Campesinos declaran refugio humanitario a Puerto López ante asesinatos selectivos

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from Instituto Popular de Capacitación
Published on 09 Jul 2016 View Original

La organización Aheramigua denunció 17 asesinatos selectivos de líderes campesinos y sociales entre El Bagre y Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño.

Hasta Bogotá viajó a principio de semana Mauricio Sánchez Sánchez, presidente de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua), para denunciar ante la Defensoría del Pueblo el asesinato a manos de paramilitares de al menos 17 campesinos –cuatro de ellos, mototaxistas– entre el corregimiento Puerto López de El Bagre y la zona rural de Zaragoza en el primer semestre de 2016.

Según el líder campesino, ese es el número de casos que hasta ahora esa organización ha podido registrar, porque “la mayoría de las veces no se denuncian”. No obstante, aseguró que ha habido más asesinatos selectivos en las partes altas y montañosas de la región de Guamocó: La Rebatiña, Río Bagre y Campo Alegre. En esas veredas, ubicadas en jurisdicción de Zaragoza, pero que por cercanía confluyen en el corregimiento Puerto López, es “donde han estado más activos los paramilitares en los últimos meses”.

Uno de los casos más recientes es el de William Cabrera Mendoza, presidente del Comité de Mototaxistas de las veredas La Coquera y La Corona, quien fue asesinado el pasado 29 de junio a las 5:00 a.m. cuando salía de su vivienda, ubicada en el casco urbano de El Bagre. En días pasados, el líder social había sido organizador de una marcha en apoyo al proceso de paz y había gestionado recursos para ampliar una carretera.

Aunque este caso fue debidamente registrado a partir de la información recogida en campo, en muchos casos no hay datos sobre las víctimas, especificó Sánchez Sánchez:

''no tenemos los nombres de todas las personas que han muerto a manos de los paramilitares, porque a la gente hasta eso le da miedo: que se conozca el nombre del difunto, pues temen que los paramilitares puedan arremeter contra sus familias si denuncian ante las autoridades locales —tal como lo indican algunos rumores—.''

Al respecto, José Serpa Quiroz, secretario de Gobierno de El Bagre, reconoció que “hay un problema de orden público” que permanece latente y del cual tienen conocimiento los gobiernos Departamental y Nacional, pero cuestionó la veracidad de esa cifra. “De verdad que nos preocupa cuando muy irresponsablemente sacan comunicaciones que no son de la fuente real de la entidades que tienen la información específicamente”.

Sumado a los asesinatos, el directivo de Aheramigua también denunció el martes otras situaciones que vulneran los derechos de las comunidades. Entre ellas, la amenaza que realizaron el pasado 3 de junio cerca de 50 paramilitares en la vereda Río Bagre, a donde llegaron uniformados y armados, y les avisaron a los habitantes que tenían una lista de 70 personas de Puerto López a quienes ya empezaron a asesinar.

Debido a amenazas de ese tipo, y a los asesinatos y las confrontaciones que se han presentado entre el grupo paramilitar y guerrillas de las FARC y el ELN desde el año pasado, “hay en este momento un desplazamiento invisible, porque los pobladores se está yendo –muchos de ellos hacia el Sur de Bolívar– por miedo a la violencia en el territorio, y como no denuncian, no está siendo registrados por la Unidad para las Víctimas ni por la Defensoría del Pueblo”, afirmó Sánchez Sánchez. Por todo lo anterior, tan solo en el casco urbano de Puerto López habría medio centenar de casas desocupadas.

Eso explicaría, en parte, la denuncia hecha el martes por la exsenadora Piedad Córdoba Ruíz, quien afirmó a través de su cuenta de Twitter, utilizando el hashtag #ElBagreTambienEsColombia, que 500 niños y algunos maestros no están asistiendo a clases.

Así lo reafirmó Sánchez Sánchez cuando sostuvo que muchos padres no están enviando a sus hijos a estudiar por temor a que queden en medio del fuego cruzado, por posibles combates, o porque ya abandonaron el corregimiento.

