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A lo largo de 2022, los países del Cono Sur -Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay- experimentaron bajos niveles de crecimiento económico y, en algunos casos, altas tasas de inflación que han impactado negativamente en las oportunidades de integración socioeconómica de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, particularmente de aquellos que llegaron recientemente a la subregión.
El entorno de protección también se ha visto debilitado como resultado de un conjunto de desafíos para abordar la movilidad humana atribuibles en gran medida al impacto persistente de la pandemia del COVID-19, así como a los obstáculos de larga data para acceder a los sistemas de asilo, para regularizar la estancia en algunos de los países y para acceder a la documentación básica.
En este contexto, la dinámica de movimiento de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en la subregión ha vuelto en su mayor parte a los patrones anteriores a la pandemia tras la reapertura gradual de las fronteras en octubre de 2021. Sin embargo, en 2022 hubo un notable aumento de los movimientos secundarios en múltiples direcciones, algunos a través de pasos fronterizos irregulares particularmente a lo largo de la frontera boliviana con Chile.
Tal como se presenta en el RMNA, las principales necesidades prioritarias de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en Argentina, Uruguay y Paraguay incluyen el acceso a oportunidades de empleo y/o autoempleo, así como el apoyo financiero, legal y operativo para acceder a soluciones de vivienda digna. Mientras que en Bolivia, las intervenciones relacionadas con la protección (por ejemplo, el acceso a la documentación o la asistencia legal) fueron identificadas como las principales necesidades, seguidas del alojamiento, la alimentación y la salud.