Hay alrededor de 18.000 personas en riesgo
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Afectada desde hace tres semanas por la caída de cenizas del volcán Puyehue, Bariloche vive en estado de tensión por las consecuencias económicas, que comienzan a profundizarse, con unas 18.000 personas en riesgo social y con pérdidas en el sector privado superiores a los 600 millones de pesos si continúa cerrado el aeropuerto local.
Ayer, luego de que con gritos, críticas y palabras de desesperación los comerciantes se movilizaran al Centro Cívico, el intendente Marcelo Cascón y el Concejo Municipal modificaron la emergencia aprobada días atrás y decretaron a Bariloche en estado de "desastre económico y social".
A las puertas de la temporada invernal, los comerciantes afirman estar ahogados por esta crisis, sin poder pagar a sus empleados, a los proveedores, los servicios públicos ni los alquileres.
La diferencia en la terminología traería "mejores herramientas legales para renegociar vencimientos, pagos y obtener créditos blandos", dijo a La Nacion Alejandro Mansilla, referente de la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes, que reúne unos 200 comercios locales. El intendente reconoció que "es el sector al que más le va a costar recuperarse" pero instó a aunar esfuerzos y participar de la comitiva de autoridades locales, cámaras empresarias y sindicatos que acudirá esta semana a diversos organismos del gobierno nacional a pedir un ambicioso plan de medidas de ayuda a Bariloche.
En medio de la agobiante situación de trabajadores, comerciantes y empresarios, el jefe comunal resolvió ayer suspender la convocatoria a elecciones municipales previstas para el 4 de septiembre, en función de que la preocupación de la sociedad es la crisis y no un proceso electoral.
A pesar de que la actividad es normal, con servicios garantizados, escuelas y comercios abiertos, la ausencia de turistas provocó el cierre temporario de hoteles y las previsiones de que el aeropuerto internacional prolongará su cierre por varias semanas llevan a estimar pérdidas equivalentes al 21% del ingreso anual por el turismo, calculadas en 619 millones de pesos en caso de que la conectividad aérea continúe cerrada hasta agosto.
Descreen en Bariloche del anuncio realizado el fin de semana por el ministro de Turismo, Enrique Meyer, y el titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, quienes indicaron que el viernes el aeropuerto estará en condiciones de operar. Hasta el intendente es cauto al hablar de la terminal aérea y pide garantizar al menos el estado de las rutas y la apertura del paso internacional Cardenal Samoré; persiste en la memoria que la ciudad de Esquel tuvo cerrado su aeropuerto durante más de cinco meses cuando erupcionó el volcán Chaitén en 2008.
La conectividad terrestre genera además una polémica con Villa La Angostura, la localidad neuquina más afectada por las cenizas, atravesada por la ruta 234, que conduce al paso fronterizo. El Comité de Emergencia de esa ciudad rechazó la posible apertura de la frontera debido a las consecuencias que traería el paso de camiones y vehículos cuando aún persisten 30 centímetros de cenizas en sus calles, mientras que desde Bariloche plantean "buscar un acuerdo y habilitar al menos el paso del turismo, sin permitir camiones".
Auxilio financiero
El diagnóstico indica que Bariloche requerirá un amplio auxilio financiero y programas nacionales con exenciones impositivas y la quita del IVA de los productos de la canasta familiar y alquileres, además de una reducción del 50 al 75% en aportes y contribuciones de la seguridad social.
El ambicioso plan de medidas que el municipio planteará a la Nación incluye, además, la incorporación de 10.000 puestos de trabajo vinculados con el turismo subsidiados por el Estado a través de los planes Repro y la ampliación del alcance del subsidio al combustible, que actualmente rige desde el paralelo 42º (El Bolsón) hacia el Sur. En materia social, se estimó un índice de pobreza del 25% de la población, con 17.758 personas que padecen una crítica situación social, para quienes se solicita duplicar los montos de la Asignación Universal por Hijo, actualmente otorgada a 2900 familias con una suma de $ 220, y del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que llega a 1200 familias con un monto de $ 65.
Se incorporó, además, el reclamo al gobierno provincial de incrementar los planes sociales de entrega de alimentos, leña para afrontar el invierno y materiales para el mejoramiento habitacional. El estado municipal, en tanto, se encuentra en una situación crítica desde hace años, con el 75% de sus ingresos destinados a cubrir la masa salarial, por lo cual también planteará una ayuda extra a través de un aporte del Tesoro Nacional de $ 16,5 millones en función de la caída de la recaudación municipal y los altos costos que demandará la limpieza de la ciudad, que contempla el pago de horas extras, de combustible y el alquiler de maquinarias.