Colombia: Briefing Departamental - Putumayo, enero a diciembre de 2024

Mensajes clave

• La situación humanitaria en Putumayo durante 2024 se vio marcada por la intensificación de las disputas territoriales entre Grupos Armados No Estatales, impulsadas por procesos de expansión, fragmentación y reacomodación con el objetivo de consolidar el control sobre corredores estratégicos de movilidad y economías ilícitas. Esta dinámica se vio agravada por la limitada presencia del Estado en las zonas más afectadas y la reducida capacidad operativa de los actores humanitarios, lo que incrementó la vulnerabilidad de la población, especialmente en las áreas de difícil acceso geográfico. La expansión y confrontación entre dos Grupos Armados No Estatales ha exacerbado los riesgos para la población civil, particularmente para los municipios de Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán.
• Al menos 11.709 personas fueron afectadas por confinamiento y restricciones a la movilidad impuestas por los Grupos armados no estatales, con un impacto significativo al restringir el acceso a bienes y servicios esenciales, incluidos alimentos, medios de vida, servicios de salud, educación y asistencia humanitaria. Putumayo se encuentra entre los departamentos con mayor inseguridad alimentaria del país, con el 46% de sus habitantes afectados. Un 43% adicional se encuentra en inseguridad alimentaria marginal, lo que hace a este grupo susceptible a entrar en inseguridad alimentaria por afectaciones climáticas, conflicto, inflación u otros. Adicionalmente, la contaminación de los territorios con minas antipersonal y explosivos remanentes de guerra exacerbó las limitaciones de movilidad y dificultó la asistencia humanitaria, generando un entorno de temor y silenciamiento. En este contexto, las comunidades se han visto afectadas por las dinámicas de violencia y las limitaciones para una respuesta efectiva por parte de las instituciones del Estado.
• Se evidencia la continuidad de una situación crítica para lideresas y líderes comunitarios, personas firmantes del acuerdo de paz y defensoras de derechos humanos (DDHH). La imposición de códigos de conducta y mecanismos de control social ha generado un contexto de injerencia que desincentiva la denuncia y aumenta los subregistros de casos. La persistencia de amenazas y desplazamientos individuales ha generado la invisibilización de emergencias de mayor magnitud. Los retos en los sistemas de denuncia y las barreras institucionales para el acceso a mecanismos de protección han contribuido a la invisibilización del impacto del conflicto sobre la población civil. Como resultado, muchas víctimas se ven obligadas a desplazarse forzosamente hacia otros departamentos o incluso hacia Ecuador, donde enfrentan nuevos riesgos y condiciones de extrema precariedad. Esta dinámica afecta de manera diferenciada a mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNA), comunidades indígenas y afrodescendientes, así como a líderes sociales y comunitarios, profundizando su condición de vulnerabilidad. Preocupa también la falta de garantías de protección para las personas participantes en los diálogos en el marco de la política de Paz Total.