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Colombia: Amenazas contra los derechos humanos en el Valle del Cauca

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Reproducimos un artículo de Otty Patiño, del Observatorio para la Paz, que forma parte de su investigaciónacerca de los factores de riesgo que enfrentan los Derechos Humanos en el departamento del Valle.
No todos los factores de riesgo para los derechos humanos tienen igual dimensión. Si clasificamos en dos grandes categorías dichos factores, podríamos hablar de fenómenos y actores. El narcotráfico, por ejemplo, es un fenómeno multidimensional y multiactoral. Las FARC son un actor ilegal que pretende unos objetivos de poder. Ambos, en su ejercicio, son generadores de violencia.

En el Valle del Cauca el peligro inmediato para los derechos humanos proviene fundamentalmente del fenómeno del narcotráfico. Ello no quiere decir que los actores ilegales que actúan en este departamento o en sus vecindades no signifiquen grandes riesgos en el mediano y largo plazo. Pero en el momento actual el gran factor de riesgo para la población es el fenómeno del narcotráfico que además de las manifestaciones de violencia que le son consustanciales (ejecuciones sumarias, secuestros y amenazas de muerte para cobrar cuentas de quienes faltan a la palabra en los compromisos económicos, compra de funcionarios públicos, distorsiones económicas como producto del lavado, contrabando, falsificación de identidades, testaferrato, etc.), a todos estos delitos se le suman en la actual situación otros generados por el caos y la competencia entre los distintos micropoderes que pretenden sustituir o llenar el vacío de los dos grandes carteles que antes monopolizaban el tráfico de coca y sus negocios satelitales. Este caos en el narcotráfico es mirado y aprovechado para aumentar su poder por parte de actores armados como las FARC o para facilitar la reinserción del recién desmovilizado bloque Calima.

Breve sinopsis histórica. El cartel de Cali, en unión con los PEPES, contribuyeron de forma importante en la derrota del cartel de Medellín; de esta guerra el cartel del Norte del Valle se sustrajo. Después, el Estado Nacional y la DEA derrotaron al cartel de Cali con la colaboración del cartel del Norte del Valle, el que a su vez fue combatido más tarde por el Estado. Los PEPES derivaron hacia el paramilitarismo, y lo que quedó del cartel del Norte del Valle, en dos grandes bandas delincuenciales, "Los Rastrojos" y "Los Machos", actualmente en pugna por el control del narcotráfico en el Valle del Cauca.

El narcotráfico quebrantó la política. La clase política vallecaucana durante el proceso de crecimiento del narcotráfico careció de iniciativa, y más bien configuró una relación utilitaria de doble vía con el narcotráfico para aprovechar las ventajas económicas evidentes en pos de un fortalecimiento de su poder personal; esta pasividad fue aprovechada por los jefes del narcotráfico para generar una hegemonía en la conducción de los principales asuntos públicos del departamento, el deporte, la política, muchas ramas de la economía, especialmente la industria de la construcción, y también espacios académicos de educación superior. En el segundo momento, el de la derrota de los carteles, que empezó con el proceso 8.000, muchos de los más representativos personeros políticos fueron judicializados y encarcelados. Esto generó una vertiginosa erosión en la gobernabilidad del departamento, no solamente en el marco regional, también en los niveles municipales. Pero la desnarcotización de esos años no obedeció a una crisis interna del narcotráfico, tampoco a una reacción social o política frente al fenómeno narco, sino a la aplicación de una política exterior, la de EEUU en su estrategia de lucha contra las drogas. Ello explica porqué tampoco hubo una reacción rápida ni clara frente a ese proceso de desnarcotización, más bien se percibió como una catástrofe cuyas dimensiones e implicaciones no han sido objeto de análisis serios por parte de los centros de investigación social y económica del departamento. Las reacciones frente a la "catástrofe de la desnarcotización" tuvieron un carácter más bien contestatario. El vocero más caracterizado de ese sentimiento fue Gustavo Álvarez Gardeazábal, quien descalificó con duras frases la injerencia estadounidense y conquistó un aura de popularidad que lo llevó a la Gobernación con más alta votación que sus antecesores. Pero el propio Gardeazábal fue también judicializado, encarcelado, condenado y defenestrado como actor político. Estamos en un tercer momento, que es de incertidumbre, ni la economía, ni la política, ni la sociedad vallecaucanas se han recuperado plenamente del colapso de los carteles, el narcotráfico sigue haciendo de las suyas sin la permisividad y la tolerancia de antes, pero al igual que el primer momento, la dirigencia del Valle del Cauca ignora el fenómeno y algunos sectores de la sociedad, denotan cierta nostalgia por el esplendor de los tiempos del cartel de Cali y del cartel del Norte.

