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Argentina: Sequía 2020 - Análisis preliminar de situación

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Contexto de la crisis

Los países de América Latina han tenido situaciones de crisis económicas y políticas recurrentes durante las últimas décadas, y el caso de Argentina no ha sido diferente. Pero el año 2020 ha sido un año particularmente complejo para Argentina. El país ha transcurrido por un periodo difícil debido a los impactos directos de la pandemia de COVID-19, factores estructurales que inciden en la pobreza y la inseguridad alimentaria, y fenómenos climáticos como la sequía e inundaciones en varias regiones. Todo ello ha impactado considerablemente la producción de alimentos en el país, donde el 22,2% de la población presentaba inseguridad alimentaria ya en el 2019, mientras que el 9,3% de la población tenía inseguridad alimentaria severa.

En 2020 las condiciones de vida se han deteriorado considerablemente para un grupo importante de la población, y de manera diferencial para las personas en mayor situación de vulnerabilidad, entre ellos los niños, niñas y adolescentes, en especial aquellos de hogares en situación de hacinamiento, hogares monoparentales o con jefatura femenina, con un bajo clima educativo o con padres en situación laboral precaria o informal. A estos grupos se suman las mujeres, personas mayores, migrantes, personas con discapacidad, LGBTIQ+ y de manera particular los pueblos indígenas, afrodescendientes y habitantes de zonas rurales.

La pandemia impactó también la movilidad de la población nacional y migrante, ya que se restringieron los cruces fronterizos, se determinó la suspensión o restricción de los viajes internacionales y se implementaron acciones de refuerzo con la expectativa de frenar la propagación del coronavirus. Luego de declarar el cierre de fronteras el 15 de marzo, las autoridades argentinas reabrieron el 1 de abril de manera parcial las fronteras terrestres, fluviales, marítimas y aéreas para la repatriación de nacionales y extranjeros residentes. Fueron oficialmente habilitados cuatro pasos fronterizos terrestres que permiten el ingreso por día de hasta 500 personas, desde y hacia Brasil, Uruguay y Chile. No obstante, se registran ingresos al país de manera irregular, por pasos clandestinos.

Como resultado del cierre de fronteras, más de 300.000 nacionales argentinos quedaran varados tanto en países limítrofes como no limítrofes. Las restricciones en la movilidad de personas alteraron las dinámicas y los intercambios sociales y económicos que se daban entre comunidades vecinas en áreas de frontera, de manera especial las pertenecientes a la región del Gran Chaco en el norte del país, generando impactos negativos en la vida cotidiana de estas poblaciones, incluyendo mayores dificultades para satisfacer sus necesidades básicas tales como la alimentación. A principios de septiembre, las autoridades argentinas empezaron a desplegar un plan de apertura escalonada, ordenada y programada de fronteras de acuerdo a las condiciones de seguridad sanitaria.

Este documento pretende promover una discusión sobre la dimensión y las consecuencias humanitarias que la concurrencia de estos factores genera en las poblaciones que habitan en territorios afectados particularmente por la sequía, limitando la capacidad de provisión de alimentos a la población. Se busca posicionar el tema de la seguridad alimentaria misma que se entiende como "el permanente acceso tanto físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida sana y activa" (FAO, 1996).

En este contexto y para este análisis, se ha tomado como referencia a las poblaciones que habitan en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe y este de Salta para el análisis de la inseguridad alimentaria, así como de las brechas en el acceso a servicios por sectores humanitarios identificados, como es el caso de: nutrición, salud, protección, agua, saneamiento e higiene (WASH) y recuperación temprana, con el objetivo de identificar un número preliminar de personas en necesidad de una repuesta de emergencia inmediata.

Con respecto a la seguridad alimentaria, mediante Decreto Ejecutivo 108/2002 del 16 de enero del 2002, se declaró la Emergencia Alimentaria Nacional y la creación de los mecanismos pertinentes con la asignación presupuestaría necesaria para la ejecución de las acciones derivadas de esta decisión. Esa norma ha sido modificada en varias ocasiones para prorrogar los plazos de su vigencia, hasta el 31 de diciembre de 2022.

