Protocolo abrirá canales de participación para las víctimas

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from Instituto Popular de Capacitación
Published on 10 May 2013 View Original

Viernes, 10 de Mayo de 2013 14:51 Yhoban Camilo Hernandez

Después de 26 reuniones regionales, 2 encuentros nacionales y 2 debates en el Congreso de la República, finamente hoy sería firmada la resolución de Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas.

Dicho protocolo, fijará los lineamientos bajo los cuales se realizará la participación de las víctimas en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de atención y reparación integral, como lo dispuso la Ley 1448 de 2011 –Ley de Víctimas y Restitución de Tierras-.

En entrevista con la agencia de prensa del IPC, Gabriel Bustamante, subdirector de Participación de la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, habló sobre la firma del protocolo y sobre su importancia para la participación efectiva.

¿Cuándo sería firmado el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas y qué sigue luego de esa firma?

Pues lo primero es resaltar que la comisión de seguimiento del Congreso le dedicó dos sesiones al tema de la participación de las víctimas. Obviamente siempre con el acompañamiento que hemos tenido en este proceso de los órganos de control: Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo. Y obviamente todas las discusiones en el margen de las cosas en que nos pudimos poner de acuerdo, y de las que no, con las organizaciones de víctimas.

Hay que hacerle un reconocimiento especial a las mesas de fortalecimiento de población desplazada que durante todo este tiempo, incluidos los foros del congreso, hicieron aportes significativos que básicamente dieron la cara de lo que va a ser la participación de la población desplazada. Y un reconocimiento especial al espacio transitorio de víctimas que también fue fundamental en esta discusión.

Ya una vez consolidado este proceso, lo que viene es la firma que se estará dando en el día de hoy, y de ahí vamos a hacer un proceso de socialización de este protocolo en las regiones. Vamos a sacar un material pedagógico y a hacer talleres departamentales y en algunos casos municipales, con el objetivo fundamental de que a la gente le quede clara la forma de elección de los representantes de las víctimas que, como lo hemos dicho, esta vez será por enfoques diferenciales y por hechos victimizantes, tanto en las mesas municipales y departamentales como en la nacional.

Al final de este ejercicio vamos a tener una mesa nacional con todos los enfoques diferenciales, con todos los hechos victimizantes y con todos los departamentos de Colombia representados en esa mesa nacional.

En esa mesa vamos a trabajar, además de los espacios de decisión que están ahí, en –espacios- de definición de política pública tan importantes como el comité ejecutivo, donde se reúnen los representantes de víctimas a discutir la política con el Presidente de la República y con los ministros. O como los comités de justicia transicional donde hacen lo mismo los representantes de víctimas con el alcalde y el gobernador.

También vamos a tener unos comités temáticos: de mujer; de desplazamiento forzado; de niños, niñas y adolescentes; de juventud; de discapacidad… Dichos comités van a articular toda la acción de la Unidad de Víctimas y toda la acción del sistema nacional de atención y reparación a las víctimas del conflicto; e inclusive estamos invitando a articular en esos comités el trabajo de la cooperación internacional.

Al final, en este ejercicio de mesas, vamos a tener un ejercicio bastante importante en la medida que vamos a apoyar y a cualificar el trabajo técnico de las mesas. Por ejemplo, en temas de mujer, al final del ejercicio vamos a tener más de 10 mil líderes de mujeres en las mesas, que tanto en las mesas nacional, departamentales y municipales, van a estar circulando información, van a estar asistiendo a capacitaciones y van a estar involucradas en contextos que van a potenciar la política de mujer en la reparación y la atención integral a las víctimas.

Lo mismo podemos decir de niños, niñas y adolescentes o de discapacidad. O sea, desde la participación ciudadana en estas mesas, vamos a potenciar la construcción de política pública para las víctimas. Eso es como lo más novedoso de este sistema en el protocolo de participación.

Vamos a potenciarlo también de otra forma, por ejemplo creamos el banco de proyectos para las mesas, que esperamos, en el 2014, tenga cerca de cinco mil millones de pesos para pequeños proyectos que tengan que ver con participación, en los que sólo podrán participar las mesas. Serán pequeños proyectos en la medida en que se dan de 12 a 20 millones de pesos por proyecto presentado; privilegiando los enfoques diferenciales y los hechos victimizantes.

