Colombia: Briefing Departamental, Córdoba, enero a diciembre de 2023

DATOS DEPARTAMENTALES

El departamento de Córdoba, con capital en Montería, está ubicado en la zona noroeste de Colombia. Limita al norte con el mar Caribe y el departamento de Sucre; al oeste con el mar Caribe y el departamento de Antioquia; al este con los departamentos de Bolívar, Sucre y Antioquia y al sur con el departamento de Antioquia.

Tiene una extensión de 23.980 kilómetros distribuidos en 30 municipios y siete subregiones, siendo: Alto Sinú (Tierralta, Valencia), Bajo Sinú (Chimá, Cotorra, Lorica, Momil, Purísima), Centro (Montería), Costanera (Canalete, Los Córdobas, Moñitos, Puerto Escondido, San Antero, San Bernardo del Viento), Medio Sinú (Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos, San Pelayo), Sabanas (Chinú, Sahagún, San Andrés de Sotavento, Tuchín) y San Jorge (Ayapel, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador y San José de Uré).

A pesar de no ser una subregión constituida en la división política, el Sur de Córdoba se ha convertido en una subregión foco por concentrar las dinámicas del conflicto armado y tener los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

MENSAJES CLAVES

• En el departamento de Córdoba, los impactos humanitarios sobre la población civil son significativos y van más allá de las emergencias masivas. El desplazamiento forzado individual es una consecuencia de la hegemonía departamental del Grupo Armado No Estatal (GANE), afectando a miles de personas y comunidades enteras. Este desplazamiento acarrea una serie de desafíos, incluyendo la falta de acceso a servicios básicos, la ruptura de redes sociales y familiares, así como la exposición a riesgos adicionales como la violencia sexual y el reclutamiento forzado, que incluso al materializarse, son invisibilizados por los subregistros. Además, las restricciones impuestas por el GANE afectan la vida cotidiana de las comunidades, limitando su acceso a bienes y servicios, ayuda humanitaria y apoyo social. Estas restricciones generan un ambiente de miedo y vulnerabilidad, particularmente para aquellos en zonas rurales y de difícil acceso. La contaminación por minas antipersonal (MAP), municiones sin explosionar (MSE) y trampas explosivas (TE) también representa una amenaza constante para la población civil y los trabajadores humanitarios, de paz y de desarrollo en Córdoba.

• La activación oportuna de rutas de atención humanitaria es crucial para ayudar a las comunidades afectadas por el conflicto armado, desastres de origen natural y por variabilidad climática. En el departamento de Córdoba, el Equipo Local de Coordinación (ELC) fortalece la articulación con instituciones para influir en la convocatoria de espacios de incidencia y toma de decisiones ante emergencias humanitarias y complementar la respuesta en caso de desbordamiento de capacidad. Se enfoca en identificar las prioridades comunitarias con enfoques diferenciales y coordinar medidas de protección para grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niños, niñas, adolescentes, entre otros. Es esencial garantizar el acceso a servicios especializados y prevenir la violencia basada en género y el reclutamiento, uso y utilización en la respuesta humanitaria.

• A pesar de los esfuerzos por promover la paz y la reconciliación, la persistencia de la violencia armada muestra los retos de la implementación del Acuerdo de Paz en Córdoba. Los ataques contra la población civil y los líderes comunitarios obstaculizan la creación de un entorno seguro y pacífico en el departamento.

Es clave fortalecer las instituciones locales para una respuesta efectiva a los desafíos de seguridad y desarrollo. Esto implica mejorar la capacidad de las autoridades locales para prevenir y responder a la violencia, así como fortalecer el sistema de justicia para asegurar la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos. La participación activa de la sociedad civil es fundamental para promover la paz y la reconciliación, incluyendo el empoderamiento de las comunidades afectadas por el conflicto en la toma de decisiones y la implementación de programas de desarrollo local.