Uno de los primeros proyecto en asociación que canalizará US$620 millones en donaciones y préstamos en beneficio de 4 millones de personas de escasos ingresasen doce países
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno de España otorgarán US$100 millones en donaciones y créditos a Bolivia como parte de la primera etapa de una asociación sin precedentes para enfrentar los problemas de agua y saneamiento que afectan a las comunidades más pobres de América Latina y el Caribe.
Este es el segundo proyecto financiado conjuntamente por e BID y el Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (el Fondo Español), una entidad creada el año pasado por iniciativa del primer ministro de España, José Luis Rodríguez Zapatero.
El BID y el gobierno de España firmaron en julio de 2009 un acuerdo para financiar y ejecutar proyectos en conjunto con una porción de las donaciones del Fondo Español. La asociación se beneficiará del extenso portafolio de proyectos de agua y saneamiento del BID, así como de su red de especialistas sectoriales en sus representaciones en la región, para ejecutar en forma rápida y eficiente proyectos que hayan sido identificados como prioritarios por los distintos gobiernos de América Latina y el Caribe.
Además del proyecto en Bolivia, el BID y España están cofinanciando $39 millones en donaciones para proyectos de agua y saneamiento en Haití (ver enlace a la derecha), y se anticipa que financien diversos proyectos localizados en Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, Rep=FAblica Dominicana y Uruguay, desde ahora hasta mediados de 2010. En total, España contribuirá con un total de US$407 millones en donaciones a estos proyectos, mientras que el BID aportará US$213 millones en donaciones y préstamos, además de asumir el grueso de los costos de preparación y ejecución de los mismos. Se espera que cerca de 4 millones de personas que viven en comunidades urbanas y rurales de bajos ingresos resulten beneficiadas directamente por estos proyectos.
"Esta asociación es un gesto histórico de solidaridad por parte del pueblo de España hacia nuestra región", dijo el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. "Estas donaciones generosas nos permitirá apalancar los fondos del BID y financiar proyectos mucho más ambiciosos que mejorarán la salud y la calidad de vida de millones de personas que viven en algunas de las comunidades más pobres del hemisferio".
El Gobierno de Bolivia está implementando una estrategia integral para extender los servicios de agua y saneamiento en zonas periurbanas como parte de su Plan Nacional de Saneamiento Básico (PNSB) publicado por el Ministerio de Agua en año pasado.
El PNSB reconoce el acceso al servicio de agua como derecho universal, rechaza concesiones y privatización y define al Estado como responsable de la provisión de servicios. También estipula que los servicios responderán a criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, y tarifas equitativas y necesarias. Por =FAltimo, el PNSB reconoce los usos culturales y ancestrales del agua y requiere que el Estado y la población conserven, protejan y aprovechen en forma sostenible los recursos hídricos.
Los servicios en áreas urbanas y periurbanas están entre las prioridades de corto plazo del PNSB. El Gobierno de Bolivia calcula que se requieren inversiones de más de US$700 millones hasta el año 2015 en áreas urbanas para cumplir con las Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este monto significará incrementar el acceso de agua potable y saneamiento a 1,4 y 1,7 millones de habitantes respectivamente.
Los US$100 millones otorgados por el Fondo Español y el BID tienen el propósito de ayudar a alcanzar esas metas de inversión. Los fondos serán utilizados para cuatro actividades principales: la construcción de nueva infraestructura en las áreas desatendidas; la culminación de los planes maestro de agua y saneamiento en La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija; el fortalecimiento institucional de los respectivos operadores de servicios y las autoridades gubernamentales; así como el establecimiento de una unidad de coordinación del programa a tiempo completo para auditar, evaluar y supervisar la ejecución del proyecto.