¿Qué proyectos podrán ser presentados?

Por ejemplo, un programa de radio local de la mesa para hablar de la política pública de víctimas, o un periódico, un encuentro de jóvenes, un encuentro de mujeres, etc. Todo lo que implique participación, acceso a la información, movilización de esa información o procesos específicos para fortalecer sectores en la política pública. Fuera de estos proyectos estamos promoviendo un encuentro muy grande sobre víctimas y discapacidad.

Entonces eso es lo que se viene en la elección de las mesas, en la nueva comisión de política pública que va a tener como actor central, a partir de este protocolo, a las mismas víctimas, y esperamos que de aquí en adelante se dinamice la participación de las víctimas en el marco de un nuevo escenario que trae el protocolo de participación efectiva.

¿Existe la intención de que esas mesas tengan un periodo de dos años?

Las mesas van a tener un periodo de un año que es el que trae el decreto, lo que pasa es que sí hemos hecho un esfuerzo para que se modifique el decreto 4800 en varios aspectos: uno, queremos que las víctimas no organizadas también tengan representación, un poco lo que estamos buscando es que las víctimas puedan recoger firmas entre otras víctimas, que estén en el Registro Único de Víctimas, y se puedan postular a las mesas. Este año no lo pudimos hacer porque no alcanzaremos a reformar el decreto pero la meta es que el otro año si lo podamos hacer.

Otra propuesta que se está moviendo, que habría que revisarla con la Registraduría, es que las mesas se elijan por voto popular. Pero en principio lo que sí vamos a hacer es reformar el 4800 para que entren las víctimas no organizadas y para que las mesas tengan una duración mínimo de dos años.

En la última sesión del Congreso, las víctimas plantearon inquietudes puntuales en temas de educación, salud y principalmente seguridad; al parecer no ha habido una respuesta efectiva del Estado ¿Cómo va a incidir concretamente el protocolo para mejorar esas situaciones?

El protocolo va a abrir una puerta muy interesante en materia de seguridad y es la articulación de todas las entidades encargadas de la seguridad de las víctimas. Es que ha habido una concepción errónea de que la única entidad que se encarga de proteger a las víctimas es la Unidad de Protección.

La verdad es que la Unidad de Protección tiene un trabajo limitado y específico, que es precisamente brindar esas medidas de protección específicas, hacer evaluaciones de riesgo. ¿Qué pasa? La Unidad tiene que actuar coordinadamente con la Fiscalía General de la Nación y con el conjunto de la justicia. Mientras no vayan personas a la cárcel por los homicidios de las víctimas, van a seguir asesinando a las víctimas.

Es que hay un compromiso que tiene que aumentarse, pero mientras no haya un compromiso total de todos los órganos encargados de proteger a las víctimas, como la Policía e incluso el Ejército, van a seguir asesinando a las víctimas. Mientras no estén blindados los procedimientos, para que las víctimas accedan a temas tan delicados como la restitución de tierras, y no respondan a un escenario de conflicto como en el que todavía estamos, pues esos procedimientos van a convertirse en –situaciones de- vulnerabilidad, como hoy lo están haciendo, para las víctimas de restitución de tierras.

O sea, esto es un problema que tiene que ser coordinado por la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Unidad de Protección, la Unidad de Víctimas y por entidades inclusive como el Ministerio de Agricultura, porque mientras los procedimientos de restitución de tierras no estén adecuados a ese marco de conflicto tan grave que tenemos hoy, exponen a las víctimas.

Entonces ¿qué va a hacer el protocolo? Llamar a todo el sistema, a todas las entidades que hoy son responsables de la seguridad de las víctimas y en un plazo de tres meses tienen que entregar una propuesta de protección específica y coordinada, para los líderes de las mesas de víctimas que van a ser elegidos.

Respecto a las dificultades que han existido con sectores el comité de trabajo y gestión, ¿Qué puede concluir de este proceso de discusión de protocolo?

