Luis G. Elizondo
Desde 1968, y tras 26 años de guerra casi continua, el pueblo afgano no visitaba las urnas para elegir un parlamento. Con la celebración de las recientes elecciones legislativas del pasado 18 de septiembre, Afganistán tomó un importante paso hacia la democracia, y con ello, el Proceso de Bonn apuntó su último logro. Después de varias semanas de retraso debido a investigaciones de quejas de fraude, los resultados oficiales finalmente fueron publicados. Indudablemente, Afganistán recordará 2005 como un año clave en su transición democrática, pero también como uno marcado por la violencia.
Pese a la relativa baja participación de alrededor del 54% de los votantes registrados, la composición del nuevo parlamento ha resultado ser amplia y variada. Con su sesión inaugural prevista para la tercera semana de diciembre, la sede parlamentaria reunirá bajo su techo a un grupo variopinto de legisladores, algunos de los cuales lucharon en facciones enemigas. Ciertamente, dar a luz a una nueva vida parlamentaria no será fácil, pero su logro sin duda acercará al país a la paz y estabilidad. Para llevar a cabo las labores legislativas que tanto hacen falta, ex-muyahidín, ex-talibán y ex-comunistas habrán de coordinarse con una nueva generación de políticos afganos: mujeres, académicos y comerciantes. La tarea pinta ser difícil.
Cambios positivos, como el voto y participación de la mujer, abren con optimismo espacios que en tiempos de los talibán serían inimaginables. Las candidatas afganas obtuvieron 68 de los 249 escaños de la Wolesi Jirga (cámara baja), ligeramente por encima de la cuota reservada por la ley, formando el 27% de la cámara. A pesar de esto, la realidad refleja que la vida de la mujer en Afganistán sigue siendo durísima. Por esta razón, la facción femenina tiene mucho que aportar, y por ello, la nueva cultura parlamentaria deberá escuchar con atención su voz.
En contraste con lo anterior, el país sigue siendo preso de una corrupción crónica que, junto con la economía del opio, representa una importante amenaza para la reconstrucción. En esta ocasión, las elecciones no estuvieron exentas de actos fraudulentos; de las 5.400 quejas presentadas se atendieron unas 500, resultando en la anulación del 3% de los votos y en el despido de 50 funcionarios del cuerpo electoral. E todo caso, según los primeros informes, la especulación del amplio fraude no atenta contra la legitimidad e integridad general del proceso electoral.
El nuevo parlamento entra en escena en tiempos revueltos, por no decir de guerra, pues si tomamos la definición de guerra del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) , que considera que aquella existe cuando en el lapso de un año se producen más de 1.000 muertes en combate, 2005, con alrededor de 1.500, ha sido sin duda un año de guerra, el más sangriento desde la caída del régimen talibán. Puede ser "normal" que tras 26 años de guerra, el abandono de las armas sea un proceso duro y lento, no obstante, la nueva cultura parlamentaria debe evitar la peligrosa combinación del Kalashnikov con el escaño. Basta recordar ahora que en las semanas previas a las elecciones, unos 45 candidatos fueron apartados del proceso por su pertenencia a grupos armados y que, por otra parte y siguiendo datos recientes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, más del 80% de los nuevos parlamentarios de las provincias y el 60% de los representantes de Kabul, mantienen nexos con grupos armados. Integrar a la vida nacional y transformar el papel de los líderes milicianos, así como enjuiciar a los que han cometido delitos contra la humanidad, serán pasos vitales para el fortalecimiento del nuevo proceso político afgano.
Dado que aún están pendientes las elecciones de los Consejos de Distritos (pospuestas indefinidamente debido a desacuerdos en sus delimitaciones territoriales), ha sido necesario ajustar la ley para completar la composición de la Meshrano Jirga (cámara alta) y, por consiguiente, para asegurar el funcionamiento de la Asamblea Nacional (compuesta por la Wolesi Jirga y la Meshrano Jirga) . Constitucionalmente, la Meshrano Jirga se integra de la siguiente manera: un tercio de sus miembros son designados por el presidente; otro tercio por los Consejos Provinciales; y, el último tercio, por los Consejos de Distrito. Sin embargo, dada la postergación de las elecciones de estos consejos locales, en esta ocasión y de manera extraordinaria, dos tercios de los escaños serán designados por los Consejos Provinciales. Con este ajuste, la Meshrano Jirga se completa manteniendo su actual configuración hasta que se constituyan los Consejos de Distrito. Gracias a estas maniobras legales, el parlamento afgano queda formalmente instalado y técnicamente funcional. Con lo anterior, la comunidad internacional da por finalizado el Proceso de Bonn y alza la vista hacia una nueva era de cooperación con Afganistán.
A partir de este punto Afganistán aspira a transitar hacia una nueva era que requerirá de un compromiso internacional renovado. Sin la ayuda internacional, tanto económica como militar, el gobierno de Karzai difícilmente podrá completar el proceso de reconstrucción. Por ello, llegar a un pacto post-Bonn y articular una agenda internacional para la nueva etapa constituye una de las prioridades más importantes. Se espera que en enero de 2006 la ONU, la comunidad de donantes y el gobierno se reúnan para discutir el futuro del país con miras a llegar a un acuerdo que renueve el compromiso internacional. Muchos han sugerido que la siguiente fase reciba el nombre de Proceso de Kabul , implicando una mayor participación del gobierno afgano en la reconstrucción.
En definitiva, cambio y continuidad se entrelazan para bordar la realidad de Afganistán. Hoy por hoy el cambio hacia un régimen más democrático, la ampliación de libertades y una mayor presencia del gobierno de Karzai en las provincias desentona con la continuidad de la violencia, pobreza, impunidad y corrupción. La relativa paz del norte contrasta, asimismo, con la inseguridad del sudeste donde la guerrilla talibán permanece anclada. El esperado crecimiento económico del 7-8% para 2005 se empequeñece ante una economía del opio que, en 2004, representó el 60% del PIB legal. En todo caso, y sin que quepa calificar como irreversible al proceso actual, el nuevo parlamento marca una esperanza para el cambio.
Comentarios: luiseb@yahoo.com
* Luis G. Elizondo Belden - Licenciado en Derecho y MA en Cooperación Internacional; colaborador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).Madrid, 25 de noviembre de 2005