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Bolivia: Tiempos rebeldes coyuntura y causas profundas de las movilizaciones indígenas populares

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Marta Cabezas Fernández (1)
E-mail: cabezasmarta@hotmail.com
RESUMEN

Este artículo pretende poner de manifiesto el escenario político, económico y social que subyace a las protestas y a los levantamientos indígena-populares que vive Bolivia en los últimos años. El artículo relaciona el "ciclo rebelde" indígena-popular en que está inmersa Bolivia desde el año 2000 - como momento coyuntural - con un fenómeno estructural de marginación, exclusión política y explotación económica de los pueblos indígenas y originarios, que, con diversas manifestaciones y adaptaciones a los tiempos, continúa vigente, dando renovada vigencia a las identidades indígenas. Así, la autora aporta elementos de análisis para una lectura más profunda de la actualidad política boliviana.

El artículo arranca con una mirada a la historia, en la que se relaciona el colonialismo interno vigente en Bolivia con el auge de los movimientos sociales y con el lenguaje de la rebelión al que recurrentemente apelan los sectores excluidos, mayoritariamente indígenas. A continuación, aborda las principales señas de identidad del ciclo rebelde en que se encuentra sumida Bolivia, entre las que la autora destaca: (1) los procesos de exclusión y pobreza generados por las reformas neoliberales de los años ochenta, (2) la irradiación de la identidad india como elemento articulador de los movimientos sociales, (3) la irrupción de los movimientos sociales en el Parlamento con las elecciones nacionales de 2002 y (4) el punto de inflexión que el levantamiento indígena-popular denominado "guerra del gas" (octubre 2003) supuso para este ciclo rebelde. A partir de estos elementos, la autora realiza un análisis de la coyuntura que vive Bolivia en junio de 2005, para concluir con unas reflexiones finales sobre la crisis del modelo económico y político, la emergencia de la subalternidad en forma de antineoliberalismo de rostro indígena y los retos que enfrentan los movimientos sociales para instalar una agenda de cambios estructurales.

PALABRAS CLAVE: Bolivia, movimientos sociales, pueblos indígenas

"No somos indios, pero si con el nombre de indios nos oprimieron, con el nombre de indios nos vamos a liberar" (2)

Introducción y presentación

Por enésima vez desde que empezó el siglo veintiuno, presenciamos a través de los medios de comunicación cómo los movimientos sociales bolivianos - compuestos mayoritariamente por indígenas rurales y urbanos - bloquean las carreteras del país, protagonizan marchas multitudinarias, asedian los centros de poder, hostigan a las empresas transnacionales e interpelan a la clase política, demandando reformas estructurales en la política y en la economía.

Sin embargo, tan pronto la temperatura de las protestas desciende, esa Bolivia emergente, indígena y reivindicativa, se ve condenada al ostracismo y poco sabemos de los procesos políticos, económicos y sociales que generan y hacen posibles estos estallidos periódicos de descontento social: ¿Por qué los sectores subalternos bolivianos - mayoritariamente indígenas - protagonizan recurrentemente movilizaciones sociales contra el poder político y económico establecido? ¿Por qué se han intensificado en los últimos años? ¿Son estallidos irracionales de violencia racial, como los presenta la historia oficial, o, por el contrario, existen proyectos políticos y agendas reivindicativas de largo aliento en los movimientos sociales? Y más importante si cabe, ¿Por qué, en los albores del siglo veintiuno, renacen las identidades indígenas y se convierten en un elemento movilizador de primer orden?

Este artículo tiene por objetivo poner de manifiesto el escenario político, económico y social que subyace a las protestas y a los levantamientos indígena-populares protagonizados por los sectores subalternos bolivianos en los últimos años. Se relacionará el "ciclo rebelde" indígena-popular en que está inmersa Bolivia desde el año 2000 - como momento coyuntural - con un fenómeno estructural de marginación y explotación de los pueblos indígenas y originarios, que, con diversas manifestaciones y adaptaciones a los tiempos, continúa vigente, dando renovada vigencia a las identidades indígenas. Esto nos permitirá contar con elementos para una lectura más profunda y analítica a la actualidad política.

I.- UNA MIRADA A LA HISTORIA: COLONIALISMO INTERNO, MOVIMIENTOS SOCIALES Y EL LENGUAJE DE LA REBELIÓN

"El complejo proceso de resistencias y adaptaciones entre los indios y los colonizadores en esta interacción colonial ha producido muchas continuidades subterráneas debido a diferentes formas de reciclaje y renovación de los sistemas de dominación colonial" (Tapia et al, 2003, el subrayado es mío).

La historia de la República de Bolivia admite una lectura en términos de continuidad histórica con la colonia, en tanto en cuanto la República, dominada por las élites mestizo-criollas, ha construido, reconstruido, reinventado y adaptado a los tiempos, formas y proyectos de exterminio cultural, explotación económica y exclusión política de los pueblos indios, bajo formas de colonialismo interno, conjugando mecanismos de hegemonía - la escuela, el servicio militar obligatorio, el servicio doméstico, etc - y mecanismos de dominación por el ejercicio directo del poder político y de la fuerza (3).

