El Punto Cinco del Acuerdo define las líneas sobre reparación integral a las víctimas y establece que las partes se comprometen a restablecer sus derechos y a transformar sus condiciones de vida. Por lo tanto, la investigación realizada busca contribuir a la identificación de las mayores falencias del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de proteger los derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad de los Pueblos Indígenas y de las comunidades afrodescendientes, con el objetivo de avanzar con recomendaciones para la adopción de medidas concretas que garanticen una paz sostenida y duradera.

Amnistía Internacional priorizó esta investigación en el departamento del Chocó, por ser un territorio que ha estado en constante disputa por los actores armados, dejando como resultado un lamentable saldo de víctimas civiles, quienes aún esperan la garantía de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, así como al derecho a la no repetición. El contexto de exclusión, olvido e invisibilidad de este territorio por parte del Estado colombiano ha reforzado las condiciones de vulnerabilidad de estas comunidades, sin que este mediando una respuesta institucional integral, más allá de la militar. En este informe se demuestra que el Chocó es un departamento que sufre un continuum de violaciones a los derechos humanos. Este continuum de violencia se refuerza por la débil acción estatal para asegurar protección a las comunidades que aún enfrentan las consecuencias del conflicto armado en sus territorios, tras la firma del Acuerdo de Paz.

A pesar de la firma del Acuerdo de Paz, persisten casos de desplazamientos forzados colectivos, muertos o heridos con minas antipersonal y asesinatos selectivos que han ocurrido tras la salida de las FARC del territorio y como consecuencia de la fuerte presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento, y el reacomodo de estructuras paramilitares. Los grupos paramilitares han sido históricamente grupos armados regionales muy diversos y con gran autonomía. Solo hasta mediados de los años noventa apostaron por un intento de coordinación nacional con la creación de una organización federada denominada como Autodefensas Unidas de Colombia − AUC −. Con la Ley 975 de 2005 una parte de su estructura se desmovilizó. Sin embargo, otras estructuras no se desmovilizaron y se transformaron en Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Se documentan dos estudios de caso ilustrativos de cómo las garantías de no repetición aún no se han materializado en el departamento. Por un lado, se analiza la situación de víctimas de Pueblos Indígenas de desplazamiento forzado que se encuentran en Quidbó, la capital del departamento del Chocó. Tras la visita a las comunidades de población indígena desplazada, Villanueva y Wounaan Phubuur en junio de 2017, Amnistía Internacional pudo constatar que el desplazamiento forzado es una de las violaciones de derechos humanos más graves en el marco del conflicto armado que continúan afectando derechos a la vida, a la integridad personal, la autonomía, la identidad y el territorio, de los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes del Chocó.

Por otro lado, se documenta el caso de los y las sobrevivientes de la masacre de Bojayá ocurrida el 2 de mayo de 2002 como consecuencia de la confrontación armada entre las FARC y los paramilitares en este municipio. En estos sucesos murieron más de un centenar de civiles, hecho que lo convierte en uno de los casos más emblemáticos y dolorosos de la historia del conflicto armado en el país. Amnistía Internacional visitó el municipio en agosto de 2017 y pudo constatar que aún es necesario avanzar en la garantía al derecho a la reparación integral, especialmente, frente a las garantías de no repetición, pues tras quince años de la masacre, la población civil aún se encuentra inmersa en dinámicas de violencia y graves vulneraciones a sus derechos humanos.

Se hace evidente que los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes en el departamento del Chocó requieren medidas urgentes de protección, tanto individual como colectivas. Asimismo, urge que el Gobierno nacional garantice acciones integrales de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, de acuerdo a lo establecido en el Punto Cinco del Acuerdo de Paz y en cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

La implementación territorial del Acuerdo de Paz debe avanzar de manera urgente, especialmente en lo relativo al Punto Cinco, al ser los derechos de las víctimas del conflicto armado el núcleo esencial para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera, con garantías de no repetición. A la vez, se debe implementar lo acordado en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, como forma de reconocer las vulneraciones diferenciales de derechos humanos de Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes, y en reconocimiento de sus derechos colectivos.

El fin del conflicto armado en Colombia dependerá de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, así como de los avances hacia un Acuerdo de Paz con el ELN, y se deberá tener como base jurídica fundamental los estándares internacionales de derechos humanos. A la vez, debe ser compromiso del Estado desmantelar las estructuras paramilitares que aún se mantienen, a pesar de su supuesta desmovilización en 2005.