Boletín Humanitario Mensual - Número 65 | Octubre 2017

DESTACADOS

  • En diez meses, la cifra de desplazados 2017 superó el total del año 2016

  • Las restricciones al acceso afectan a comunidades y organismos humanitarios

  • Persiste el incremento de ataques contra civiles, particularmente homicidios y amenazas

Los defensores y defensoras de derechos humanos desempeñan un papel clave para la construcción de la paz

Por: Todd Howland, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia

Por ello, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace seguimiento a la situación de los líderes defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones sociales y políticas, así como aquellas personas que reivindican sus derechos en el marco de las movilizaciones sociales. No obstante, la Oficina prioriza el seguimiento a los casos de homicidios de líderes por el impacto que supone la agresión para las comunidades y sus procesos organizativos.

La Oficina observó que en este año la mayoría de los homicidios de líderes ocurrieron en zonas rurales particularmente donde las FARC-EP ejercían influencia y en donde el Estado no ha hecho presencia, ocasionando un vacío de poder que imposibilita la transformación de las economías ilícitas, generando así un contexto de violencia generalizada en la cual se enmarcan los homicidios contra defensores.

Así mismo, este año el porcentaje de asesinatos de líderes registró un incremento en zonas urbanas secundarias donde, contrariamente a lo observado en lo rural, los indicios relacionados con los homicidios se inclinan mayoritariamente a la denuncia de actividades ilegales. Esto evidencia un reciente cambio sobre los motivos por los cuales son asesinados los defensores, ya que anteriormente la agresión se enmarcaba presuntamente en un contexto de oposición a las políticas del Estado y, actualmente, es el apoyar a las políticas del gobierno en contra de la criminalidad lo que genera un riesgo para la labor de los defensores de derechos humanos. Lo anterior, así como el elevado número de homicidios cometidos bajo la modalidad de sicariato, demuestra el fuerte posicionamiento de la ilegalidad.

En una tercera parte de los casos a los cuales la Oficina hizo seguimiento, se evidencian diversos grados de afectaciones tanto a familiares, comunidades y procesos organizativos, identificando como las más afectadas a las juntas de acción comunal en veredas y a las organizaciones comunitarias de base. En los casos ocurridos en Chocó se registraron desplazamientos masivos de población a raíz de esos homicidios.

Finalmente, también preocupa que este año haya habido un incremento de homicidios en el marco del desarrollo de movilizaciones sociales. Quienes ejercen la reivindicación de sus derechos no pueden ser considerados como actores armados. El Estado debe asumir que la defensa de los derechos humanos a través de la participación en movilizaciones sociales es legítima y debe ser garantizada por las entidades estatales, particularmente por la Policía Nacional.

Situación Humanitaria Octubre 2017

Preocupa el incremento de desplazamientos masivos

Durante los primeros diez meses de 2017, el número de personas afectadas (13,096) por desplazamientos masivos incrementó un 32 por ciento comparado con el mismo periodo del año anterior. Preocupa que las personas desplazadas representan el 120 por ciento del total registrados en el año 2016. De continuar esta tendencia, el 2017 podría terminar con una cifra de desplazados en eventos masivos igual o superior a la de 2015 cuando había un actor armado más que hacía parte del conflicto colombiano y antes del cese al fuego bilateral entre las FARC-EP y el Gobierno.

La región Pacífico ha concentrado el 81 por ciento de las personas en situación de desplazamiento, teniendo un mayor impacto en las comunidades afrodescendientes e indígenas (79%). La región de la frontera con Venezuela, particularmente Norte de Santander registra el nueve por ciento de las personas desplazadas y las regiones noroccidente y sur el 10 por ciento restante.

Se destaca un aumento del 40 por ciento en el número de municipios afectados pasando de 20 a 28 respecto a 2016. De estos, 19 municipios (68%) corresponde a la región pacífico y han registrado al menos un evento de desplazamiento masivo. Los enfrentamientos entre los diferentes grupos armados siguen siendo la principal causa de estas emergencias, seguidos de las acciones unilaterales de grupos armados desconocidos según el monitoreo de OCHA.

Nuevas dinámicas y vacíos en el registro dificultan la respuesta oportuna

En octubre se registraron cuatro eventos de desplazamientos masivos afectando a cerca de 2.255 personas en los departamentos de Chocó y Nariño, varios de ellos relacionandos a ataques contra líderes poniendo en riesgo su ejercicio en la defensa de los derechos y autonomía territorial de las comunidades. Particularmente Tumaco, tanto a nivel rural como urbano y la cuenca del río Baudó se han destacado este año por las disputas entre actores armados, la mayoría sin identificar en Nariño y con participación del ELN y AGC en Chocó, como parte de la reconfiguración de estos actores. La ubicación geoestratégica con salida al mar de estos territorios, además de los vacíos que presentan algunos procesos de la implementación del acuero de paz, propicia el escenario para que las nuevas dinámicas de violencia generalizada generen impacto un la población.

Pesisten desafíos asociados al registro de la población desplazada tanto por la presencia y cooptación de actores armados, como limitantes en los procedimientos para la aplicación efectiva de directrices. Esta situación dificulta los procesos administrativos en el nivel local para tomar las declaraciones individuales y caracterizar los desplazamientos masivos, representando una barrera en el monitoreo general de la situación y para determinar la respuesta tanto individual como colectiva de la población desplazada.