En consecuencia, cabe dar una lectura alternativa al proceso de independencia y constitución del Estado Boliviano en términos de refundación y "modernización" - si cabe el término - del proceso colonial. Este punto de vista pone en cuestión el mito bolivariano, según el cual la independencia trajo consigo la liberación de los pueblos de América Latina. Sin embargo, el proceso libertador, más que emancipar a los pueblos indígenas originarios de Bolivia, liberó a los criollos bolivianos - descendientes de los colonizadores - del yugo de la colonia y éstos se aprestaron a tomar el control de las instituciones republicanas, generando un proceso de colonialismo interno. En definitiva, la independencia fundó la república criolla: el poder colonial pasó de una mano a otra, pero las estructuras de exclusión y explotación subyacentes no fueron cuestionadas, sino aprovechadas en beneficio de una minoría racialmente determinada.

Este fenómeno de colonialismo interno tiene varias dimensiones. Desde un punto de vista institucional, se refleja en el persistente acaparamiento del poder político por parte de las élites mestizo-criollas. Desde un punto de vista de estratificación social, se traduce en procesos de exclusión económica, política, social y cultural, según los cuales corresponden a los indios los peores lugares de la pirámide social. Así, la estratificación social se produce a través de una superposición de procesos clasistas y racistas, con una tendencia a que coincidan los privilegios de clase con los sectores mestizo-criollos y a que los sectores subalternos sean indios. Por último, y no menos importante, el colonialismo interno tiene una dimensión de opresión de las nacionalidades indígenas en su conjunto, que no son reconocidas por el sistema político.

En este marco, el indio ha sido visto por las élites como el principal límite para la construcción del Estado-nación y se han sucedido diversos proyectos de exterminio cultural y explotación económica de la indiada. En definitiva, el racismo de Estado forma parte del origen mismo de la república de Bolivia, que hoy quieren borrar los movimientos sociales a través de una Asamblea Constituyente que la refunde.

Como contrapartida, la indiada se ve situada fuera del sistema político republicano y articula sus demandas desde sus organizaciones sociales, a través de procesos de resistencia, presión y negociación con el poder establecido, en un intento constante, no sólo de supervivencia material y cultural, sino también de conformación de procesos de contrahegemonía y hegemonía alternativa - asociada a la restitución de sus valores propios - frente a los proyectos cambiantes de dominación y hegemonía colonial. De esta forma, los movimientos sociales se convierten en los lugares fundamentales de participación política de los sectores subalternos - mayoritariamente indígenas - politizando los espacios sociales, haciendo política en los márgenes de un sistema político que de otra forma les es vetado.

Este proceso de colonialismo interno, da como resultado un campo político polarizado, donde conviven de forma conflictiva proyectos anticoloniales y proyectos de mantenimiento del status quo. En consecuencia, el campo político boliviano en su conjunto - con la especificidad de cada momento histórico - puede ser comprendido a través de las tensiones y equilibrios entre los procesos de dominación/hegemonía sostenidos por los defensores del status quo colonial que actúan desde el Estado, desde la "política formal" y desde la propiedad de los medios de producción, con los de resistencia/adaptación/presión/contrahegemonía de los movimientos y organizaciones sociales de sustrato indígena, articulados bajo diferentes formas organizativas, coetáneas y contradictorias, de base campesina, vecinal, sindical, gremial, política o étnica.

En un contexto donde no se reconoce a los indios como sujetos políticos, ni colectivos, ni individuales - recordemos que no fue hasta la revolución de 1952 que los indios lograron estatus ciudadano - la rebelión se convierte en el lenguaje fundamental a través del cual el indio formula sus demandas a la sociedad al igual que la represión militar y la masacre son las respuestas históricas del Estado a estas demandas. Así, el campo político boliviano queda atrapado a caballo entre "la violencia rebelde y la violencia estatal" (Rivera 1986:16), configurando lo que Albó denomina "una cultura política confrontacional" (Albó 1993:13) (4).

II.- SEÑAS DE IDENTIDAD DE UN CICLO REBELDE INDÍGENA-POPULAR INCONCLUSO (2000-2005)

Varios autores (García Linera 2004b, Hylton et al. 2003, Patzi 2003) coinciden en apuntar que desde el año 2000 hasta el presente, Bolivia está inmersa en un nuevo ciclo rebelde, articulado en torno a la lucha contra un contexto neoliberal de matriz colonial (Albó 1993:20) que ha producido un empobrecimiento galopante de los sectores populares urbanos y del campesinado, ambos de sustrato indígena. La "guerra del agua" (2000), el levantamiento popular de septiembre de 2000, el bloqueo de caminos de junio de 2001, la revuelta de los cocaleros en febrero de 2002, "febrero negro" (2003), la "guerra del gas" (septiembre-octubre 2003), la movilización alteña para expulsar a Aguas del Illimani (enero 2005) y las movilizaciones de junio de 2005 - denominadas por algunos "la segunda guerra del gas" - forman parte, pues, del mismo ciclo rebelde. Entendemos por "ciclo rebelde" una etapa histórica de los movimientos sociales con momentos de mayor intensidad y momentos de latencia, que tiene objetivos comunes y que se sirve del lenguaje de la rebelión para lograrlos.

