Colombia: Briefing Departamental, Putumayo, enero a diciembre de 2023

DATOS DEPARTAMENTALES

El departamento de Putumayo con capital Mocoa, está ubicado en la zona sur de Colombia y hace parte de la región de la Amazonía. Limita al norte con los departamentos de Nariño, Cauca y el Caquetá; al oriente con el departamento de Caquetá; al occidente con el departamento del Amazonas; y al sur con los países de Ecuador, provincia de Sucumbíos, y Perú, departamento de Loreto. Tiene una extensión de 24.885 kilómetros cuadrados, distribuidos en 13 municipios agrupados en tres subregiones: Subregión Alto Putumayo: Sibundoy • Santiago • San Francisco •Colón. Medio Putumayo: Mocoa • Villagarzón • Puerto Guzmán. Bajo Putumayo: Puerto Asís • Orito • Valle del Guamuez • San Miguel • Puerto Leguizamo • Puerto Caicedo.

Putumayo es un departamento multiétnico y pluricultural, existiendo además de población campesina y mestiza, 15 pueblos indígenas organizados en 73 resguardos y 238 cabildos y 16 Consejos Comunitarios cada uno con sus propios usos y costumbres. Por su ubicación el departamento cuenta con tres pisos térmicos de amplia biodiversidad donde confluyen las montañas andinas, los bosques, los ríos y la selva amazónica.

MENSAJES CLAVES

● Durante 2023, el departamento de Putumayo experimentó un notable aumento en las emergencias humanitarias, incluyendo desplazamientos forzados masivos y confinamientos. Más de 4.423 personas resultaron afectadas por estos eventos, y aproximadamente 5.336 fueron desplazadas forzadamente de manera individual. Este incremento es significativo en comparación con los registros de 2021 (440 personas afectadas por estos hechos), y 2022 (3.480). Estas cifras reflejan principalmente las disputas por control territorial y social entre los Grupos Armados No Estatales (GANE), con graves impactos humanitarios para la población civil, especialmente en las zonas rurales de Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Leguízamo y Puerto Asís. Adicionalmente, se ha observado un aumento en las afectaciones por minas antipersonal (MAP), lesionando tanto a menores de edad como a adultos, lo que eleva los niveles de riesgo de protección para las comunidades y subraya la necesidad de acciones urgentes de protección y fortalecimiento de capacidades comunitarias, así como de apoyo de las administraciones locales y departamentales.

● Putumayo enfrentó altas tasas de subregistro en las afectaciones por conflicto armado, debido al temor de las comunidades a declarar la ocurrencia de estas. Los GANE a través de represalias, intimidación, amenazas y ataques a la población civil, llevaron a un silencio generalizado frente a sus acciones. Esta situación se tradujo en bajos niveles de declaración, dificultades para rastrear emergencias humanitarias y limitaciones en el desarrollo de análisis contextuales con enfoques diferenciales. Además, se presentaron obstáculos para el acceso humanitario y el diálogo con las comunidades. A esto se sumó la falta de capacidad técnica de las instituciones, la escasa asignación de recursos en los planes de contingencia y prevención, y la consecuente invisibilidad e incidencia sobre la realidad del territorio. Esta problemática afectó especialmente a comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, exacerbando situaciones como violencias basadas en género (VBG), reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, amenazas a líderes y lideresas, autoridades tradicionales y defensores y defensoras de derechos humanitarios y afectaciones étnico-territoriales.

● En 2023, Putumayo registró un elevado número de homicidios selectivos, con un total de 235 casos,1 entre los que se encuentran 9 casos de homicidios cometidos contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos2 . Estos actos violentos afectaron principalmente a miembros de Juntas de Acción Comunal (JAC), destacándose el caso de una autoridad del Pueblo Nasa en el departamento. La mayoría de estos eventos tuvieron lugar en las subregiones del medio y bajo Putumayo. Como resultado, el departamento presentó una tasa de homicidios de 61,4 por cada 100,000 habitantes, significativamente superior a la tasa promedio nacional de 25,7 por cada 100,000 habitantes3 . Esta situación, ha ocasionado el silenciamiento de las comunidades, la invisibilidad de los impactos humanitarios, y la ruptura de la colectividad.