El narcotráfico como regulador de violencia. Los carteles en el Valle del Cauca, durante su existencia, ejercieron la regulación de la violencia en el departamento; al desaparecer dejaron una guerra por el control de su espacio (Rastrojos y Machos). En el área que antes controlaba emergieron muchos pequeños grupos delincuenciales, sobre todo en barrios marginales de la capital del Valle del Cauca, que se fueron especializando en diversas actividades inherentes al negocio del narcotráfico; "oficinas" de cobro, control de rutas, abastecimiento de precursores, manejo de bandas sicariales y demás ilícitos. No parece haber aún un nuevo ordenador. Los narcotraficantes actualmente enfrentados en una guerra de bandas, Montoya y Varela, han señalado su intención de iniciar procesos de sometimiento a la justicia, por fuera del marco de las negociaciones en Santa Fe de Ralito. Propuesta que no parece haber tenido eco en el Gobierno nacional. Cada vez son mayores los rumores de que el paramilitar Carlos Mario Jiménez, "Macaco", se encuentra en el departamento de Risaralda y estaría convirtiéndose en uno de los nuevos reguladores de la violencia y el narcotráfico en el departamento del Valle del Cauca.

Aquí, la relación del narcotráfico y la delincuencia común ha sido tradicionalmente ambivalente; de sometimiento de los delincuentes comunes a las bandas organizadas por los narcotraficantes, o de eliminación de dichos delincuentes a través de acciones de "limpieza social", el asesinato de esa pequeña delincuencia, atracadores de barrio, apartamenteros, expendedores de droga al detal o "jíbaros", raponeros y toda esa población que en el duro argot citadino se ha venido denominando "los desechables", tiene una cierta aceptación social no expresada abiertamente pero que les genera legitimidad a "los duros" de cada zona barrial, así llamados quienes desde su poder ligado a negocios del narcotráfico deciden eliminar a estos pequeños delincuentes mediante métodos sicariales, para su beneficio económico o como medio de conquista de territorios para sus empresas delincuenciales.

La invasión paramilitar. En cuanto a la irrupción paramilitar propiamente dicha, en el Valle del Cauca no fue precisamente un fenómeno gestado al interior del departamento. Fue más bien un fenómeno foráneo que se instaló en el occidente del departamento bajo el nombre de bloque Pacífico, y en la zona centro y norte con la denominación de bloque Calima. Esta fuerza irregular fue organizada desde Antioquia y Urabá, extraídos sus combatientes de los grupos comandados en otras épocas por Carlos Castaño. Pero su relación con los grupos de poder ilegal preexistentes en el Valle del Cauca fueron siempre conflictivas. Pese a ello, los paramilitares penetraron el departamento, realizaron asesinatos y masacres y tuvieron algún apoyo en algunos sectores de poder. El proceso de Santa Fe de Ralito sorprende al bloque Calima sin una aceptación social en las regiones donde operaba y como una fuerza inútil para enfrentar las columnas móviles de las FARC.

De modo que su desmovilización no generó ningún elemento de desprotección frente a la amenaza insurgente y, contrario a lo que se pudiera pensar, no disminuyó el riesgo de violación de derechos humanos, sino que lo aumentó; cada vez son más los indicios de tráfico de armas y el reclutamiento de los excombatientes por las bandas actualmente enfrentadas. Así, es cada vez más evidente que los grupos de autodefensa, desmovilizados o no, vienen fortaleciendo el poder del narcotráfico en el Valle del Cauca.

El Pacífico, una zona crítica para los derechos humanos. La situación del Pacífico se agrava día a día; los síntomas en Buenaventura apuntan a una nueva guerra entre las FARC, narcotraficantes y el bloque Pacífico de las autodefensas comandadas por Adolfo Paz, por el control de los cultivos, laboratorios y rutas para el tráfico y comercialización de narcóticos. En general, toda la zona costera pacífica se ha venido convirtiendo en un territorio en disputa, con el agravante de nuevos cultivos de narcóticos ubicados en la ladera occidental de la cordillera Occidental, el uso de ríos navegables en esta cuenca hidrográfica que le dan rápida salida al océano Pacífico y el acceso al puerto. Toda esta situación encuentra un escenario propicio en las características de Buenaventura, una ciudad-campamento que gira alrededor del muelle, en unas evidentes e históricas condiciones de miseria económica y social que contrastan con la envidiable actividad económica de este puerto, (48% del mercado nacional). La reciente masacre de una decena de jóvenes habitantes de uno de los barrios y las diversas versiones sobre este crimen, son el reflejo de esta terrible y complicada realidad.

La amenaza guerrillera. Los reducidos grupos que quedan del ELN, siguen representando una amenaza sobre todo en materia de potenciales secuestros y la posibilidad latente de que sus miembros deriven hacia las FARC, la delincuencia común, o las bandas de narcotráfico.

El norte del departamento del Cauca, vecino al sur del Valle del Cauca, se desarrolla un inusitado recrudecimiento de la violencia. Con el ataque a la población de Toribío, las FARC empiezan a denotar un cambio en sus tácticas militares en esta región, vecina de los municipios vallunos de Florida y Pradera propuestos por esta guerrilla como escenario para el canje. (ver análisis de Mauricio Silva, "Una reflexión después del ataque a Toribío").