1) Reformas neoliberales, pobreza y exclusión. Una "paz negativa"

Según las Naciones Unidas (PNUD 2002b), Bolivia es el país con peores indicadores de Desarrollo Humano de América del Sur. En el continente Americano, sólo Haití, Nicaragua, Guatemala y Honduras tienen peores indicadores que Bolivia.

Bolivia, según el último censo (INE 2001a), es una república con 8.3 millones de habitantes, de los cuales el 62% se considera miembro de alguno de los grupos étnicos originarios, siendo mayoritarios los quechuas - el 31% de la población boliviana - y aymaras - el 25% - , seguidos de otras etnias que suman el 6% de la población.

Este país, que se gobierna en régimen formalmente democrático desde 1982, se encuentra inmerso desde 1985 en un proceso reforma estructural de corte neoliberal, cuyo objetivo principal consiste en garantizar la estabilidad económica y un contexto de crecimiento económico moderado. En el año 1985, el gobierno inauguró la "Nueva Política Económica" con el emblemático Decreto Supremo 21060. Este decreto desmanteló la minería estatal y, consecuentemente, los poderosos sindicatos mineros - que eran entonces la vanguardia del movimiento obrero. El proceso de "relocalización" minera, produjo el despido de más de 27.000 mineros, que fueron además expulsados de los campamentos mineros donde habían vivido con sus familias por generaciones. Al mismo tiempo, se dio un paulatino empobrecimiento del sector campesino. Ambos procesos solapados, la relocalización minera y la crisis en el campo, produjeron una nueva ola de migración campo-ciudad que tiene su cara más visible en los barrios peri-urbanos de la ciudad de El Alto. Según el último censo (INE 2001a) el 63% de la población boliviana es urbana y, mientras la población rural está prácticamente estancada, las ciudades crecen al 3.7% anual, generando nuevas bolsas de exclusión y pobreza en los cinturones urbanos.

La docilidad y las convicciones neoliberales de los gobernantes bolivianos - entre los que destaca Sánchez de Lozada, el "gran reformador neoliberal" - han convertido a Bolivia en un auténtico laboratorio del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y en su alumno más ortodoxo dentro del contexto latinoamericano. Estas medidas, tan incapaces de generar crecimiento económico, como de generar redistribución orientada a la reducción de la pobreza, han producido un escenario creciente de crisis económica, social y política, abierta en 1998, declarada en 2000 y vigente hasta nuestros días, que está en el sustrato estructural del ciclo rebelde que presenciamos.

Desde el año 2000, en que la crisis económica se consolida, Bolivia se embarca, de la mano de los organismos financieros multilaterales, en la construcción de un marco de lucha contra la pobreza, dentro de la ortodoxia de las políticas de ajuste estructural. Sin embargo, el estancamiento económico, sumado a las insuficientes políticas redistributivas, los recortes presupuestarios en gasto social realizados en el marco de las políticas de ajuste estructural y el pago de la deuda externa (que equivale al 55.5% del PIB), la reducción del empleo público y las políticas de flexibilización del mercado laboral, se ceban en las clases populares y en el campesinado, mayoritariamente indígena. El problema de la pobreza se agudiza, alcanzando a dos tercios de la población, mientras que en América Latina la media está en el 43% (PNUD 2003). Las políticas bolivianas de reducción de la pobreza fracasan. El PNUD, en su Segundo Informe de Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2002) anuncia que el objetivo de reducción de la extrema pobreza (menos de un dólar al día) a la mitad entre 1990 y 2015 será prácticamente imposible de cumplir por el Estado boliviano.

Al mismo tiempo, los indicadores de desarrollo humano, que hasta el año 2000 habían experimentado una tendencia positiva, inician una lenta pero sostenida caída, caracterizada por el Informe de Desarrollo Humano de 2002 como una "inflexión en el proceso de desarrollo".

Pero la crisis no viene sólo por el lado del estancamiento económico: la ya tradicional desigualdad no sólo no mejora sino que se agrava, realidad que se refleja en las enormes brechas en los indicadores de desarrollo humano, particularmente entre ricos y pobres (PNUD, 2003).

Bolivia se configura en nuestros días como uno de los países con mayores índices de desigualdad y pobreza de América Latina. Albó (1993) señala que tras la relativa paz y estabilidad boliviana dentro del contexto Sudamericano, se alimentan estructuras de violencia que requieren soluciones igualmente estructurales, generando lo que denomina una "paz negativa, agudizada a partir de la aplicación de la ortodoxia neoliberal.

