La comunidad afrocolombiana de Palestina[2], compuesta por 164 personas[3] (58 familias), ubicada en el municipio del Litoral de San Juan, departamento del Chocó, se encuentra confinada dentro de su comunidad desde el 8 de enero de 2017. El factor detonante que ocasiona el confinamiento es el temor por la presencia de artefactos explosivos improvisados (AEI) en su territorio, generado por la detonación de tres de estos que dejaron un infante de marina herido.
El 2 y 3 de febrero, la Defensoría del Pueblo con el apoyo logístico del CICR, realizó una misión humanitaria en las comunidades de La colonia, San Isidro-Guadual[4], y Valledupar de Buenaventura (ver Flash Update 1) y Palestina en el Litoral de San Juan en Chocó. Durante la misión se tomó la declaración por confinamiento en Palestina a 164 personas -58 familias. Según la Defensoría la detonación de los AEI cerca a la comunidad, la presencia de nuevos grupos armados no estatales (GANE) en el territorio colocando vallas alusivas a estos y la existencia de minas antipersonales, están impidiendo el acceso a:
- Medios de Vida: en el momento la comunidad no puede realizar las actividades de siembra, corte de madera y pesca ocasionando un problema de abastecimiento de alimentos de pan coger y de plantas de uso medicinal;
- Servicio de Agua: por el miedo a la presencia de AEI, en cercanías al acueducto la comunidad no ha podido hacer el mantenimiento del mismo y en el momento se encuentra sin acceso a agua.
- Servicio de Educación: A la fecha por el temor de la presencia de GANE, están interrumpidas las jornadas escolares. A su vez, las restricciones a la movilidad impiden que la comunidad realice sus prácticas culturales y espirituales.
La misión evidenció los riesgos de protección que viven las comunidades visitadas por la presencia de nuevos actores armados en los territorios históricamente ocupados por las FARC.
Entre el 31 de enero y el 3 de febrero, Médicos Sin Frontera-España (MSF-E) atendió a la comunidad de Palestina con acciones de salud mental e identificó que la comunidad permanece con miedo, dificultades para conciliar el sueño y sentimiento de amenaza asociados a la presencia de explosivos y de GANE. Por otra parte, se identificaron dos casos por violencia sexual ocasionados por actores fuera de la familia, así como desabastecimiento de medicamentos básicos y PEP kit (atención de emergencia a casos de violencia sexual). MSF-E realizó dotación de medicamentos antimaláricos.
Dentro de las necesidades identificadas por la Defensoría y MSF-E está el fortalecimiento de las intervenciones hacia la prevención de violencia sexual; intervención inmediata de desminado humanitario para que los miembros de la comunidad puedan retornar a sus actividades cotidianas. A su vez, la Defensoría manifiesta la necesidad de asistencia alimentaria urgente.
El Equipo Local de Coordinación (ELC) Valle del Cauca y el CIH continúan monitoreando la emergencia.
[1] Desde julio de 2013 OCHA estableció un marco para el monitoreo del confinamiento. Según este marco, una población se encuentra confinada cuando sufre limitaciones a su libre movilidad por un período igual o superior a una semana, y además tiene acceso limitado a tres bienes o servicios básicos, como: educación, salud, agua y saneamiento, medios de vida, entre otros. La información disponible no refleja la totalidad del fenómeno pues depende de reportes consolidados por OCHA y los Equipos Humanitarios Locales; de tal forma que puede haber vacíos de información en zonas con menos presencia de organizaciones internacionales.
[2] La cual forma parte del Consejo Comunitario General del San Juan – ACADESAN.
[3] Censo suministrado por el Consejo Comunitario de Palestina.
[4] Comunidades afrodescendientes pertenecientes al Consejo Comunitario del Bajo Calima.
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