Colombia - Confinamiento y desplazamiento masivo en zona rural de Bagadó (Chocó) Flash Update No. 1 (27/04/2015)

Por operaciones militares en contra del ELN y acciones de este grupo armado, que se presentan desde final de marzo y hasta el 19 de abril, en la zona del Alto Andágueda (zona rural de Bagadó – Chocó), cerca de 1.000 personas -entre afrocolombianos e indígenas han tenido que limitar su libre movilidad y suspender sus actividades diarias de subsistencia, configurándose así una situación de confinamiento[1]. Al menos 711 personas (148 familias) de cinco comunidades indígenas de la misma zona, se desplazaron hacia la población de Vivícora desde el 20 de abril por las hostilidades que se presentan cerca de su territorio.

Durante las hostilidades, se reportaron daños en algunas viviendas de la comunidad indígena Quimpará y de la comunidad afrocolombiana Piedra Honda; ambas afectadas actualmente por confinamiento. En Piedra Honda se reportó la muerte de una mujer por hipertensión, situación que se habría agudizado por los recientes hechos violentos. En general, la situación actual estaría teniendo impacto en la salud mental y psicosocial de las poblaciones afectadas.

La Alcaldía de Bagadó entregó kits alimentarios a las comunidades afectadas en marzo, ante la UARIV[2] se gestiona la entrega de kits de mejoramiento de vivienda para las 56 viviendas afectadas en Piedra Honda, y la entrega de ayuda humanitaria inmediata a los afectados por confinamiento y desplazamiento. El 22 de abril se convocó en Quibdó un Subcomité de Prevención y Protección para analizar la situación. La Secretaría de Salud de Chocó y el ICBF[3] planean una posible entrada a la zona en los próximos días para brindar acompañamiento, y servicios de salud física y mental.

El 24 de abril, ONU Derechos Humanos, UARIV, Defensoría del Pueblo, Diócesis de Quibdó y líderes de las comunidades afectadas, expusieron la situación humanitaria ante el Ejército, llamando la atención sobre el impacto de los operativos militares en los territorios étnicos, y la necesidad de comunicarse y articular acciones con las autoridades étnicas y la guardia indígena. Una comisión conformada por la Alcaldía de Bagadó, la Defensoría del Pueblo, la Diócesis de Quibdó, el Consejo Comunitario Mayor de la Cocomopoca y SWEFOR, visitó Piedra Honda entre el 23 y el 25 de abril. La comisión identificó casos de protección específicos que requieren acompañamiento y alertó sobre el riesgo de desplazamiento en caso de que no se brinde asistencia integral para la comunidad. El Equipo Humanitario Local Chocó y el Grupo Temático de Protección Local, visitarán las comunidades indígenas afectadas a partir del 4 de mayo, para evaluar necesidades humanitarias y definir posible ayuda complementaria.

Como antecedentes de la emergencia actual, cabe resaltar que estas comunidades sufren consecuencias humanitarias relacionadas con la minería ilegal y la siembra de cultivos de uso ilícito. En las comunidades afrocolombianas afectadas se presentan riesgos para la vida y la seguridad de las familias, sus derechos territoriales y procesos organizativos. Varios de sus líderes se encuentran en riesgo, y cuentan con medidas cautelares y de protección a través de distintas órdenes y sentencias judiciales. En el caso de las comunidades indígenas, debido a las constantes afectaciones al territorio por el conflicto armado y la explotación de recursos naturales, estas cuentan con medidas de protección a través de sentencias y órdenes judiciales (incluyendo sentencia de restitución de derechos territoriales de septiembre de 2014).

Adicionalmente, preocupa la desatención de las alertas tempranas emitidas por el SAT[4] y expuestas en el marco de Comités de Justicia Transicional, con respecto a la situación de riesgo de la población y a la necesidad de medidas alternativas al incremento de presencia de Fuerza Pública.