En cuanto a las sequías, desde el año 2019 se han agudizado y extendido, en muchos casos derivando en incendios que eliminan los pocos pastos de la zona del Gran Chaco, afectando directamente la alimentación del ganado y agravando aún más la capacidad productiva a nivel local para abastecer las necesidades alimentarias de la población. Al cierre de este documento, hay incendios activos en la provincia de Córdoba, en la Yaya y Panaholma, resultando en una afectación de la superficie de 326.800,22 hectáreas.

Durante los incendios reportados entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2020, se ha reportado igualmente superficie afectada por incendios en Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Norte de Santa Fe y Este de Salta. Además de la problemática inmediata de los incendios forestales, la deforestación compromete la seguridad alimentaria de estas poblaciones. En el Gran Chaco, se ha incorporado tierras agrícolas a expensas del bosque nativo, alcanzando un 20% de superficie. El proceso de avance no planificado de la frontera agropecuaria ha generado no sólo conflictividad a nivel territorial, sino también la afectación de la seguridad alimentaria de estas poblaciones rurales marginales, el aumento de la pobreza y de los procesos migratorios hacia zonas marginales urbanas (FUNDAPAZ, 2008).

Adicionalmente, en la provincia de Salta hay afectaciones de la seguridad alimentaria desde hace varios años, principalmente para poblaciones indígenas. El Gobierno provincial declaró el Estado de Emergencia sociosanitaria el 29 de enero de 2020, debido al fallecimiento de ocho niños y niñas de comunidades de pueblos indígenas de la zona. Además de esas defunciones, hubo decenas de internaciones y varias altas hospitalarias de menores en las zonas declaradas en emergencia por complicaciones gastrointestinales y respiratorias agravadas por el estado de desnutrición aguda y deshidratación en la que se encontraban. Se estima que existen más de 10.000 niños en riesgo de desnutrición, especialmente en las comunidades indígenas.

Otro factor que afecta a la población de Salta, en particular en el departamento de General San Martín y Rivadavia, es la actividad petrolera y su impacto en el medio ambiente. En esta zona se estima que la población afectada de niños, niñas y adolescentes alcanzaría los 54.000. Debido a los riesgos asociados a las difíciles condiciones sociales y medioambientales, existen riesgos de enfermedades de Chagas y dengue, que, sumados a la deforestación, merman el bienestar de la población. Salta es una de las provincias con mayor deforestación del país; según datos oficiales entre 1998 y 2018 perdió 1.425.493 hectáreas de bosques nativos, que eran parte de las comunidades indígenas. Esta afectación no es exclusiva de la provincia Salta, sino también de otras provincias con mayor superficie de bosque nativo como Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

El escenario se hace más complejo con la llegada de la pandemia por la COVID-19. El Presidente de la nación firmó el 12 de marzo de 2020 el Decreto de Necesidad y Urgencia que amplió la Emergencia Sanitaria y dispuso la adopción de nuevas medidas para contener la propagación del nuevo coronavirus, entre ellas las restricciones de movilidad y el aislamiento social. El estallido de la pandemia encontró a un país afectado por grandes desafíos socioeconómicos y laborales, que reconoce una crisis alimentaria, socio sanitaria y productiva, marcados por las limitaciones fiscales para atender demandas básicas de la población y la compleja negociación de la deuda externa. Durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio impuesto por la COVID-19 se estima que 4 de cada 10 hogares con niños más vulnerables estuvo recibiendo algún beneficio social del gobierno. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ha sido una prestación monetaria excepcional que se ha creado para compensar la pérdida o disminución de ingresos de las personas afectadas por la pandemia. Dentro de este programa social, se creó la Tarjeta Alimentar; que en 2020 llegó a más de 1.500.000 familias en todo el país. Desde el 17 de diciembre de 2019, se acreditaron 1.567.752 tarjetas, que alcanzan a un total de 2.040.318 destinatarios.