2) La irradiación de la identidad india: "Un mirar atrás que es también ir hacia delante"

Según Patzi (2004), la especificidad de este ciclo rebelde con respecto a otros, estaría en la "irradiación de la cultura política indígena" a otras esferas y espacios subalternos, articulando las luchas de clase con las de orden étnico. García Linera (2004a:12) constata también que "en la última década se observa una emergencia de la etnicidad que constituye un factor de cohesión identitaria de primer orden y ha contribuido a estructurar poderosos marcos de movilización". Así, se supera la etapa de desorientación que se produjo en los movimientos sociales con la privatización y quiebra de la minería y la consiguiente pérdida de horizonte del sindicalismo minero, que era la organización y la identidad con más capacidad de movilización y hegemonía dentro del polo subalterno (Zavaleta 1983).

En la Bolivia andina existe un fenómeno recurrente de rebelión indígena quechua-aymara, desde la etapa tardía de la colonia hasta nuestros días, sustentado en una "cultura rebelde" (Rivera 1986), depositaria de la memoria histórica subjetiva de lucha contra el orden colonial ilegítimo - memoria larga - que se combina con la experiencia rebelde vivida en cada momento histórico - memoria corta. Esta cultura rebelde ha pasado por períodos de latencia, donde ha primado la sumisión frente a la rebeldía, y por ciclos de mayor intensidad en que los pueblos indios han imaginado profundos cambios donde "un tiempo se acaba para dar paso a otro" (Hylton y Thomson 2003:7). La memoria larga dota de un sentido de trascendencia histórica a las rebeliones indígenas, de un sentido de continuidad que se ve reflejado en sus objetivos, en sus mitos y referentes históricos, así como en sus tácticas.

Una mención especial merece la continuidad histórica de la estrategia india de asedio material y simbólico a los centros de poder, pues es en esos espacios donde se generan y reproducen las fronteras invisibles que han mantenido a los indios como una mayoría recluida en su propio país. Así, las tácticas de bloqueo de caminos y calles que presenciamos hoy en día, dotan a los levantamientos de resonancias históricas, como es el caso del cerco a La Paz que vienen realizando las organizaciones alteñas desde la "guerra del gas", con un fuerte sentido de réplica del cerco que ya hiciera el caudillo indio Tupac Katari en la fase final de la colonia española.

Ahora bien, ¿Por qué resurgen las identidades indígenas y el imaginario anticolonial en los albores del siglo veintiuno? La legitimidad y la justificación de este resurgimiento radican en la continuidad de la situación colonial hasta nuestros días: "Es la experiencia presente de discriminación racial la que sirve de elemento catalizador de la memoria histórica colectiva y de la reivindicación de un pasado glorioso" (Rivera 1986:142, el subrayado es mío). Dicho de otra manera, la situación de explotación económica y discriminación racial y cultural que se ejerce contra los pueblos indígenas bolivianos desde la colonia hasta nuestros días, da vigencia - en el presente - a las luchas anticoloniales del pasado, en las que, con grandes dosis de mitificación y de reinvención creativa de la historia, las rebeliones posteriores enraizan sus discursos y sus prácticas, dotándolas de un profundo sentido de emancipación indígena y de deuda histórica. En definitiva, "un mirar atrás que es también ir hacia delante" (Antezana en Rivera 1986:XV), enmarcado en la concepción cíclica de la historia propia de las culturas andinas.

La utopía que alienta las rebeliones indígenas del presente está, pues, alumbrada por un pasado caballo entre la historia y el mito, que utiliza como elemento movilizador y generador de una identidad colectiva andina. Es un caso claro de lo que Williams denomina "tradición selectiva" al servicio una construcción de una hegemonía alternativa: "una versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado, que resulta entonces poderosamente operativo dentro del proceso de definición e identificación cultural y social (...) Se utiliza una versión del pasado con objeto de ratificar el presente y de indicar las direcciones del futuro" (2000:137-139).

3) La irrupción de los movimientos sociales en el Parlamento

Las últimas elecciones nacionales (2002) dieron un vuelco histórico a la correlación de fuerzas en el Parlamento y en las instituciones democráticas, por la irrupción de fuerzas sociales del polo contrahegemónico en la arena de la política de Estado.

Ante la sistemática exclusión de los pueblos indígenas de los partidos tradicionales que han dominado la escena parlamentaria a lo largo de la historia democrática - etapa que se denomina comunmente "democracia pactada" - los movimientos sociales decidieron crear dos instrumentos políticos, el Movimiento al Socialismo y el Movimiento Indígena Pachakuti, que en las elecciones nacionales de 2002 obtuvieron una representación significativa: por una parte, el Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el ex sindicalista cocalero (5) Evo Morales, alcanzó el 21% de los votos, obteniendo el segundo puesto apenas por detrás del MNR de Sánchez de Lozada, que obtuvo el 22%; por otra, el Movimiento Indígena Pachakuti, con Felipe Quispe a la cabeza, logró el 6%. Ningún Parlamento anterior había contado con una representación autónoma indígena-popular de esta magnitud. Los movimientos sociales habían optado por luchar, con una mano, en la arena parlamentaria y, con la otra, en las calles, en un intento de derribar los muros de contención del colonialismo interno.

