Recursos, conflicto y paz

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from El Espectador
Published on 12 Dec 2012 View Original

Por: Angelika Rettberg

Actores armados gravando la entrada a minas de oro o volando oleoductos, comerciantes y transportadores pagando extorsión, negociantes de esmeraldas compitiendo violentamente por el control del recurso y tierras expropiadas forzosamente en áreas de desarrollo agrario son realidades que han formado parte del paisaje cotidiano de los colombianos por varios años.

Lo que esta realidad sugiere es que, más allá del narcotráfico, que ha dominado las explicaciones económicas del conflicto armado colombiano, otros recursos legales están profundamente vinculados a las dinámicas del conflicto armado y la criminalidad.

Esto ocurre más frecuentemente en regiones rurales, donde los actores operan amparados por la aún débil institucionalidad colombiana, pero tiene manifestaciones también en los grandes centros urbanos.

Esta peculiar amalgama, en la que antiguos enemigos, socios históricos y nuevos actores criminales colaboran en torno a los réditos esperados de la explotación de muchos recursos y negocios, constituye uno de los retos más significativos para un eventual post-conflicto colombiano. No están sentados negociando en La Habana, pero los paramilitares desmovilizados, los narcotraficantes/lavadores de activos, las BACRIM, la delincuencia común (aunque muchos los unen a todos en el mismo costal) y otros criminales que se lucran de diversas economías regionales ricas en recursos legales—además del narcotráfico—tienen una enorme capacidad para poner en riesgo cualquier acuerdo que allí se logre.

Como el canto de las sirenas que hace encallar a los barcos, estos grupos y las oportunidades que ofrecen representan un gran riesgo de reincidencia para los desmovilizados presentes y futuros, por quienes competirán por su conocimiento criminal. Al mismo tiempo, desde ya se han convertido en amenazas para la seguridad de residentes y excombatientes en muchas regiones colombianas.

La existencia de estos grupos y la manera en la que se financian pone la vara muy alta para el gobierno y demás responsables de la construcción de paz en su propósito de lograr avances sólidos hacia una paz duradera y una seguridad entendida en sentido amplio. Para proteger el proceso de paz y la implementación de un eventual acuerdo es crucial que identifiquen—además de los nexos con el narcotráfico—los vínculos entre algunos recursos legales y las múltiples formas de criminalidad que hoy operan en ciudades y campos colombianos, porque de ellos derivarán los principales riesgos internos a la seguridad futura del país. Ello requerirá la formación y el fortalecimiento de instituciones estatales y privadas que brinden alternativas económicas legales a las poblaciones—desincentivando la participación en las economías informales o ilegales. Ahora es el momento de trabajar en estas estrategias.

*Angelika Rettberg, directora y profesora asociada Departamento de Ciencia Política Universidad de Los Andes