Durante el 2020, la economía argentina sufrió una contracción importante de entre el 6,5 y el 11,8% del PIB. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la pobreza alcanzó al 40,9% de la población durante el primer semestre de 2020, una de las peores cifras de su historia. “La pandemia puede aumentar la tasa de incidencia de la pobreza del 35,6% al 40,2% de la población sin transferencias sociales y al 39,6% si se tienen en cuenta las medidas de apoyo a los ingresos recientemente implementadas por el Gobierno. En la misma dirección va la evolución de la tasa de incidencia de la indigencia, subiendo del 7,7% al 10,8% sin transferencias sociales y a 9,7% considerando las transferencias realizadas por el Gobierno”.

La pobreza impacta más a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, afectando al 52,3% de los/as menores de 14 años y al 42,5% de quienes tienen entre 15 y 29 años; también es mayor en algunas regiones, como el Gran Buenos Aires (40,5%), las provincias del noreste (40,1%) y las provincias del noroeste (40,7%). Además, los niveles de pobreza son mayores en aquellos hogares donde el principal ingreso del hogar lo genera una mujer, llegando al 68% de incidencia, así como entre los hogares monoparentales, mayormente liderados por mujeres.

(85,6%). Asimismo, las mujeres están sobrerrepresentadas en el decil de ingresos más bajos (66,1%) y por eso se verán más afectadas en una situación de crisis económica. En el segundo semestre de 2019, la pobreza monetaria afectaba al 53% de los niños y niñas, y podría escalar al 62,9% hacia fines de 2020, de acuerdo con estimaciones de UNICEF con base en datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y de proyecciones de contracción del PIB del Fondo Monetario Internacional (-9,9%). Por su parte, la pobreza extrema podría llegar al 18,7% hacia el final de 2020, disminuyendo levemente a 17,8% hasta finales del 2021. En términos absolutos, implicaría que entre 2019 y 2020 la cantidad de niñas, niños y adolescentes pobres pasaría de 7 millones a 8,3 millones, y la pobreza extrema, de 1,8 a 2,4 millones.

Respecto al índice de pobreza de la región del Gran Chaco Argentino, el INDEC indica que podría pasar del 23% al 32,5%. En las provincias afectadas, estos valores alcanzan el 23,2% en el noreste de hogares del país (Corrientes, Formosa, Chaco-Gran Resistencia, Misiones-Posadas), en tanto que en el noroeste de los hogares del país (Gran Catamarca, Gran Tucumán- Tafi Viejo, Jujuy Palpalá, La Rioja, Salta, Santiago del Estero- La Banda) llega al 21,4%.

En el área de las provincias afectadas se distinguen los siguientes pueblos indígenas: Kolla, Mocovi, Ava Guaraní, Chané, Wichí, Diaguita Calchaqui, Tonocoté, Vilela, Toba, Tilián, Qom, Comechingón, Tastil.

Sobre la violencia, las estadísticas nacionales oficiales indican que, según el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM), entre el 2013-2018, se han registrado 576.360 casos de violencia por razones de género, de los cuales 326.917 (56,7%) cuentan con la identificación de la víctima, siendo 242.872 identificadas como menores de edad. Este panorama ha deteriorado durante el año 2020, principalmente por la pandemia y el confinamiento. Según el Diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas, y disidencias en el contexto de COVID-19 realizada a 2.274 encuestadas, se indica que la percepción de la violencia de género aumentó en un 84,6%. Adicionalmente, las encuestadas manifestaron problemas puntuales asociados al acceso a la salud sexual y reproductiva. En el marco de la pandemia, el promedio diario de consultas a la Línea 144 por violencia de género se incrementó un 39%.

En tanto que, para las mujeres rurales y originarias encuestadas, se observó que un 18% sufrieron alguna forma de violencia de género. El impacto negativo de la pandemia se agudiza sobre poblaciones históricamente excluidas desde las condiciones de género, clase, étnico-raciales o de residencia.

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
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