Attachments
RESUMEN EJECUTIVO
El desplazamiento forzado masivo en la subregión del Catatumbo, Norte de Santander, ocurrido desde el 16 de enero de 2025 representa la mayor crisis humanitaria de los últimos años en Colombiai no sólo por el impacto diferencial en las personas afectadas, sino por los desafíos para que el Estado retome el control territorial y se genera la protección integral de la población.
La ubicación geográfica del Catatumbo en la frontera con Venezuela y la conexión con el centro – norte del país lo convierte en un corredor clave para las economías ilegales, lo que ha intensificado la disputa territorial entre grupos armados no estatales (GANE). La sub- región continúa siendo afectada por el conflicto armado y la violencia, afectando gravemente a la población civil.
Desde el 16 de enero de 2025, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC EP (Estado Mayor de Bloques y Frentes - EMBF, Frente 33) han provocado una escalada de violencia que ha resultado en el desplazamiento forzado de más de 62.000ii personas y el confinamiento y/o restricción a la movilidad de cerca de 27.000. Según la proyección de población DANE 2025, en los once municipios del Catatumbo residen al menos 170.396 personas, lo que implicaría que cerca del 37% de la población del Catatumbo ha sido desplazada y el 16% se encuentra confinada o con movilidad restringida.
Las comunidades campesinas, el pueblo indígena Motilón Baríiii y Yukpa, firmantes del Acuerdo de Paz, personas refugiadas y migrantes, y personas defensoras de derechos humanos se ven especialmente afectados. Ante la magnitud de la crisis, el gobierno colombiano declaró el Estado de Conmoción Interior en la región del Catatumbo, lo que le permite emitir decretos legislativos buscando responder a las causas de la perturbación del orden público y evitar la extensión de sus efectos. En coordinación con las autoridades locales, han prestado ayuda humanitaria inmediata y de emergencia en municipios receptores como Tibú, Ocaña y Cúcuta. Las restricciones de acceso, la inseguridad y la magnitud de la emergencia han desbordado la capacidad institucional, afectando la respuesta en zonas rurales y urbanas. A pesar de los esfuerzos de coordinación y apoyo, las necesidades humanitarias siguen siendo críticas.
Con base en este contexto, los riesgos de protección que requieren atención inmediata en el periodo cubierto por este análisis son:
1. Reclutamiento, uso y utilización de Niños, Niñas y Adolescentes.
2. Ataques a personas y bienes protegidos por el DIH.
3. Violencia basada en género.
4. Impedimento o restricción ilícita a la libertad de circulación, confinamiento y desplazamiento forzado.
5. Presencia de minas antipersonal y otros artefactos explosivos.