Por otra parte, en el sur del departamento del Chocó, (noroccidente del Valle del Cauca), en la cuenca del río San Juan, se ha venido librando una lucha diaria entre las facciones armadas por el control de este río. Al parecer, las FARC han logrado obtener, en los últimos meses, el predominio en este territorio cuya importancia logística está ligada fundamentalmente al tráfico de drogas.

Los factores de protección. Es indudable que la generación de políticas públicas que beneficien de manera directa o indirecta la protección de los derechos humanos está en proporción directa a la conciencia que los actores de poder tengan de los fenómenos de violencia, su actitud moral y la capacidad de oponerse a ellos, destruirlos, transarlos o trascenderlos.

1. El Observatorio del Valle del Cauca. El Valle del Cauca ha contado, desde hace ya más de veinte años, con interesantes instrumentos de medición y ubicación de los fenómenos de violencia. Uno de ellos ha sido el Observatorio para la Paz, el Seguimiento al Conflicto y al Desplazamiento en el Valle del Cauca. A partir de septiembre de 2003 este Observatorio detectó un incremento de la violencia en el departamento que no correspondía ni era atribuible a los actores armados tradicionales, ni correspondía a sus lógicas. Esta "nueva" violencia se manifestaba en homicidios selectivos y masacres concentradas en nuevas áreas. Esta mancha de violencia, aparentemente inorgánica, fue invadiendo algunas áreas urbanas, en especial Cali, Buenaventura y Tuluá. Los analistas de este Observatorio coinciden con nosotros en que la única hipótesis posible es que esta violencia sea causada por los procesos de descomposición y los intentos de recomposición de grupos directamente ligados a los negocios del narcotráfico, sin una pretensión estratégica o política predeterminada.

2. La Fuerza Pública. La institución que más conciencia tiene frente a este fenómeno de descomposición del narcotráfico es la Policía porque su actividad se desarrolla más en los ámbitos de lo local. Su misión en el área metropolitana de Cali, por ejemplo, se ha concentrado en un esfuerzo de contención del crimen a través de la racionalización y multiplicación de recursos, con evidentes logros como la disminución de homicidios, atracos, etc.. No podría decirse lo mismo en el resto del departamento.

La visión del Valle del Cauca, desde la perspectiva de las Fuerzas Militares, en el desarrollo de la política de Seguridad Democrática y del Plan Patriota, atiende a realidades dentro de contextos macrorregionales y no de las particularidades departamentales, en este caso la del Valle del Cauca. Allí su estrategia lo lleva a ocuparse de las dos cordilleras y del litoral pacífico, pero dentro de un contexto global y un objetivo claro; la confrontación con las FARC.

3. El sector empresarial. Parte del empresariado vallecaucano percibe un ambiente de cambio, en términos de confianza, seguridad, empleo e inversión, producto de la Política de Seguridad Democrática. Piensan que es apenas el comienzo de un nuevo despegue económico que generaría un proceso irreversible hacia el progreso y la tranquilidad como perspectiva del departamento con la posible firma del TLC, dadas las evidentes ventajas del Valle del Cauca en términos geográficos y de infraestructura vial y marítima. Sin embargo, esta percepción optimista no es compartida por otros sectores. La inclusión en la lista Clinton de las empresas agrícolas de los Grajales con epicentro en el municipio de La Unión, puede causar una catástrofe social y económica en una gran zona del departamento que abarca otros trece municipios.

4. La Gobernación del departamento. Frente a las amenazas de riesgo, FARC y narcotráfico, la posición institucional de la Gobernación no ha sido homogénea.

Con respecto a las FARC tiene una postura a favor de la negociación política y del acuerdo humanitario; ello parece haber blindado de alguna manera al departamento de posibles acciones de esta guerrilla. Sin embargo esta neutralización puede no ser tan clara después de los enfrentamientos del norte del Cauca y su posible tendencia hacia la presión por el canje exigido por las FARC. Frente a la amenaza del narcotráfico, la situación es de alto riesgo. No se vislumbran políticas de contención o afectación del fenómeno a nivel nacional, departamental ni local. Sólo una reacción policial de contención de la delincuencia que se desprende del narcotráfico, pero no una política de trascender ese fenómeno en su complejidad económica, social, militar y política.

En los niveles municipales las alertas se han disparado en Cali, Buenaventura y Tuluá. Sin embargo, todavía no hay políticas municipales para generar procesos sólidos hacia la recuperación de la vigencia plena de los derechos humanos. El temor ciudadano, la debilidad institucional y la fragilidad política en la mayoría de los municipios vallecaucanos no permiten avizorar un panorama alentador al respecto en el corto plazo.

Conclusión: El mayor factor de riesgo en el Valle del Cauca está determinado actualmente por la descomposición de los carteles del narcotráfico y no por los grandes actores armados en un escenario de fragilidad socioeconómica y política.

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