Lo primero que hay que decir es que el protocolo no hubiera salido si no hubiera sido por el espacio transitorio, que se convierte en un referente importantísimo tanto pedagógico, para aprender cómo se hacía participación real con las víctimas, como en el sentido de la participación, en la medida en que todo este tiempo no hubiéramos tenido participación de víctimas, en ningún escenario, si no hubiera existido el espacio transitorio.

Este espacio transitorio delegó unas funciones importantes en algo que, como dije la vez pasada, no está en la ley, no está en el decreto, no estuvo en la circular, que ellos mismos denominaron el Comité de Trabajo y Gestión y que tiene toda la validez del mundo. Obviamente hubo muchos roses, hubo muchos problemas, pero una vez verificados todo, pues el comité hizo lo que le había designado la asamblea de víctimas. Y todos estos miembros del comité hicieron un trabajo muy interesante y oportuno y nosotros no tenemos más que agradecer por ese trabajo.

El espacio transitorio venció el 30 de marzo y hasta ahí llegó el mandato del comité. Ahora mientras se eligen las nuevas mesas, el protocolo extiende la permanencia del espacio transitorio para garantizar que vaya gente a los comités de justicia transicional, a los comités ejecutivos, a los subcomités temáticos pero, en ese marco, lo que no subsiste es el Comité de Trabajo y Gestión, que hizo una labor importantísima que se volvió inclusive referente para algo que está en el protocolo, que es el Comité Ejecutivo de las Mesas.

Un poco lo que hicimos nosotros fue tomar esa experiencia que hicieron las mismas víctimas para ponerle algunos límites, colocarle unas asignaciones específicas y ponerle una función específica en el protocolo. De pronto un poco el error del Comité de Trabajo y Gestión, que no es de ellos, era que no tenían los límites claros de hasta donde podían o no llegar, lo que terminó generando conflictos entre las mismas víctimas.

Para finalizar, por fin se acaba este ciclo y se superan estas discusiones, dificultades y roses en torno a la construcción del protocolo. Ahora que sea aprobado, ¿se espera que haya nuevos roses o nuevas discusiones?

Básicamente el protocolo pretende todo lo contario. Las víctimas han venido en un trabajo de consolidación y de visibilización y para construirlo, como no había institucionalidad ni había reconocimiento de derechos, tuvieron que ir a las vías de hecho; las tomas de sede de defensorías del pueblo o tomas como la del Parque Tercer Milenio. Siempre vías de hecho y confrontación.

¿Qué hizo la institucionalidad? Crear entidades para que las víctimas pudieran canalizar ese descontento y crear canales de participación que es lo que hoy estamos concretando y consolidando con el protocolo de participación efectiva. ¿Qué es lo que esperamos mañana? Qué las víctimas no tengan que tomarse un lote para obtener el derecho a la vivienda digna, sino que a través de las mesas exijan ese derecho a la vivienda digna que hoy tiene un marco legal en la ley de víctimas y en la sentencia T025 –sobre los derechos de la población desplazada-.

Es un poco repetir la experiencia que desarrolló la Corte Constitucional a través de la tutela. La T025 nace de cientos de tutelas de desplazados en todo el país. En total las tutelas de todo el sector, que son gran parte de salud y otra gran parte de desplazados, son cuatro millones o más. Hay un sector que las ve con recelo, para ellos es un esperpento que haya cuatro millones de tutelas. Otro análisis es que hubo cuatro millones de personas que no fueron a vías de hecho ni entraron en conflicto y decidieron utilizar la institucionalidad, que es la tutela, para resolver su problema.

¿Qué pretende la mesa de participación? Algo parecido, que las víctimas utilicen ese canal de participación, a través de las mesas, para de una forma institucional y democrática llegar a obtener sus derechos. Para llegar a ese punto necesitamos que alcaldes, gobernadores y todas las entidades del Gobierno Nacional, estén en sintonía con brindar el derecho a la participación efectiva, o sea oír las sugerencias de las víctimas y dar una respuesta efectiva a las víctimas.

Ese es el enorme reto de este protocolo. Entonces si estas mesas tienen una respuesta efectiva, se vuelven un canal institucional y democrático que nos va a evitar muchos conflictos.

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