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Consejo de Derechos Humanos
58º período de sesiones
24 de febrero a 4 de abril de 2025
Tema 4 de la agenda
Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo
Resumen
En este informe, presentado de conformidad con la resolución 55/27 del Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Expertas Independientes sobre la Situación de los Derechos Humanos en Belarús expone sus conclusiones. En primer lugar, examina las causas profundas de las violaciones de derechos humanos cometidas desde mayo de 2020, destacando que la respuesta violenta a las protestas masivas que tuvieron lugar en torno a las elecciones presidenciales de 2020 fue la última manifestación de una pauta bien arraigada de gobernanza represiva. A continuación, demuestra que esas violaciones persistieron y afectaron a un número cada vez mayor de personas en 2023 y 2024, al tiempo que las autoridades seguían restringiendo el espacio cívico y democrático en previsión de las elecciones presidenciales de 2025.
El Grupo constató que el Gobierno de Belarús había seguido recurriendo a detenciones y encarcelamientos arbitrarios, a menudo acompañados de tortura o malos tratos, como principal método para acallar la disidencia. También documentó que los miles de bielorrusos detenidos y juzgados por motivos políticos habían sido sometidos sistemáticamente a un régimen de detención diferenciado y más severo, diseñado para castigarlos y humillarlos. Estas prácticas, junto con la intensificación de la vigilancia y el temor bien fundado a una nueva detención, siguieron obligando a muchas personas a exiliarse; de ellas, un número cada vez mayor se enfrentaba a actuaciones penales en rebeldía.
Basándose en sus observaciones y en la labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo encontró nuevas pruebas de que se habían perpetrado crímenes de lesa humanidad, concretamente encarcelamientos y persecuciones, contra un sector importante de la población definido por sus opiniones políticas reales o percibidas. El Grupo concluye con recomendaciones en las que insta al Gobierno de Belarús a colaborar de forma efectiva con él y con las Naciones Unidas, a poner en libertad de inmediato a todas las personas detenidas por motivos políticos y a aplicar reformas integrales para abordar las causas estructurales de las violaciones de derechos humanos documentadas desde mayo de 2020.