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Actualización #16 respuesta del ACNUR en Colombia (1-15 de noviembre 2020)

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Contexto Actual

El Ministerio de Salud de Colombia confirmó 1.308.373 casos de COVID-19 con corte al 29 de noviembre, siendo Bogotá la cuidad que concentra el mayor número de casos confirmados (374.077). Un total de 36.584 personas han muerto a causa de COVID-19 y 1.204.452 se han recuperado.

Según Migración Colombia, al 16 de noviembre, 119.885 venezolanos han regresado a Venezuela desde o a través de Colombia después del cierre de la frontera efectuado el 14 de marzo.

El ACNUR y sus socios están monitoreando el flujo de caminantes (personas que transitan a pie) que entran a Colombia a través de puntos de cruce informales y se dirigen a ciudades dentro del país o a países vecinos. Según este monitoreo, un promedio de 80-100 venezolanos entran diariamente a Arauca y 300 a Cúcuta.

En la frontera ecuatoriana, un promedio de 15 personas al día se desplazan a través de cruces informales para entrar o salir de Colombia. La capacidad de prestar asistencia y monitorear a esta población en tránsito en la frontera sur oriental está siendo limitada debido a la presencia de grupos armados ilegales y al acceso restringido que se tiene en el territorio.

Adicionalmente, durante el período de reporte, se registraron 1.681 personas con intención de regresar a Venezuela en el Centro de Atención Sanitario Transitorio (CAST) del Puente Internacional Tienditas, cerca de Cúcuta. De estas, 1.360 recibieron información y orientación del ACNUR.

El desalojo de 30 familias que ocupaban un asentamiento informal cerca de la terminal de autobuses de Cali, previsto para el 30 de octubre, se suspendió tras la intervención del GIFMM Valle de Cauca ante las autoridades locales. La Secretaría de Bienestar Social de Cali está diseñando una ruta de respuesta para las familias venezolanas.

Entre el 1 y el 15 de noviembre, siete masacres fueron reportadas por fuentes externas al ACNUR en los municipios de Nechí, Támesis y Betania (Antioquia), Argelia (Cauca, con dos eventos), Tierralta (Córdoba) y Soledad (Atlántico). La persistencia de la violencia por disputas territoriales de los actores armados ilegales en la región del Bajo Cauca, el sur de Córdoba, el suroeste de Antioquia y en el municipio de Argelia en el Valle del Cauca es muy preocupante, y algunos, recientemente, han provocado desplazamientos.

También se reportaron emergencias por desplazamientos y confinamientos masivos en los municipios del Bajo Baudó, Litoral de San Juan (Chocó), López de Micay (Cauca) y Olaya Herrera (Nariño), principalmente por enfrentamientos entre actores armados ilegales, homicidios y amenazas a líderes sociales. En el Bajo Baudó se desplazaron 72 familias (322 personas) de las comunidades de Buchadó, Villanueva y la Loma. También se informó del confinamiento de aproximadamente 600 familias (3.000 personas) de 14 comunidades del río Purricha. En Docordó, capital del Municipio de Litoral de San Juan, se desplazaron 99 familias (276 personas); 11 comunidades de aproximadamente 590 familias (2.200 personas) están confinadas. En López de Micay, 18 familias (40 personas) del Consejo Comunitario El Playón fueron desplazadas, mientras que 120 familias (290 personas) están confinadas. Finalmente, en Olaya Herrera, se desplazaron 223 familias (543 personas) de las aldeas de Vuelta Larga y Boca de Prieta. Las emergencias recurrentes en este último municipio son motivo de preocupación, ya que varias aldeas han sido desplazadas hasta tres veces durante el año 2020.

El ACNUR ha trabajado junto con la Unidad para las Víctimas (UARIV) para registrar y atender los desplazamientos y confinamientos, así como para promover una respuesta institucional a través del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías para la No Repetición conjuntamente con el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General. Además, el ACNUR participa en reuniones orientadas a la identificación y el seguimiento de las emergencias resultantes de los desplazamientos y confinamientos masivos y a poner de relieve los vacíos existentes en el registro de los acontecimientos.

Un grupo armado ilegal entró en una embarcación a las aldeas de Sabaletas, Limones, Guaimia y San Marcos, cerca de Buenaventura, matando a una persona, hiriendo a una persona y dejando un panfleto amenazador.

En el Putumayo, se ha reportado un aumento de las protestas de los grupos armados ilícitos contra las acciones de la policía antinarcóticos, como la fumigación y otros métodos de erradicación de cultivos ilícitos, especialmente en la región fronteriza de San Miguel. También existen reportes de que se están reclutando a la fuerza jóvenes (de 15 a 25 años de edad) para el ciclo de producción de la coca.

Del 15 de octubre al 3 de noviembre se han registrado 10.139 solicitudes para el nuevo PEP VI, (esta última ronda del Permiso Especial de Permanencia (PEP) permite a los venezolanos que han entrado en Colombia antes del 31 de agosto de 2020 regularizar su situación y acceder a derechos básicos).
Adicionalmente, al 3 de noviembre, se han renovado 127.884 de los 281.770 Registros Administrativos de Migrantes Venezolanos (RAMV) solicitantes del PEP. Desde la implementación del PEPFF a principios del 2020 se han expedido 6.923 permisos PEPFF (Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización), incluyendo más de 5.000 que fueron procesados virtualmente.

El ACNUR ha venido prestando asistencia a los refugiados y migrantes venezolanos mediante sus 59 líneas telefónicas en 26 departamentos, orientando a las personas en el proceso de acceso y renovación de su PEP, así como en la identificación de los casos prioritarios que requerirían asistencia jurídica y la remisión de esos casos a los socios.

El ACNUR también prestará apoyo a la oficina regional de Migración Colombia en el Putumayo para el establecimiento de un centro de facilitación en el que los refugiados y migrantes venezolanos puedan renovar su documentación en un entorno seguro y evitar el desplazamiento al vecino departamento de Nariño.