Según García Linera (2004a), el campo político boliviano se estructura actualmente a partir de dos polos antagónicos, que se organizan en torno a los ejes étnico-cultural (indígenas / criollos), de clase (trabajadores / empresarios) y regional (occidente / oriente). Si bien en ambos polos existe una gran diversidad de actores, considero que el contrahegemónico es un polo emergente - con aspectos alternativos y de oposición - pues su articulación para trascender las demandas sectoriales y coyunturales y hacer frente común de características estratégicas que articule las diversas formas e historias organizativas, identidades y agendas, es aún limitado. Coincido con García Linera en que "el polo indígena-plebeyo debe consolidar una capacidad hegemónica, entendido esto como liderazgo intelectual y moral sobre las mayorías sociales del país".

En el polo contrahegemónico, se sitúan los movimientos indígena-populares, tanto en su vertiente rural-campesina como en su vertiente obrero-urbana. En términos muy generales, proponen una economía centrada en el mercado interno, que tuviese como eje la comunidad campesina y un protagonismo indígena en la dirección del Estado. Los proyectos contrahegemónicos están anclados en el occidente boliviano, sobre todo en sus regiones andinas, y sus focos urbanos más significativos están en la ciudad de El Alto y Cochabamba. En este polo se sitúa lo que queda de la estructura sindical, que contó con gran liderazgo hasta los años ochenta, pero que en la actualidad ha perdido fuerza con respecto a las organizaciones de base vecinal y étnica.

En el polo hegemónico, la identidad discursiva y movilizadora es de corte regional, articulada por el proyecto de autonomía de la "media luna" del pujante oriente boliviano, proyecto que tiene su capital en la ciudad oriental de Santa Cruz de la Sierra. Propone una vinculación a los mercados externos, promoción de la inversión extranjera, subordinación del Estado a los negocios privados y preservación del "viejo orden" que ha permitido la constitución y conservación de una sociedad postcolonial dominada por las élites mestizo-criollas. Este proyecto tiene sus bases en el este y sureste de Bolivia y está sustentado por las élites, que dominan los aparatos de los partidos políticos tradicionales (MNR, MIR, UCS, ADN) y que en los últimos años utilizan como plataforma los Comités Cívicos y las Cámaras de Comercio del oriente, especialmente en Santa Cruz.

Esta polarización política se expresa actualmente en la pugna de dos agendas políticas: la "agenda de octubre" de los movimientos sociales, que demanda nacionalización de los hidrocarburos y Asamblea Constituyente, y la "agenda de enero", sostenida por las élites cruceñas, que tiene por objetivo la autonomía del oriente boliviano. En los siguientes apartados analizaremos el surgimiento de estas dos visiones del país, en una coyuntura política heredera del proceso de colonialismo interno.

4) Un punto de inflexión: la "guerra del gas" (septiembre-octubre 2003)

Para comprender la coyuntura que atraviesa hoy Bolivia, es necesario remontarnos al levantamiento indígena-popular apodado, no sin cierto sensacionalismo, "la guerra del gas".

En septiembre de 2003, se filtró a la opinión pública el proyecto gubernamental de explotación de las importantes reservas de gas boliviano por empresas transnacionales, para su posterior exportación por puerto chileno. La explotación y exportación de las reservas de gas descubiertas en los años noventa en territorio boliviano, fue la consigna del segundo gobierno de Sánchez de Lozada (2002-2003) para la superación de la crisis económica declarada en el país. Así, la esperanza del gas se convirtió en una pantalla para soslayar el sustrato político, social, cultural y económico de la crisis, merecedor de reformas estructurales.

Los movimientos sociales llamaron la atención sobre los siguientes asuntos:

  • Según la Ley de Hidrocarburos de 1996, de las nuevas explotaciones de gas que se llevasen a cabo en Bolivia, sólo el 18% del valor de la producción quedaría en manos del Estado boliviano. En un contexto de crisis, ¿Bolivia podía permitirse entregar el 82% de su recurso más estratégico a empresas multinacionales? Además, la citada ley otorgaba la propiedad del gas en boca de pozo a las empresas concesionarias de su explotación, generando un espacio de no-soberanía del Estado boliviano sobre su subsuelo y sobre sus recursos naturales estratégicos, que dio pié a una demanda de nacionalización.

  • Bolivia perdió su salida al mar tras una guerra con Chile en el siglo diecinueve (Guerra del Pacífico 1879-83). La ausencia de salida al mar es percibida como una limitación importante para su desarrollo, al tiempo que la recuperación del mar es una de las reivindicaciones históricas del Estado boliviano. En este marco, el sentimiento anti-chileno es un marchamo de la identidad nacional boliviana. Entonces, ¿por qué exportar el gas a través de Chile, generando beneficios económicos a ese país y reconocimiento, de facto, la soberanía chilena sobre la franja marítima arrebatada?

  • Por último, si el gas se exportase en bruto sin ser industrializado en el país, ¿qué beneficios quedarían a la sociedad boliviana - sobre todo a sus sectores populares - en términos de empleos y de valor añadido?

