Briefing Departamental, Córdoba | Enero - Julio 2021

El departamento de Córdoba, con capital en Montería, está ubicado en la zona noroeste de Colombia. Limita al norte con el mar Caribe y el departamento de Sucre; al oeste con el mar Caribe y el departamento de Antioquia; al este con los departamentos de Bolívar, Sucre y Antioquia y al sur con el departamento de Antioquia. Tiene una extensión de 23.980 kilómetros distribuidos en 30 municipios. El departamento posee seis resguardos indígenas de los pueblos Emberá Katío y Zenú con 202.621 personas (11,35%) principalmente en los municipios de Tierralta, Puerto Libertador, Chimá,
Chinú, San Andrés de Sotavento; ypoblación afrocolombiana con 102.251 personas (5,73%).

MENSAJES CLAVES

• El departamento de Córdoba presenta dinámicas relacionadas con hechos de violencia armada que afectan a la población civil y que generan impacto humanitario, en especial a comunidades étnicas y campesinas. Esta dinámica se atribuye a la disputa por el control territorial por parte de los Grupos Delictivos Organizados (GDO)7 y su interés de controlar los corredores estratégicos para el desarrollo de economías ilícitas (extorsiones, minería ilegal, cultivos de uso ilícito, entre otras). Las mayores preocupaciones en el territorio en el año 2021 han sido las emergencias por desplazamiento forzado individual y masivo, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los GDO restricciones a la movilidad y al acceso a bienes y servicios, amenazas individuales y colectivas, homicidios selectivos, masacres y víctimas por accidentes con artefactos explosivos. La vulnerabilidad de la población se agudizó por la afectación y convergencia de la emergencia sanitaria por COVID-19 en las comunidades de las zonas rurales y dispersas.

• La instauración de grandes proyectos extractivos, la presencia de cultivos de uso ilícito y procesos de minería ilegal en el sur del departamento, son factores que han contribuido a una mayor militarización por parte de la fuerza pública y presencia de grupos armados no estatales (GANE) en la zona. Lo anterior ha sido un detonante de confrontaciones armadas con impactos humanitarios en la población civil. Puesto que se generan desplazamientos masivos en los cuáles se afectan comunidades indígenas y campesinas. Otro hecho con impacto humanitario que se ha presentado en el departamento es la erradicación forzada de cultivos de uso lícito, lo cual ha generado presiones por parte de grupos armados no estatales contra la población civil para que impidan el ingreso de las unidades de erradicación, generando amenazas y bloqueos de vías por parte de los cultivadores, quienes argumentan que el gobierno no ha cumplido con lo establecido en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Por lo cual, se ha identificado que no solamente son necesarias las acciones para el control de la oferta del cultivo de coca en el departamento, sino la ejecución de acciones de intervención ligadas a la transformación del territorio8, lo que incluye reducir las vulnerabilidades de la población cultivadora mediante estrategias incorporadas en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En Córdoba, para el 2021 se presentó un incremento de cerca del 30 por ciento del área cultivada con coca respecto al 2019.

• La situación humanitaria generada por desastres de origen natural en el 2021 debido a la ocurrencia del Fenómeno de la Niña se evidencia en la declaratoria de calamidad pública en 7 municipios del departamento9.Por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM y de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) ha circulado los últimos boletines con alerta roja en la cuenca alta y baja del río San Jorge por inundaciones y crecientes súbitas, teniendo su mayor impacto en los municipios pertenecientes a la subregión del San Jorge como en San José de Uré, Montelíbano y Puerto Libertador, los cuales fueron afectados por crecientes súbitas e inundaciones en zonas rurales y urbanas de los municipios, incluyendo comunidades indígenas, con más de 4.700 personas afectadas en el mes de junio y julio. Estos eventos, sumados al escenario de violencia armada y COVID-19 incrementó las necesidades que existen en el departamento en materia de salud, agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria y nutrición, y generando de desafíos en materia de respuesta institucional.