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Introducción
América del Sur tiene una larga tradición de migración mixta, con la mayoría de los desplazamientos ocurriendo dentro del subcontinente. Desde 2015, la migración venezolana ha representado la mayor parte de los movimientos en América del Sur: casi el 80% de los 7,8 millones de personas que han salido de Venezuela en la última década se han asentado en países vecinos de la subregión3. Las salidas desde Venezuela continúan, y algunas de las personas que migraron previamente a otros países suramericanos—enfrentando a menudo dificultades de integración—están emprendiendo nuevos desplazamientos; otras están regresando a Venezuela. También persisten otros movimientos intrarregionales significativos que involucran a personas provenientes de otros países suramericanos, principalmente de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia4. Las personas migrantes provenientes de fuera del subcontinente, incluyendo a la población caribeña, también forman parte de la migración mixta en América del Sur5.
Desde 1969, cuando se creó la Comunidad Andina (CAN), las personas ciudadanas de los países miembros—Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia—han podido ingresar a los países del grupo sin necesidad de pasaporte o visa6. Así mismo, desde 1991, con el establecimiento del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)7 , las personas ciudadanas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay se han beneficiado de un esquema similar de libre circulación8. Como resultado de estos mecanismos de integración, históricamente el empleo de traficantes de migrantes ha sido significativamente menos necesario en comparación con otros contextos.
Sin embargo, Venezuela se retiró de la CAN en 2006 y fue suspendida del MERCOSUR en 2016. Como resultado, las personas provenientes de Venezuela—la nacionalidad con el mayor número de personas en tránsito en la región—ahora deben presentar un pasaporte válido y cumplir con los requisitos de ingreso de cada país, lo cual no es posible para muchas personas, debido a las barreras administrativas y económicas para obtener documentos de identidad. No obstante, a pesar de estas dificultades para cruzar fronteras de manera regular, el uso de traficantes de migrantes sigue siendo la excepción y no la norma.
De manera más amplia, el aumento general de la migración a lo largo de América del Sur ha sido acompañado de políticas migratorias más restrictivas9. Países como Chile, Perú y Ecuador10 han endurecido los controles fronterizos, incluyendo la militarización de fronteras, la introducción de requisitos de documentos de identidad para el ingreso y tránsito, la limitación de vías de regularización y mecanismos de asilo, y alimentando narrativas de criminalización de la migración11. Este giro continúa y, en la actualidad, se suma al enfoque de línea dura de la administración Trump sobre la migración en Estados Unidos, lo que probablemente solo generará más tensión en los sistemas migratorios regionales y reforzará las tendencias de políticas restrictivas12.
Aunque esta investigación muestra que, por ahora, el uso de traficantes de migrantes sigue siendo bajo en América del Sur— una de cada cinco personas migrantes declaró haber contratado a un traficante durante su trayecto—, el endurecimiento de las restricciones puede conducir a una mayor dependencia de estos actores. Por lo tanto, comprender la dinámica del tráfico de migrantes resulta cada vez más relevante.
Este documento analiza el uso de traficantes de migrantes entre personas migrantes en las rutas migratorias suramericanas.
Presenta información sobre por qué las personas migrantes actualmente usan (o no) a traficantes, cómo los usan, cuáles son los servicios más comúnmente provistos, los principales puntos de tráfico, las tarifas cobradas, los métodos de contacto, los perfiles de traficantes y la manera en que las personas migrantes perciben a los traficantes.