Hay que recordar también que la experiencia histórica de larga data de los sectores subalternos de Bolivia en relación con la explotación y exportación de sus importantes recursos naturales (concretamente la plata, el estaño y la goma): la actividad extractiva no ha producido mayor calidad de vida para los sectores populares, ni ha redundado en desarrollo para Bolivia. Para poner un ejemplo, Potosí, ciudad minera por excelencia de la etapa colonial, es hoy la zona más deprimida del país, con un nivel de renta per capita inferior a la media africana (PNUD 2002a). Esta cultura económica extractivista, que persiste desde la colonia hasta nuestros días, establece además una articulación de Bolivia al "sistema mundo" sumamente desventajosa.

Sobre estas bases, se articuló una reivindicación de corte anti-neoliberal, sustentada ideológicamente en un renovado nacionalismo indigenista, que exigía al gobierno: una nueva la Ley de Hidrocarburos más redistributiva y nacionalizadora, la transformación del gas en territorio boliviano y la realización de un referéndum para que la sociedad boliviana decidiese sobre el modelo de explotación y exportación del gas, demandas a las que se sumó la refundación de la República a través de una Asamblea Constituyente. Así, la defensa del gas se convirtió en síntesis y aglutinador de las reivindicaciones estructurales de los sectores populares e indígenas, que, en definitiva, exigían participación política en las decisiones estratégicas del país, reformas estructurales del modelo económico, equidad social, justicia e inclusión.

En torno a estas reivindicaciones, y a otras de carácter sectorial, empezaron, la segunda semana de septiembre de 2003 las movilizaciones, con bloqueos de carreteras y marchas, fundamentalmente protagonizadas por aymaras del área rural del departamento de La Paz. El 8 de octubre, el levantamiento, de origen rural, había tomado una nueva dimensión con el anuncio de huelga indefinida de las organizaciones sociales de El Alto - "la ciudad aymara". Así, el mundo político aymara, rural y urbano, se articuló con extraordinaria eficacia y puso en jaque al centro neurálgico del poder político criollo: la ciudad de La Paz, sede del gobierno boliviano. Como diría Luis Gómez (2004: 71) "la antorcha rebelde había cambiado apenas imperceptiblemente de manos, de aymara a aymara". El siempre amenazante poder indígena, emergió una vez más a los ojos de la ciudadanía y de las élites, completando un cerco total a la ciudad de La Paz - como el que ya llevara a cabo Tupak Katari a finales del siglo dieciocho - que mantuvo a la sede de gobierno bloqueada y desabastecida por más de una semana.

En respuesta a las movilizaciones, el gobierno militarizó la ciudad de El Alto y empezó una macabra represión militar y policial, que se saldaría con más de 60 muertos y de 400 heridos civiles, más un militar fallecido. La brutalidad de la represión y de la violencia - ejercida contra población no armada - sumada a la negativa del soberbio Sánchez de Lozada a dialogar y parar la violencia policial y militar en El Alto, despertó un clamor popular que rebasó la convocatoria realizada por los movimientos sociales y que ya no quería hablar del gas sino de la renuncia del presidente.

La presión popular fue de tal magnitud, que forzó a Gonzalo Sánchez de Lozada a renunciar a su cargo y huir rumbo a Estados Unidos el 17 de octubre de 2003, sucediéndole Carlos Mesa, su vicepresidente. El nuevo Presidente, se comprometió a llevar a cabo la "agenda de octubre" reivindicada por los movimientos sociales, articulada en torno a tres puntos: referéndum sobre el modelo de explotación del gas, derogación de la ley de hidrocarburos y convocatoria a una Asamblea Constituyente. ¿Qué ha sucedido con esta agenda?

III.- LA COYUNTURA. De octubre 2003 a junio 2005: ¿Restauración oligárquica o triunfo indígena-popular?

Si bien es importante recordar el logro histórico que supuso para el movimiento indígena-popular haber depuesto a un presidente represor - con un amplio apoyo de la clase media - y haber comprometido a su sucesor con una agenda de carácter estructural, no es menos importante reconocer que el cumplimiento de la "agenda de octubre" avanza lentamente y está tropezando con grandes dificultades. Esto nos hace pensar que los mecanismo democráticos, tan reivindicados por los sectores subalternos, están siendo desnaturalizados y utilizados en su contra, como parte de un proceso de restauración oligárquica por vías formalmente democráticas.

Por una parte, los partidos tradicionales cuentan con más de dos tercios de votos en el Parlamento y tienen la capacidad de bloquear las iniciativas legislativas vinculadas al cumplimiento de esta agenda, al tiempo que el presidente Mesa mantiene una posición ambigua con respecto a las demandas populares. Por otra, las élites, operando desde la capital oriental de Santa Cruz de la Sierra, se defienden contra esta arremetida indígena-popular, generado también una agenda política - denominada "agenda de enero" - con un marco de movilización social y presión al sistema político en demanda de autonomía departamental con plenas competencias para la gestión de los recursos naturales y estratégicos.

"La agenda de octubre" de 2003

El referéndum del gas, que tuvo lugar en julio de 2004, lejos de cerrar la herida del gas, ha generado una profunda crisis política, pues la ambigüedad de sus cinco preguntas y la ausencia de una pregunta que dilucidase directamente la demanda de nacionalización que hacían los movimientos sociales, ha dado pie a una marea de interpretaciones alternativas y contradictorias.

