GINEBRA/BANGUI – Grupos armados, incluyendo uno afiliado a las fuerzas armadas de la República Centroafricana, cometieron violaciones graves de derechos humanos en la Región de Haut Oubangui, en la parte suroriental del país, principalmente contra comunidades musulmanas y refugiados y solicitantes de asilo sudaneses, según ha concluido un informe de las Naciones Unidas.
En dos oleadas diferentes de ataques en las prefecturas de Mbomou y Haut-Mbomou, en octubre de 2024 y enero de 2025, al menos 24 personas resultaron asesinadas, siendo algunas de ellas víctimas de ejecución sumaria, según el informe elaborado por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA).
Los ataques fueron dirigidos y coordinados por elementos armados del Wagner Ti Azandé (WTA), un grupo armado vinculado al ejército nacional. WTA pertenecía originariamente a otro grupo armado llamado Azandé Ani Kpi Gbé (Azanikpigbe), cuyos miembros estuvieron también involucrados en los ataques.
Entre otras violaciones y abusos documentados se incluyen casos de violencia sexual relacionada con el conflicto contra mujeres y niñas, incluyendo violaciones colectivas, trabajos forzados, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como el saqueo de viviendas y locales comerciales.
"Estos delitos horrendos no pueden quedar impunes. La rendición de cuentas es fundamental para asegurar que este tipo de violaciones no vuelvan a ocurrir," afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Él reclamó que se aclaren los vínculos entre el grupo WTA y el ejército nacional, además de exigir plena transparencia en relación a las acciones del grupo y la legitimidad de las mismas. "Si fuera imposible llevar esto a cabo, el grupo debe ser desarmado."
Valentine Rugwabiza, Representante Especial del Secretario General (SRSG) para la República Centroafricana y Jefa de MINUSCA, declaró que, a pesar de los esfuerzos continuos por parte del Gobierno, con el apoyo de la MINUSCA, la situación en Mbomou y Haut-Mbomou seguía siendo particularmente preocupante.
"El no dar una respuesta adecuada a estos crímenes debilitaría la situación de seguridad que se ha conseguido ganar tan duramente y erosionaría aun más la cohesión social en zonas donde se han puesto en marcha iniciativas conjuntamente con las comunidades con el fin de rebajar las tensiones y promover una coexistencia pacífica," aseguró ella.
A principios de octubre, miembros armados de los grupos WTA y Azanikpigbe atacaron los pueblos de Dembia y Rafaï, en la Prefectura de Mbomou, dirigiendo sus ataques sobre todo contra la comunidad Fulani y otras personas musulmanas, así como contra un campamento de refugiados y solicitantes de asilo sudaneses, según afirma el informe.
"En cuanto llegaron a Dembia, los grupos WTA y Azanikpigbe degollaron públicamente a un hombre Fulani de 36 años de edad, creando con ello un clima de terror entre la población," señala el informe. Otros siete hombres Fulani fueron maniatados y arrojados vivos al río Ouara.
Los atacantes cometieron también actos de violencia sexual contra 24 víctimas, entre ellas 14 mujeres y siete niñas quienes fueron violadas, sufriendo sobre todo violaciones colectivas, detalla el informe. Dos niñas y una mujer fueron víctimas de trabajos forzados, a la vez que otra mujer fue obligada a casarse con un atacante. El 21 de enero, una docena de miembros armados del WTA atacaron un campamento Fulani cerca de Mboki, en la prefectura de Haut-Mbomou, asesinando al menos a 12 personas. Tras cometer este ataque, al menos 14 miembros del WTA fueron detenidos en Mboki y Bangui.
El informe destaca que la presencia reducida de las fuerzas de seguridad del Estado en zonas de las prefecturas de Mbomou y Haut-Mbomou ha permitido crear espacios para que distintos grupos, como los WTA y Azanikpigbe, puedan actuar en un mayor clima de impunidad.
Rugwabiza y Türk instaron a las autoridades centroafricanas a mantener los esfuerzos para investigar los incidentes y enjuiciar a los autores, en sintonía con las normas internacionales. Ambos reiteraron su disposición a trabajar mano a mano con las autoridades para promover y proteger los derechos humanos, además de para combatir la impunidad en la República Centroafricana.
Para leer el informe completo, pulse aquí: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/central-african-republic/20250304-minusca-ohchr-dembia-report.pdf
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