Colombia: Confinamiento en el municipio de Puerto Asís (Putumayo) Flash Update No. 1 (26/08/019)

Este documento fue elaborado por OCHA, con información suministrada por miembros del Equipo Local de Coordinación (ELC) Putumayo.

SITUACIÓN GENERAL

Desde el 28 de julio, la presencia y amenazas de grupos armados contra población civil, así como enfrentamientos1 entre varias estructuras armadas (“La Mafia” y disidencias FARC-EP - frente primero-) que ejercen control en la zona rural del municipio de Puerto Asís, especialmente el corregimiento de Piñuña Blanco, han ocasionado el confinamiento de al menos 400 familias (>1.600 personas) pertenecientes a ocho comunidades – ver tabla anexa-. Entre las personas confinadas se encuentran comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, quienes han restringido su movilidad y se resguardan al interior de sus hogares como medida de autoprotección. Se han reportado diferentes necesidades sectoriales (Protección, Seguridad Alimentaria y Medios de Vida, Salud y Educación) a causa de las restricciones de acceso a bienes, servicios y derechos fundamentales.

Por la continuidad de los enfrentamientos en agosto, algunos miembros de las comunidades afectadas se han venido desplazando de manera individual entre las comunidades de las zonas rurales, e incluso hacia otros municipios; las comunidades de La Chirpa y Puerto Bello se resguardan en el centro de salud y el internado respectivamente, y el resguardo indígena Siona de Piñuna Blanco se agrupó al interior de la comunidad.

De otro lado, el homicidio de dos civiles (presidente de la Vereda Campo Ají y un exintegrante de las FARC-EP en proceso de reintegración) ha profundizado el temor de la población afectada.

NECESIDADES

  • Protección: Se requiere garantizar la protección de las personas en situación de confinamiento y riesgo de desplazamiento; los enfrentamientos en las veredas del corregimiento de Piñuña Blanco han puesto en riesgo la integridad física de esta comunidad. Pese a la presencia de la Fuerza Pública, preocupa la presencia permanente de otros actores armados que restringen la libre movilidad de las personas en la zona.

  • Seguridad alimentaria y medios de vida: Es necesario asegurar acceso a medios de vida de la población afectada, ante el impacto que causan las restricciones en la economía para el sustento diario de las familias. Las familias también manifiestan que no han podido ir a sus cultivos de pan coger para recoger alimentos como plátano, yuca o maíz, los cuales son la base de su alimentación, por las limitaciones para realizar actividades como la pesca, generando desabastecimiento de alimentos básicos. A esta situación se suma el riesgo en la seguridad alimentaria de las comunidades vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) que habitan en la zona afectada, quienes manifiestan severos retrasos en los pagos relacionados a este programa los cuales general ingresos para su sustento.

  • Agua, saneamiento e higiene: Debido a las restricciones en la movilidad, las familias no han podido acceder a elementos de higiene personal esenciales, situación que agudiza los riesgos de contraer enfermedades como diarreas, etc, especialmente en los niños y niñas menores de cinco años.

  • Salud: Se requiere especial atención en salud mental; según información de los presidentes de la Junta de Acción Comunal (JAC), presidentes del Consejo Comunitario y Resguardos indígenas, hay temor generalizado en la población y en particular afectación psicosocial en niños y niñas.

  • Educación: Es necesario garantizar el acceso a la educación de al menos 250 estudiantes; desde el 05 de agosto los estudiantes tienen vulnerado este derecho por la suspensión de las clases como consecuencia de las acciones de violencia armada reportadas.

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs:
To learn more about OCHA's activities, please visit https://www.unocha.org/.