Briefing Departamental, Córdoba, Junio 2020

MENSAJES CLAVES

• El departamento de Córdoba presenta diferentes situaciones humanitarias relacionadas con el conflicto armado y con la violencia generalizada que afectan a la población civil, tales como: amenazas y homicidios contra líderes y defensores de derechos humanos, control social y violencia sexual basada en género (VBG). Actualmente, la dinámica de la violencia armada en la región se atribuye a la disputa territorial a través del control social por parte de los Grupos Armados Organizados (GAO); así mismo, la relación con los intereses de estos en los corredores estratégicos para el desarrollo de sus economías ilícitas (extorsiones, minería ilegal, cultivos ilícitos), principalmente en los lugares que dejaron las FARC-EP, luego de su proceso de agrupamiento y desmovilización en el marco del Acuerdo de Paz con el Gobierno Nacional.

• Las consecuencias humanitarias de la violencia armada en el departamento se reflejan en limitaciones a la movilidad, restricciones al acceso de bienes y servicios, confinamiento y desplazamiento forzado individual y masivo, además de las víctimas por accidentes con artefactos explosivos, reclutamiento, utilización y vinculaciones de niños, niñas y adolescentes (NNA), y la explotación sexual laboral. El segundo semestre del 2019 evidencia un incremento en el número de víctimas por la violencia; se mantienen riesgos y vacíos en el goce efectivo de derechos que requieren de garantías de protección y respuesta por parte del Estado, principalmente en municipios del sur del departamento, bajo Sinú y zona costanera (aunque con menos visibilidad). Estos hechos agudizan la vulnerabilidad de la población al conjugarse con las necesidades en materia de salud, agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria y nutrición, además de los desafíos en materia institucional.

• Una de las mayores preocupaciones en el territorio son las amenazas y otros ataques ejercidos contra líderes y lideresas sociales involucrados en procesos de restitución de tierras, defensores de derechos humanos (DD.HH.) y sus familiares quienes han sido víctimas de diversos ataques por parte de grupos al margen de la ley.De igual forma, la instauración de grandes proyectos extractivos, en municipios del sur de Córdoba donde aún existen cultivos de uso ilícito, es un factor que ha contribuido a una mayor militarización en la zona, detonante de confrontaciones armadas e impactos humanitarios en la población civil; en estos territorios también convive población indígena Emberá Katíos, Zenú y Consejos Comunitarios Afros resultando ser uno de los grupos poblacionales con mayor afectación. Estos hechos que se hacen cada vez más recurrentes con la entrada al territorio de nuevos GAO quienes se disputan el control de las economías ilícitas de droga y extracción de minerales.