Colombia

Colombia: Apartadó

Alejandro Angulo Novoa

El bárbaro crimen que aflige a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha puesto más en evidencia dos de los graves problemas que enfrenta Colombia como país. El primero es el de la verdad y el segundo el de la justicia.

Todavía no conocemos la verdad de lo sucedido porque hay dos afirmaciones contradictorias acerca de la autoría de la masacre. El CINEP acoge sin prejuicios las dos afirmaciones convencido de que no habrá paz en Colombia mientras no le creamos a las personas lo que dicen.

Hizo eco a la versión de la Comunidad de Paz porque la considera la parte más débil en el conflicto y, por eso, merecedora de toda la solidaridad en cuanto víctima. Pero recibe también la versión del Gobierno porque lo considera el representante legítimo del Estado colombiano, a pesar de que lo encuentra en una fragmentación dolorosa y en una polarización muy honda que los estudiosos del CINEP han analizado con mucho esmero.

Y aquí surge el problema de la verdad: las dos fuentes son creíbles, pero ninguna de las dos está más allá de toda sospecha. En la versión de la Comunidad de San José de Apartadó, por un lado, se postula que las Fuerzas Armadas de Colombia y las bandas paramilitares son una misma cosa. El CINEP estima, con buenas razones, que dicha afirmación no es adecuada, pese a que tiene numerosas evidencias bien documentadas, de acuerdos entre algunas secciones del Ejército y de la Policía y las bandas paramilitares. En la versión del Gobierno colombiano, por el otro lado, se asume que las Fuerzas Armadas de Colombia son ajenas a toda la devastación paramilitar, pero esas mismas evidencias de acuerdos antes mencionadas impiden cancelar toda sospecha. Sobre todo, cuando algunas de esas evidencias se localizaron en el pasado en la dicha comunidad de paz.

El problema de la verdad no se puede resolver sin un sistema de investigación que permita recoger pruebas sustantivas y objetivas que lleguen más allá de los testimonios orales. Por otro lado, el testimonio oral además de su inadecuación debida a las fallas del sistema, es hoy uno de los riesgos más grandes para la vida de los testigos. En la actual polarización del país, la cual es la materia prima de la guerra, los testigos son, pues, la manera más inadecuada de buscar la verdad por obvias razones. Y muchos miembros de la Comunidad de San José de Apartadó se niegan a testificar por las trágicas consecuencias que han tenido en el pasado, sin el consuelo de disminuir siquiera la impunidad. Por tanto el problema de la verdad no podrá resolverse sin construir dicho sistema de investigación, ya que el existente en nuestro país ha sido justamente criticado por los m=FAltiples vacíos que le impiden funcionar de manera eficaz y eficiente.

El problema de la justicia es, si se quiere, a=FAn más grave. Se conecta con el anterior porque no puede existir justicia sin que se conozca la verdad de los hechos. Pero la Comunidad de San José de Apartadó es, de forma ejemplar, la muestra de las m=FAltiples fallas del sistema nacional de justicia y sus repetidas muestras de impunidad. El conformar una Comunidad de Paz fue motivado por la experiencia de que ni el Estado colombiano, ni los sucesivos gobiernos de turno, lograban evitar los desmanes de los actores armados sobre sus vidas y sus bienes. Tantas muertes y despojos los llevaron a concluir que la =FAnica solución posible era excluir a todos los actores armados, incluyendo a las armas estatales, porque tampoco estas servían a los propósitos de una vida en paz. Experiencia que no es privativa de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Y esta es la verdadera dimensión del problema de la justicia: que no elimina la impunidad y fomenta la corrupción. Como no ha creado una justicia eficaz y eficiente, la sociedad colombiana se debate en un conflicto armado sordo, con cientos de manifestaciones y motivaciones diversas seg=FAn las regiones, pero coincidentes todas en que los vacíos del sistema de justicia, han dejado sin piso los derechos humanos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales que proclama y adopta la Constitución de 1991.

Ambos problemas, el de la verdad y el de la justicia, se entrelazan en un círculo vicioso que hay que romper no solamente con la reforma adecuada de la justicia sino con la reconquista de la credibilidad del Estado como garante de todos los derechos fundamentales de toda la población.