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Colombia: Boletín Humanitario Mensual - Número 59 | Abril 2017

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DESTACADOS

  • Tras un desastre natural surgen enormes desafíos, muchos relacionados con la provisión de asistencia humanitaria que debe incluir la protección de los derechos humanos desde el primer momento.

  • Las evaluaciones MIRA, evidenciaron como el desastre aumentó de manera significativa los niveles de vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes ante situaciones de discriminación por género y riesgos ante situaciones de violencia, abuso y explotación.

En este número

La importancia de la protección en la respuesta a los desastres de origen natural P.1

La igualdad de género salva vidas P.2

Situación humanitaria en abril P.4

La importancia de la protección en la respuesta a desastres de origen natural: el ejemplo de Mocoa

Por ACNUR, líder del Cluster de Protección-Colombia y del Grupo Temático de Protección- Putumayo Tras un desastre natural surgen enormes desafíos, muchos relacionados con la provisión de asistencia humanitaria que debe incluir la protección de los derechos humanos desde el primer momento.
Aunque es comprensible que una primera respuesta a la emergencia se enfoque en asegurar necesidades básicas como la alimentación o el alojamiento, es fundamental, siempre, mantener un enfoque de derechos en la respuesta para garantizar y salvaguardar la dignidad de las personas afectadas. Un ejemplo puede ser la necesidad de adaptar la instalación de los albergues para proteger la intimidad de las niñas y mujeres y de esta forma se puedan prevenir situaciones de abusos.

Desde el inicio de la emergencia en Mocoa, el Grupo Temático de Protección (GTP) de Putumayo con el apoyo del Clúster de Protección a nivel nacional, liderados por ACNUR, y en coordinación con el Equipo Local de Coordinación (ELC), realizaron una labor de monitoreo e identificación de las necesidades de protección de las víctimas del desastre. El GTP incorporó en sus reuniones y análisis no solo a las organizaciones de protección que llegaban a la zona para apoyar la respuesta sino además a actores claves de protección del Estado, como la Defensoría del Pueblo o el ICBF.

Las entidades del Estado competentes, con la coordinación y liderazgo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), enfrentaron diferentes desafíos para responder a la emergencia de una forma acorde con los derechos de la población afectada. Entre los principales desafíos de protección se destacan: la provisión de documentación para el acceso a la asistencia, la no discriminación en la entrega de ayuda por condición de género, edad y etnia, la prevención de violencia basada en género tanto en alojamientos informales como en los albergues formales, entre otros. En este sentido, el GTP asumió un rol de acompañamiento, asistencia técnica y complementariedad a las entidades responsables, implementando actividades que permitieran asegurar el enfoque de protección en la respuesta, como por ejemplo capacitaciones a las organizaciones encargadas de la gestión de los albergues (Ejército, Policía Nacional y Cruz Roja Colombiana).

Por otro lado, la afectación evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentra la población víctima del conflicto armado. La avalancha afectó especialmente a los barrios de San Miguel, Los Laureles y San Fernando, donde población victima que ha ido con los años desplazándose a Mocoa, se encontraba ubicada en asentamientos irregulares que no brindaban condiciones de seguridad. De acuerdo con los cruces de datos entre el Registro Único de Damnificados y el Registro Único de Víctimas, casi la mitad de población damnificada por el desastre natural también es población víctima del conflicto. La doble afectación de buena parte de la población damnificada puede condicionar las fases posteriores de respuesta a la emergencia, ya que medidas como el retorno a sus lugares de origen no puede tomarse en cuenta si no se aseguran los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad. Asimismo, deben tenerse en cuenta los diferentes procesos de asistencia y acompañamiento que la Unidad para las Víctimas (UARIV) ya venía brindando a la población víctima en la búsqueda de soluciones duraderas y que pudieron verse interrumpidos abruptamente por la ocurrencia del desastre.

La emergencia de Mocoa nos recuerda que la protección deber ser uno de los elementos fundamentales de la planeación la respuesta a emergencias. El trabajo coordinado de los organismos del Estado, las agencias y organizaciones de protección, a través de espacios como el GTP con el apoyo del Clúster de Protección, es esencial para asegurar el acceso a derechos, proteger la vida y la dignidad de la población afectada, de acuerdo con los estándares internacional establecidos por el Comité Permanente Inter- Organismos (IASC) en las Directrices Operacionales del IASC sobre la Protección de las Personas en Situaciones de Desastres Naturales.

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
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