De este modo, el camino hacia la elaboración de una nueva Ley de Hidrocarburos que defina el nuevo modelo de explotación del gas acorde a la voluntad popular, lejos de quedar allanado y esclarecido por el referéndum, ha generado un abismo entre las posiciones enfrentadas de los poderes del Estado, los movimientos sociales y las empresas transnacionales. Así, la nueva ley, finalmente aprobada en mayo de 2005, no ha dejado satisfecho a ninguno de los tres actores.

En cuanto a la Asamblea Constituyente, demanda que partió de los pueblos indígenas ya en los años noventa, pese a la presión social y a los avances de la Comisión Parlamentaria de Reforma de la Constitución, a día de hoy aún no cuenta con una Ley de Convocatoria.

Simultáneamente, mientras el Parlamento pospone el tratamiento de la Ley de Convocatoria a la Constituyente demandada en octubre de 2003, la "agenda de enero" de 2005 avanza a marchas forzadas.

Este panorama político ha generado un nuevo ciclo de movilizaciones sociales que exigen la nacionalización del gas y la inmediata convocatoria a la Asamblea Constituyente, anclando su horizonte reivindicativo en la restitución de la "agenda de octubre" como agenda nacional, en lo que ya se denomina "la segunda guerra del gas".

"La agenda de enero" de 2005

En respuesta a la amenaza de la Asamblea Constituyente, en enero de 2005, los sectores defensores del status quo, sustentados por los partidos políticos tradicionales y los sectores empresariales vinculados a la economía transnacional, generaron una movilización social de corte populista en la capital oriental de Santa Cruz de la Sierra, orientada a conseguir una autonomía departamental antes de y con independencia de la Asamblea Constituyente, con la intención de mantener sus privilegios en el oriente del país y sustraerse así de la presión de los movimientos sociales indígena-populares, más fuertes en el occidente de Bolivia.

La clave de esta demanda está en que la autonomía que las élites orientales pretenden conquistar incluye la gestión plena de los recursos naturales y estratégicos situados en el oriente boliviano - gas, petróleo, tierra, biodiversidad, entre otros - sustrayendo del debate nacional y de la Asamblea Constituyente la gestión de estos recursos, que suponen la mayor esperanza de reactivación económica y de redistribución para Bolivia.

Pugna de agendas

En definitiva, están en conflicto dos agendas políticas, en un ambiente de extrema polarización política: por una parte, los movimientos sociales exigen la restitución de la "agenda de octubre" de 2003, que surgió de la "guerra del gas", demandando nacionalización de los hidrocarburos y convocatoria a una Asamblea Constituyente, y por otra, los defensores del status quo, luchan por llevar a cabo la "agenda de enero" de 2005, su alter ego, para sustraer del debate nacional las autonomías departamentales, donde las élites esperan reconstruir su proyecto político y acaparar nuevamente los recursos estratégicos del país.

IV.- REFLEXIONES FINALES

Crisis de un modelo económico y político excluyente

Las movilizaciones sociales que vive Bolivia desde el año 2000 hasta la fecha son la precipitación de un largo proceso de acumulación de luchas sociales, producto de un Estado excluyente con resabios coloniales, empeñado desde los años ochenta en implantar un modelo económico neoliberal en un entorno formalmente democrático.

Por una parte, las medidas neoliberales, como la privatización de empresas y servicios públicos, la transnacionalización de la economía, el recorte del gasto social y la precarización del empleo, no han hecho sino profundizar la brecha entre ricos y pobres.

Por otra parte, la denominada "democracia pactada", dominada por partidos los políticos tradicionales, ha producido un fuerte desgaste del proceso democrático que, en definitiva, encubre una "pigmentocracia" radical, de corte postcolonial, que bajo la formalidad democrática institucionaliza, sustenta, perpetúa y justifica la exclusión de los sectores subalternos, mayoritariamente indígenas.

La emergencia de la subalternidad: Antineoliberalismo de rostro indígena

Estas condiciones históricas de explotación económica y exclusión política, han contribuido a fortalecer a los movimientos sociales bajo un horizonte de movilización de masas. La particularidad de este nuevo ciclo rebelde, radica en el resurgimiento de las identidades indígenas. Al respecto de este resurgimiento, cabe recordar que la situación presente de explotación, exclusión y discriminación de la población indígena urbana y rural, en quien ha recaído el peso de las reformas neoliberales, ha servido de catalizador de las identidades étnicas y de las luchas anticoloniales del pasado. Así, las identidades étnicas han venido a llenar el vacío que se produjo en los movimientos sociales tras el quiebre de la minería estatal y la consiguiente pérdida de liderazgo del sindicalismo minero. Cabe destacar, sin embargo, que esta primacía de las identidades étnicas no significa que los movimientos sociales bolivianos pivoten esencialmente en torno a reivindicaciones culturalistas: su seña de identidad es más bien la demanda de reformas estructurales en la política y en la economía, espacios de los que los sectores subalternos, mayoritariamente indígenas, han estado históricamente excluidos.

