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Cerca de 7000 miembros de las FARC-EP llegaron a las zonas donde la misión de las Naciones Unidas verificará la dejación de armas

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Bogotá, Colombia, 19 de Febrero / 2017 - Alrededor de 300 hombres y mujeres llegaron el 18 de febrero a la Zona de Agua Bonita, en el departamento de Caquetá, centro de Colombia, donde la Misión de la ONU verificará la dejación de armas. Este desplazamiento completa la llegada de alrededor de 6.900 hombres y mujeres de las FARC-EP, algunas de ellas embarazadas o con niños pequeños, para iniciar su tránsito a la vida civil.

En los últimos 19 días viajaron en carros, buses, barcos ó caminaron alrededor de 8.700 km por 36 rutas en todo el país, acompañados por más de 860 mujeres y hombres del Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación (MM&V) -con el Gobierno, las FARC-EP y coordinado por la Misión de las Naciones Unidas en Colombia-, trabajando en estrecha coordinación con la Fuerza Pública.

Uno de los recién llegados a la zona de Agua Bonita es Pancho, de 10 meses de edad, cuya madre se unió a las FARC-EP hace unos años. Su padre también forma parte del tercer frente de las FARC-EP y como familia van a vivir juntos en el campamento, para lo cual el Gobierno proporcionará logística, y donde la Misión de la ONU tendrá presencia permanente para verificar la dejación de las armas.

"La Misión de las Naciones Unidas en Colombia y el MM&V consideran que la decisión de las FARC-EP de trasladarse a las zonas -a pesar de la logística limitada en la mayoría de ellas- es muy positiva", aseguró el general Javier Pérez Aquino, Jefe de los Observadores y Coordinador del MM&V, llamando este día como "histórico".

"Esta decisión reduce considerablemente la posibilidad de contacto armado (...) y también esperamos que su presencia acelere las obras de construcción en estos campamentos, dándose así las condiciones adecuadas para continuar con el proceso que conducirá a su reinserción a la vida social, económica y política", agregó.

Pérez Aquino explicó a los periodistas del departamento de Caquetá que a pesar de la necesidad de finalizar la logística en torno a los campamentos, el plazo para la dejación de las armas sigue siendo 180 días después de la entrada en vigencia del Acuerdo Final el 1 de diciembre.

En la oficina de Bogotá, así como en las 8 regiones y las 26 zonas locales, las FARC-EP y los miembros del Gobierno trabajan juntos diariamente, verificando los compromisos de las partes hacia la cesación del fuego y el cese de hostilidades, junto con 350 observadores de 16 países, la mayoría de ellos de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, y también de Gran Bretaña, Noruega, Portugal, España y Suecia.

Esperanza Fajardo, de 45 años, dijo que se unió a las FARC-EP en los años 90, escapando de los asesinatos de las afiliadas políticas izquierdistas de la Unión Patriótica. Hoy ella trabaja mano a mano con el Gobierno y las contrapartes de la Misión de las Naciones Unidas. "Trabajamos juntos para implementar el Acuerdo Final y tengo la esperanza de que este proceso conduzca a un país con más justicia social".

Su homólogo del Gobierno, el alcalde Alejandro Cruz, tiene una enorme cicatriz en el pecho. "Me lastimé dos veces en combate contra las FARC-EP", explica. "Me siento muy comprometido con este proceso porque quiero que nuestros hijos y nietos vivan en un país libre de conflictos".

El Coordinador del Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación, General Pérez Aquino, elogió el arduo trabajo de los miembros del MM&V y su compromiso con el proceso de paz, acompañando al movimiento FARC-EP y monitoreando la cesación del fuego y el cese de las hostilidades. Agregó que para que este proceso sea eficaz, es necesario consolidar otros aspectos del Acuerdo Final, como el apoyo logístico, la seguridad y las condiciones sociales y económicas que permitan la transición a la vida civil y lleven a una paz sostenible y duradera.