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Acceso e integración al mercado laboral: Un elemento clave para los medios de vida y la inclusión económica de venezolanos, marzo 2021

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CIFRAS CLAVES

652.141 Víctimas de desplazamiento forzado entre 2016 y 2020 reconocidas por el Registro Único de Víctimas (RUV).

1.7 millones De refugiados y migrantes venezolanos se estiman están presentes en Colombia, de los cuales la mayoría se encuentra en necesidad de protección internacional.

770.246 Venezolanos están de manera regular en el país, por lo que pueden trabajar legalmente. Muchos enfrentan discriminación, xenofobia y explotación en sus lugares de trabajo.

Las dinámicas del conflicto armado en Colombia han dejado cerca de 9 millones de víctimas desde el año 1985, de las cuales, alrededor de 7 millones son consideradas sujetos de atención y reparación de los hechos victimizantes contemplados por ley. Esto incluye casos de desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, delitos contra la libertad sexual, tortura, secuestro, reclutamiento ilegal de menores, entre otros. Desde 2016 tras la firma del acuerdo de paz con las FARC se han identificado 652.141 víctimas de desplazamiento interno. Sumado a lo anterior, se estima que más de 4 millones de venezolanos han huido de su país, de los cuales aproximadamente 1.717.352 se encuentran en territorio colombiano. La llegada de un número tan alto de venezolanos a Colombia, junto a los compromisos adquiridos por el gobierno nacional en los acuerdos de paz, ha representado múltiples desafíos para el país.

En este sentido, un elemento clave para consolidar los medios de vida de las personas de interés del ACNUR, es asegurar el derecho a trabajar legalmente y libres de cualquier tipo de discriminación laboral, ya sea como empleados formales o como emprendedores. Por un lado, garantizar a la población proveniente de Venezuela su derecho a trabajar es esencial; sí estos pueden trabajar legalmente serán capaces de proveer un sustento por ellos mismos y se reducirá la necesidad de asistencia humanitaria directa. Además, podrán contribuir a la economía colombiana a través del pago de impuestos, generarán mayores niveles de demanda y un aumento en la productividad económica. Por otro lado, sí la población desplazada interna tiene mayores oportunidades de trabajo, permitirá reducir no solo las altas tasas de informalidad, sino también se reducirán los incentivos para involucrarse en trabajos que aumenten sus riesgos de protección, por ejemplo, la vinculación involuntaria a grupos armados al margen de la ley, explotación infantil, sexo por supervivencia y/o tráfico de personas, entre otros.

Ante el contexto actual de COVID-19, la generación de ingresos y los medios de vida de la población desplazada y refugiada y migrante venezolana se han visto gravemente afectados. Ante este escenario, el ACNUR trabaja de la mano de socios y entidades del gobierno para mejorar la respuesta ante la pandemia, y asimismo, garantizar la seguridad de todas las trabajadoras y trabajadores.