En definitiva, este auge de los movimientos sociales un síntoma de agotamiento del proceso histórico postcolonial, discriminador y excluyente de las mayorías, cuyas fronteras se están resquebrajando por la presión indígena-popular, que además de operar en las calles, ha conquistado democráticamente un espacio en el Parlamento.

Los retos de los movimientos sociales

Pero no sólo están en crisis los partidos políticos tradicionales y la democracia formal. El poder que han adquirido los movimientos sociales pone a prueba su madurez.

En primer lugar, la transformación de los movimientos sociales contrahegemónicos en partidos políticos plantea no pocas incógnitas. Por una parte, se encuentran en minoría en el Parlamento, frente a fuerzas políticas hegemónicas más cohesionadas, de forma que su presencia podría dar una renovada legitimidad al sistema político existente, más que a transformarlo. Por otra, su incorporación a la política partidaria plantea un choque de culturas políticas y organizativas con respecto a sus bases indígenas-populares. Se plantean grandes riesgos en cuanto a la pérdida de control de las bases sobre la actividad de las cúpulas de los partidos, perdiendo así su característica de representación directa. Esto podría generar un distanciamiento de las bases indígena-populares con respecto de las cúpulas de los partidos, lo que reproduciría, como en el caso de los partidos tradicionales, un problema de mediación en la representación de los sectores indígenas y populares en las instituciones democráticas.

En segundo lugar, cabe destacar que las bases sociales de los partidos políticos contrahegemónicos siguen actuando como movimientos sociales, haciendo política fuera de los lugares de la "política formal", de modo que estos partidos se ven, por un lado, rebasados por la radicalidad de sus bases y, por otro, en una papel ambiguo con respecto a la democracia formal, que apoyan pero también mantienen en jaque desde las calles.

En primer lugar, la transformación de los movimientos sociales contrahegemónicos en partidos políticos plantea no pocas incógnitas. Por una parte, se encuentran en minoría en el Parlamento, frente a fuerzas políticas hegemónicas más cohesionadas, de forma que su presencia podría dar una renovada legitimidad al sistema político existente, más que a transformarlo. Por otra, su incorporación a la política partidaria plantea un choque de culturas políticas y organizativas con respecto a sus bases indígenas-populares. Se plantean grandes riesgos en cuanto a la pérdida de control de las bases sobre la actividad de las cúpulas de los partidos, perdiendo así su característica de representación directa. Esto podría generar un distanciamiento de las bases indígena-populares con respecto de las cúpulas de los partidos, lo que reproduciría, como en el caso de los partidos tradicionales, un problema de mediación en la representación de los sectores indígenas y populares en las instituciones democráticas.

En segundo lugar, cabe destacar que las bases sociales de los partidos políticos contrahegemónicos siguen actuando como movimientos sociales, haciendo política fuera de los lugares de la "política formal", de modo que estos partidos se ven, por un lado, rebasados por la radicalidad de sus bases y, por otro, en una papel ambiguo con respecto a la democracia formal, que apoyan pero también mantienen en jaque desde las calles.

Por último, y no menos importante, la larga historia de exclusión política ha generado en los movimientos sociales una cultura política de oposición, que deben superar hacia una cultura de ejercicio alternativo del poder, que no replique los males del sistema político como son el prebendalismo, el caudillismo, la corrupción y las prácticas excluyentes.

¿Una oportunidad de cambio?

El status quo de explotación económica, exclusión política e inequidad social, está puesto en cuestión por amplios sectores de la sociedad boliviana, lo que es, en sí mismo, un paso adelante hacia su transformación.

Aún es pronto para señalar cuál será el desenlace provisional de la convulsa coyuntura que vive Bolivia. Sin embargo, ya no cabe duda de que una solución duradera pasará necesariamente por acometer reformas estructurales - decididas y sinceras - en la economía y en la política, encaminadas a cerrar la fractura social existente.

Para ello, es condición necesaria que quienes ostentan el poder estén convencidos de que ha llegado el momento de compartirlo.

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Notas

(1) La autora, residente en Bolivia, es Representante de la ONG ACSUR-Las Segovias en ese país. Actualmente desarrolla una investigación doctoral sobre los movimientos sociales en Bolivia, vinculada al departamento de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid.

(2) Documento constitutivo del Partido Indio, en Pacheco1992:33

(3) En la historia boliviana existen numerosas masacres indígenas, si bien no hubo un genocidio masivo, entre otras cosas porque la mano de obra indígena ha sustentado el aparato productivo boliviano desde la colonia.

(4) Esto no quiere decir que la rebelión sea el único método de resistencia indígena al orden colonial dominante, sino que es uno de los métodos más significativos y persistentes en la historia, sin dejar de reconocer la existencia de otros métodos como la negociación con el poder hegemónico y las luchas jurídicas y jurisdiccionales.

(5) En Bolivia existen usos tradicionales de la hoja de coca y es legal la producción de un limitado número de hectáreas, en la zona de Yungas (La Paz). La erradicación de la hoja de coca excedentaria, producida fundamentalmente en El Chapare