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Chile

Informe de Misión: United Nations Disaster Assessment & Coordination (UNDAC) Incendios forestales – Chile (Del 13 de febrero al 3 de marzo de 2023)

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1. Información sobre la emergencia

Descripción de la emergencia y respuesta inicial

Desde el 30 de enero de 2023 una ola de calor extendida generó las condiciones ideales para el desarrollo de incendios forestales en la región centro meridional del país. Estos incendios de origen prevalentemente humana se encuadran en un contexto caracterizado de varios años de deficiencia hídrica.
A principios de febrero, la situación escaló a un gran número de incendios forestales de al menos 406 eventos individuales, varias docenas de ellos "incendios de alerta roja", que a la fecha afectaron cerca de 450.000 hectáreas (1.112.000 acres), lo que representa del doble de la superficie del Luxemburgo.
Como efecto de los incendios, perdieron la vida 26 personas y cerca de 8.000 resultaron afectadas por la pérdida de viviendas o medios de vida.
Las principales regiones afectadas han sido: Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Maule. Se han declarado alertas rojas para las tres primeras regiones, así como para las comunas de Longaví, Cauquenes,
Chanco, Pencahue, Sagrada Familia y Curepto en la Región del Maule, Coral,
Valdivia y Mariquina en Los Ríos, y la comuna de Palena en la Región de Los Lagos.
Para responder a esta emergencia el gobierno declaró el estado de excepción en las regiones de Biobío, Ñuble y la Araucanía activando toda la capacidad de respuesta frente a los incendios prevista en el Plan Estratégico Nacional de Prevención y Combate de Incendios Forestales y de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), del Ministerio de Agricultura, y de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA).
Al mismo tiempo se activaron los mecanismos de respuesta previstos por la Ley 21.364 que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (SENAPRED, que sustituye a la ex ONEMI y que es el organismo técnico del Estado a cargo de planificar y coordinar los recursos públicos y privado destinados a la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural o provocados por la acción humana.
La Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Chile, en coordinación con la Cancillería, solicitó el despliegue de una misión UNDAC con el propósito de fortalecer la capacidad de análisis y manejo de información de la situación y facilitar la coordinación de la respuesta internacional en apoyo al país.
Durante el mes de febrero se registraron cientos de incendios forestales, los que al 1 de marzo se mantenían en 207 incendios. Cerca de 20 siniestros han sido considerados de mayor relevancia, que a la fecha se habrían contenido todos, aunque varios de ellos aún en proceso de control, liquidación y observación para prevenir su reactivación.
Al 1 de marzo, 26 personas han fallecido por efectos de los incendios, mientras que 7.654 personas están damnificadas, y en 9 comunas, 319 personas están alojadas en 9 escuelas que son utilizadas como albergues.
Durante el mes de febrero las cifras de personas albergadas han fluctuado, según las órdenes de evacuación eran emitidas por las autoridades ante las amenazas de los incendios.
Si bien cerca de 4.500 viviendas son inhabitables (entre destruidas y con daño mayor), las personas desplazadas han preferido mantenerse cerca de sus terrenos, ya sea para cuidar las pertenencias que aún les queda o para esperar la ayuda del gobierno o en definitiva para iniciar sus procesos de recuperación.
Los sistemas de Agua Potable Rural (APR) han sido duramente golpeados por los incendios por el daño en varios kilómetros de tuberías, bombas y otros equipamientos. Se han reportado 25 APR recuperados y quedan 17 que aún faltan por rehabilitar. Asimismo, muchas familias han perdido sus perforaciones o pozos, como fuentes informales de agua, utilizada principalmente para usos productivos.
Cabe recordar que los incendios forestales sobreviven ante una aguda sequía prolongada que también ha mermado la disponibilidad de fuentes naturales de agua, utilizada para fines silvoagropecuarios.
Se ha reportado la afectación física de 26 establecimientos de educación, de los cuales 13 han quedado destruidos y nueve presentan daños de diferente severidad, afectando a alrededor de mil estudiantes.
En general, el sistema de salud no ha recibido un impacto considerable por efecto de los incendios, reportándose un centro de salud destruido en la región de Biobío; asimismo, tres centros de salud presentaron daños menores, uno en Biobío y dos en la Araucanía.
A nivel de economía familiar, el fuego consumió los principales activos con los que las unidades familiares rurales organizan su ciclo económico anual (ganadería mayor y/o menor como sistema de ahorro; crianza avícola y cultivo de chacras para consumo). Esto generó la pérdida de recursos y herramientas de trabajo, y afectó una de las principales fuentes de ingreso autónomo de las zonas siniestradas: el desarrollo forestal y el conjunto de servicios asociados Después de catastrar 7.238 agricultores, se han reportado 5.047 hectáreas de cultivos afectados por los incendios, donde un 55% producción forrajera, un 23% son cultivos frutales, un 16% de cereales, legumbres y, finalmente, un 5% de hortalizas;
Respecto al nivel socioeconómico, 49% de los agricultores corresponde al grupo socioeconómico más vulnerable. Además, el 42% de los agricultores registrados son agricultores de subsistencia, el 33% con venta ocasional de excedentes y sólo el 17% son productores comerciales (96% orientados al mercado nacional).
Hay 64.000 animales afectados y 22.000 han muerto, y se estima que se han evaluado el 65% del total. Se trató principalmente de aves domésticas, 10% de ganado mayor y 7% de ganado menor. No se conoce una cuantificación de animales silvestres afectados.
En apicultura, de 49.280 colmenas registradas, 43.111 (88%), están afectadas, de las cuales 12% tenían seguro agrícola. Se estima más de 480 apicultores afectados.
La pérdida de infraestructura productiva alcanza 6.501 km de cercos alambrados, 152 corrales, 1.025 bodegas y galpones y 415 invernaderos. También se perdieron 1.248 Ha. de sistemas de riego, 325 casetas de riego, 508 obras de acumulación y 59 pozos y norias.
La maquinaria agrícola pérdida se registra 56 vehículos de trabajo (tractores, cosechadoras, vehículos y camiones), 109 implementos agrícolas (sembradoras, chipeadoras, etc.) y 387 equipos agrícolas (motosierras, motobombas).

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