Sin embargo, Serpa Quiroz aseveró que “eso es completamente falso. Es lógico que hay estudiantes que al iniciar nuevamente las clases después de vacaciones no lleguen porque algunos se dedican a apoyar a sus padres en los cultivos de pancoger, para poder tener recursos y regresar a los estudios. Pero Puerto López está en una actividad escolar normal y en el transcurso de la semana entregaremos más de 1.500 kits escolares”.

Entre vigilias por la paz y fuerzas militares

Algunos de los pobladores que aún resisten en Puerto López declararon el casco urbano del corregimiento como Campamento de Refugio Humanitario desde el pasado 28 de junio. Con ello, pretenden que tener un espacio adecuado para que quienes se desplacen lleguen hasta ahí y sean atendidos por organizaciones que les ayuden a exigir la garantía de sus derechos.

Así lo explicó el presidente de Aheramigua, quien anotó que desde finales de mayo los habitantes han realizado de forma intermitente vigilias por la paz, que consisten en encuentros con iglesias de diferentes religiones en los que oran por la paz del país y las iniciativas de paz comunitaria, y hacen memoria de las víctimas de todos los actores armados, legales e ilegales, que han caído en la región.

Con esas acciones han visibilizado la problemática y presionado a la Administración Municipal para que esta, a su vez, exhorte a las autoridades departamentales y nacionales a intervenir. Eso a pesar de que Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, declaró en días pasados a través de la televisión regional que en El Bagre no hay alteración del orden público.

No obstante, el secretario de Gobierno de ese municipio admitió prudentemente que debido a “la ola de inseguridad y de violencia” que se ha presentado en ese territorio, sobre todo en la ruralidad, la Administración Municipal le solicitó mayor intervención a la Fuerza Pública, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia. Y ahora ellos “están tomando el control de toda la situación”.

De hecho, fuentes extraoficiales informaron que en el Consejo de Seguridad realizado el pasado 28 de junio en El Bagre, con presencia de autoridades del orden civil y militar, anunciaron que destinarían un batallón contraguerilla de 250 hombres para ese municipio y otros dos para Zaragoza y Cáceres a partir del 10 de julio. Eso sumado a los policías y militares que están permanentemente en esos territorios y las brigadas móviles que se desplazan constantemente.

Sobre esa medida, Sánchez Sánchez criticó que si bien se ha reforzado la presencia de Fuerza Pública en Puerto López, sus acciones han estado encaminadas a atacar la minería ilegal –“criminalizando al sector minero, como si fuera el único que pagara extorsiones a los grupos armados”– en vez de acudir a los corredores denunciados por los pobladores a ejecutar operativos para combatir a los paramilitares. “Entonces, prefieren arremeter contra las comunidades mineras y dejar a los paramilitares ahí a un lado, quieticos”.

Lo importante, resaltó, es que con las acciones emprendidas por la comunidad y la Administración Municipal ya se ha logrado visibilizar las condiciones de violencia que se viven en El Bagre y, puntualmente, en Puerto López, para que la opinión pública nacional e internacional se entere de que los pobladores necesitan que “el Gobierno asuma de manera responsable la garantía de los derechos humanos” y que “se le haga seguimiento real a la situación de crisis humanitaria en la región”.

De ese modo, Aheramigua espera que se tomen medidas propicias para detener el asesinato selectivo de líderes campesinos, indígenas y sociales –señalados por los paramilitares de tener vínculos con grupos subversivos–, entre otras formas de violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en El Bagre y el resto del Bajo Cauca, subregión afectada históricamente por el conflicto armado y sus formas de economía ilegal.

Piden ampliar medidas de protección para líderes

Además de denunciar los 17 asesinatos selectivos, Mauricio Sánchez Sánchez, presidente de Aheramigua, le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que les amplíen las medidas de seguridad a los líderes de esa organización campesina y minera, porque el chaleco antibalas –que cubre únicamente el torso– y el celular –que no funciona en las veredas donde la señal es nula– son insuficientes.

“Nosotros decimos que el chaleco y el celular sirven en una pequeña medida, pero necesitamos que se amplíen las medidas para los miembros de la organización y las comunidades en general, porque esas medidas de protección deberían ser colectivas, pues en últimas son las comunidades las que están en riesgo en estos momentos. Y el Gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar los derechos humanos, sobre todo el derecho a la vida de quienes están en los territorios”, concluyó Sánchez Sánchez.