El departamento de Córdoba, con capital en Montería, está ubicado en la zona noroeste de Colombia. Limita al norte con el mar Caribe y el departamento de Sucre; al oeste con el mar Caribe y el departamento de Antioquia; al este con los departamentos de Bolívar, Sucre y Antioquia y al sur con el departamento de Antioquia. Tiene una extensión de 23.980 kilómetros distribuidos en 30 municipios.
MENSAJES CLAVES
• Las dinámicas de conflicto armado en el departamento de Córdoba producen hechos de violencia armada contra la población civil, generando impacto humanitario, especialmente en las comunidades étnicas y campesinas. Estas comunidades son las más vulnerables dada su ubicación geográfica en zonas dispersas y de difícil acceso, escenario que facilita la presencia de Grupos Armados No Estatales (GANE) y obstaculiza la presencia del Estado; por lo que se configuran violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario a través de hechos victimizantes que se atribuyen al control de corredores estratégicos para el desarrollo de las economías ilícitas. Para el año 2022 se presentaron: i) Homicidios selectivos, en su mayoría relacionados con amenazas por prácticas de exterminio social (comúnmente llamada limpieza social); ii) Desplazamientos masivos e individuales por combates y confrontaciones entre población civil y unidades de erradicación; iii) Restricciones a la movilidad y confinamientos; iv) Amenazas individuales a líderes y lideresas sociales y comunitarios, e v) incidentes con minas antipersonal (MAP) y Municiones sin explosionar (MSE). Además del subregistro de eventos por reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes.
• En el marco de la AT 054/19 de la Defensoría del Pueblo para los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré se describen los escenarios de riesgo para la población civil generados por la violencia armada, siendo: reclutamiento, uso y utilización; contaminación por MAP/MSE; desaparición forzada; desplazamiento forzado; homicidio; masacre; violencia sexual; amenazas; restricciones a la movilidad y acciones armadas con interposición de la población civil. Según la Defensoría del Pueblo, se evidencia la persistencia del riesgo, con tendencia a su agudización dado el establecimiento de un orden violento para el control territorial y social, afectando especialmente a las comunidades de zonas dispersas y de difícil acceso de estos municipios que convergen con las zonas de disputa y de control de los GANE que hacen presencia en el territorio.
• Sumado a la violencia armada, las comunidades han tenido doble afectación por desastres por variabilidad climática en todo el departamento dada la temporada de lluvias y la presencia del Fenómeno de la Niña entre abril y julio. Según el diagnóstico de temporada de lluvias en 2022, hubo afectaciones en el 93 por ciento de Córdoba con 29 municipios afectados y 28 municipios con decreto municipal de calamidad pública. La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) declaró alerta roja en la cuenca alta y baja del río San Jorge y otros afluentes hídricos, especialmente los ríos San Pedro y Uré, con posibles incrementos de niveles en los caños y ciénagas del Alto y Bajo San Jorge. Las afectaciones por desastres se han presentado también en otros departamentos de la región Caribe por el Fenómeno de la Niña. Desde abril de 2022, la subregión de La Mojana compuesta por municipios de Sucre (Majagual, San Benito Abad, Sucre, Caimito, Guaranda, San Marcos), de Bolívar (San Jacinto del Cauca, Achí y Magangué), de Antioquia (Nechí) y de Córdoba (Ayapel), ha tenido nuevas afectaciones por inundación a gran escala con más de 165.000 personas.
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