Prioridades estratégicas de la respuesta
Provisión de bienes y servicios básicos, como alojamiento temporal, alimentos nutritivos y artículos de vestir.
Proporcionar información a los refugiados y migrantes sobre el acceso al territorio, el asilo y los mecanismos de regularización, mientras se trabaja en la prevención, identificación y asistencia a las víctimas de la trata de personas y sobrevivientes de violencia de género.
Mejorar el acceso a los servicios de salud para refugiados y migrantes a través del fortalecimiento de los sistemas de salud pública y el suministro de información sobre los servicios disponibles.
Aumentar el acceso, la permanencia y la finalización de los estudios de niños refugiados y migrantes en el sistema educativo formal.
Mejorar la inclusión socioeconómica a través del apoyo de generación de ingresos y medios de vida, y con el reconocimiento / revalidación de diplomas y capacidades.
Situación
Con 371,163 refugiados y migrantes de Venezuela al 1 de junio de 2019, Chile se ha convertido en el tercer país anfitrión de venezolanos en la región.
En comparación con años anteriores, la primera mitad de 2019 vio un mayor número de personas en situaciones de vulnerabilidad y con necesidades específicas, incluidas mujeres embarazadas, niños y ancianos no acompañados y separados.
Si bien el impacto de la llegada y el tránsito de un mayor número de venezolanos ha sido considerable, el Gobierno de Chile ha trabajado cada vez más para identificar soluciones y responder a las necesidades de los refugiados, migrantes y comunidades de acogida vulnerables afectadas por la situación en Venezuela.
La introducción de una “Visa de Responsabilidad Democrática” en abril de 2018 fue una de las medidas que tomó el Gobierno para facilitar las entradas y residencias regulares para los venezolanos.
En 2019, la posibilidad de solicitar la visa se amplió de Caracas y Puerto Ordaz -anteriormente los únicos lugares donde se podía obtener la visa- a consulados de los países vecinos. El gobierno también emitió “salvoconductos” - permisos para entrar y permanecer en casos excepcionales.
Sin embargo, la introducción de la visa de turista consular en junio de 2019 ha limitado la posibilidad de que los venezolanos accedan al territorio y se beneficien de un estatus regular y, como resultado, ha afectado el acceso a los derechos y servicios. Algunos venezolanos ingresan de manera irregular y se exponen a riesgos de trata de personas y/o contrabando, explotación y abuso.