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Respuesta para la recuperación socioeconómica de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras personas de interés del ACNUR en las fases de emergencia y post emergencia COVID-19

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INTRODUCCIÓN

I. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN REGIONAL FRENTE A LA CRISIS COVID19

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia por COVID-19. Ante la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional, los gobiernos tomaron medidas de carácter sanitario para enfrentar la pandemia como el aislamiento social, en algunos casos obligatorio por un plazo determinado, durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo.

La emergencia sanitaria y la indicación del aislamiento social han dejado en evidencia los desafíos de la respuesta institucional a la situación de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras personas de interés del ACNUR, en cuanto a alojamiento de emergencia, provisión de alimentos e incorporación a los sistemas de protección social como así también los desafíos futuros en relación con la recuperación económica.

En este contexto, la proyección de crecimiento del PBI de América Latina y el Caribe es del -5,3%. Es esperable que los precios de los productos básicos disminuyan drásticamente, con consecuencias perjudiciales para una región cuyas exportaciones dependen en gran medida de los recursos naturales.

Las proyecciones de crecimiento del PBI de los países que pertenecen a la Oficina Regional de ACNUR para el Sur de América Latina son negativas.

El impacto de la crisis en los distintos sectores de la economía varía. La siguiente tabla 5 muestra la participación de esos sectores en el PBI, clasificados según el grado de afectación como consecuencia de la emergencia sanitaria COVID-19.

Por otro lado, el 53% del empleo en la región se realiza en actividades informales, que se verán gravemente afectadas ya que dependen en gran medida del contacto interpersonal. Se estima que el primer mes de la crisis dio lugar a una disminución del 81% de los ingresos de los trabajadores informales en América Latina.

Desde el punto de vista de las MIPYMES, el impacto económico tendrá un alto costo social, ya que las micro y pequeñas empresas representaron el 47.1% del empleo total en 2016, llegando al 61.1% si se incluyen las empresas medianas (Dini y Stumpo, 2019). Las ventas podrían ser insuficientes para la supervivencia de estas empresas, que serían incapaces de pagar salarios, contribuciones de empleados y contribuciones de seguridad social, e incluso podrían ir a la quiebra.

En América, se estima que la reducción de horas trabajadas es de 12.4% para el 2do trimestre de 2020. En ese contexto, se estima que la tasa de pobreza aumentaría 4,4 puntos porcentuales durante 2020, al pasar del 30,3% al 34,7%, lo que significa un incremento de 28,7 millones de personas en situación de pobreza. La tasa de pobreza de los trabajadores informales subiría al 84% en el primer mes de la crisis.