Continúan las restricciones a través de acciones de control social y territorial

Entre enero y octubre de 2017, al menos 105.289 personas han sufrido limitaciones a la movilidad y restricciones de acceso a bienes y servicios, en 125 eventos registrados como consecuencia de la violencia armada. Se observa un incremento del 54 por ciento en el total de eventos respecto al mismo período del año anterior. Se prevé que la cifra de afectados sea mayor dado el impacto de la afectación y un difícil monitoreo por las características propias de los eventos. Las emergencias de origen natural (47%), las acciones de violencia armada (40%) y de movilización social (13%) son las principales causas de estas restricciones.

Las acciones unilaterales de grupos armados armados desconocidos, seguidos de las disidencias FARC y los enfrentamientos entre diferentes grupos armados incluyendo la Fuerza Pública, son los desencadenantes de los eventos de violencia armada. En octubre se identificaron restricciones a los servicios de energía eléctrica por causa de un ataque en Cauca (6,700 afectados), a la educación por enfrentamientos recurrentes en Nariño (1,393 NNA y 250 adultos) y limitaciones en la movilidad para comunidades desplazadas y receptoras en Chocó.

Se destaca que en 2017 cerca de 25 eventos de restricciones al acceso interfieren en la operación y realización de misiones humanitarias, a diferencia de años anteriores.

En Guaviare la presencia de MAP/MUSE limitó el paso de civiles y misiones humanitarias durante 10 días y en Córdoba operativos militares restringieron las actividades de un actor humanitario y el acceso a bienes, servicios y derechos para comunidades en zona rural.

Los ataques contra la población civil siguen en aumento

Entre enero y octubre se reporta un incremento (28%) en el número de ataques contra la población civil, comparando el mismo período del año anterior, siendo los departamentos de Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Cauca y Arauca los mas afectados. A excepción de febrero y marzo, mes a mes se evidencia un aumento en la tendencia de los eventos frente al año anterior. Octubre además de ser uno de los meses más violento del año muestra un incremento del 76 por ciento en el número de ataques respecto a 2016.

Las persistencia de las amenazas (8%) y el incremento alamante del número de homicidios (207%) y heridas (230%) intencionales en persona protegida son los ataques con mayor impacto en el año, seguidos de atentados (59%) y secuestros (44%), respecto al mismo período en 2016. Grupos armados desconocidos siguen siendo los principales responsables de los ataques contra civiles (55%), seguidos de los GAPD (24%), ELN (12%) y en una menor proporción se registran las disidencias FARC y EPL. Generalmente estos hechos se traducen en desplazamientos individuales o limitaciones a la movilidad y al acceso de las comunidades como mecanismo de protección e invisibilizando la situación humanitaria.

En los diez primeros meses del año, llama la atención el alto incremento (357%) de las acciones armadas por parte del EPL, siendo un factor de riesgo para las comunidades donde se concentra este grupo armado, particularmente en la frontera con Venezuela.

En Octubre, mes en que empezó el cese al fuego bilateral entre el ELN y el Gobierno de Colombia, se registraron cinco ataques contra población civil confirmándose una violación a este acuerdo. En este mes las amenazas se concentraron principalmente en Nariño, Caquetá y Antioquia y los homicidios intencional pasaron de 20 a 45 (125%), siendo el segundo mes con más homicidios del año. Personas que ejercen algún tipo de liderazgo social o defensa de los derechos humanos, tanto en zonas rurales vulnerables y urbanas con alto riesgo y necesidades de protección, son las que han sufrido el impacto de estos ataques. Las ciudades donde se concretó una gran cantidad de homicidios durante octubre son: Tumaco (Nariño), Puerto Guzmán (Putumayo), Villa del Rosario (Norte de Santander) y Medellín.

Emergencias y afectaciones por temporada de lluvias

Entre enero y octubre del año en curso, las temporadas de lluvias en gran parte del territorio han desencadenado emergencias pricipalmente por inundaciones (79%), afectando aproximadamente a 547.529 personas , principalmente en el Noroccidente, pacífico y sur del país. En Octubre, las cifras oficiales registran al menos 26.625 personas afectadas por estos eventos, concentrándose el 84 por ciento de la afectación en Magdalena (seis municipios) y Cauca (Timbiquí) con 22.445 personas daminificadas.

Dichas emergencias tuvieron seguimiento desde las oficinas de terreno, incluso se publicó un Flash Update N°1 para el caso de Timbiquí por la declaratoria de calamidad pública por parte de la Oficina Asesora de Gestión de Riesgo de Desastres del Cauca (OAGR).

Con el fin de dar la respuesta primaria a las familias damnificadas por las inundaciones, en el caso de Magdalena la UNGRD entregó ayudas humanitarias de emergencias (2.000 kits alimentarios, 2.000 kits de aseo y 9.000 frazadas) como apoyo para las autoridades municipales y departamentales. Así mismo, acompañó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y activó el mecanismo de banco de maquinaria amarilla de manera complementaria a la gestión de la Gobernación ante esta situación. Para el caso de Timbiquí, al menos 5.820 personas (1.164 familias) recibieron asistencia humanitaria de emergencia, entregada con apoyo de la autoridad local de gestión del riesgo.

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs:

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