El Pacífico, su profunda crisis humanitaria y la indiferencia

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from Government of Colombia
Published on 31 Oct 2013 View Original

El martes 29 de octubre, a las 8 de la mañana, se dio inicio a una sesión en la Comisión Primera del Senado para exponer y estudiar la terrible crisis humanitaria que desde hace muchos años viven las poblaciones del Pacífico, especialmente Buenaventura, Valle. Las pruebas, los testimonios, las cifras y las alarmas presentadas esa mañana por el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Servicio Jesuita para Refugiados y la Defensoría del Pueblo no podían ser más contundentes: ¡Buenaventura necesita atención urgente! Pese a la puntualidad y la constancia de los denunciantes y defensores de DD.HH. que los acompañaron, a la sesión solo asistió el senador Luis Carlos Avellanera, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Lay de Víctimas, encargado de la citación.

En otras oportunidades el CNMH ha denunciado públicamente la emergencia que viven las comunidades afro descendientes e indígenas. En esta ocasión, después de las palabras de contexto de Gonzalo Sánchez, director del CNMH, se proyectó un video con testimonios de representante de las comunidades más afectadas de Buenaventura, no sólo por el conflicto armado y las disputas entre Urabeños, Rastrojos y las Farc, sino también por las diferencias que sostienen con la Alcaldía Municipal, quien no ha respetado el derecho a la consulta previa para desarrollar proyectos turísticos y de expansión portuaria que afectan a las comunidades.

La sevicia con la que los grupos armados se ha ensañado en Buenaventura, demuestra que la población no ha sido víctima casual del conflicto. Por el contrario la han atacado de manera predeterminada con el aparente fin de desconfigurar los proyectos de vida colectivos y las diferencias étnicas de los afro descendientes e indígenas. “Pareciera que los armados quisieran desocupar el Pacífico de afros e indígenas”, dijo Sánchez en su ponencia el pasado martes.

Pese a la ausencia de congresistas, la sesión se desarrolló con la presencia de representantes de la Unidad de Víctimas, de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección.

ATENCIÓN INSUFICIENTE, RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES

“En Buenaventura las medidas institucionales son débiles, desarticuladas e insuficientes”, dijo Juan Manuel Osorio, defensor delegado de la Defensoría del Pueblo.

Una de las conclusiones a las que llegaron los asistentes es que ninguna de las medidas que se están llevando a cabo para atender la situación de conflicto y victimización en el puerto, resuelve o mengua la grave problemática de violación a los DD.HH. y de atención a las necesidades básicas de tantos territorios.

Aunque la Unidad de Víctimas expuso el trabajo que ha realizado en atención en la zona, dejó claro que dicha atención está siempre mediada por la voluntad e iniciativa de la Alcaldía Municipal. Es decir que todas las ayudas desplegadas por la Unidad, los esquemas de financiación para prevenir el desplazamiento, y cualquier tipo de atención que ha ejecutado se ha hecho en conjunto con la Alcaldía según sus estrategias y las solicitudes que presentes las autoridades locales. Esta situación genera poca confianza entre las organizaciones, dado que parte del conflicto manifiesto se presenta entre los intereses de desarrollo turístico y portuario de la Alcaldía y el bienestar y derecho a permanecer en sus territorios de las comunidades.

El tema, aseguró el senador Avellaneda, sirve, además, para evidenciar los defectos de la Ley de Víctimas, como los presupuestos cortos que se asignaron y la potestad dada a los gobiernos locales para el manejo de dicho presupuesto, así como la deficiencia de enlaces entre los gobiernos regionales y los locales.

Angélica López del Servicio Jesuita para Refugiados expresó con vehemencia que “la agudización de esta crisis se explica por la falta de respuesta institucional que viven las comunidades. Esto las revictimiza a diario. (…) Hay una baja respuesta de parte de la Alcaldía Municipal, de la Unidad de Víctimas y del Ministerio del Interior”. La poca capacidad de esas entidades instalada en la región hace que se cometan errores en los registros, en la entrega de ayudas y que se ralentice los procesos.

ACTUAR DE INMEDIATO

Para el equipo de investigación del CNMH que está trabajando en la reconstrucción de memoria de Buenaventura esta audiencia fue tan decepcionante por la ausencia de los congresistas, como sorprendente y estimulante por encontrarse con la respuesta de otras instituciones que expresaron su urgencia por ayudar a atender la crisis.

“El trabajo de memoria ha empezado a adquirir un sentido compartido para muchos. Lo emblemático, algunas veces criticado, ha empezado a ser incorporado en los discursos de instituciones, organizaciones y acompañantes”, dijo Constanza Millán, coordinadora de la investigación sobre Buenaventura del CNMH. Su trabajo y el que su equipo ha implicado conversaciones de todo tipo para posibilitar encuentros como el de esta audiencia en la que la memoria histórica va más allá de ser una simple narración y se convierte en un producto de acción colectiva.

Dada la urgencia de articular mejor las acciones de las instituciones y de incrementar la capacidad de atención, el Ministerio del Interior se comprometió a atender el caso de Buenaventura desde la instancia nacional, a pesar de que, usualmente, estas situaciones le competen al subcomité departamental del ministerio.

El Defensor Delegado de la Defensoría del Pueblo sugirió que el caso de seguridad de Buenaventura debe ser atendido por una unidad de la Fiscalía que reúna toda la información que de manera separada han recopilado las organizaciones e instituciones.

La Unidad de Víctimas, por su parte, se comprometió a organizar una reunión de alto nivel en Buenaventura para mejorar la atención a las víctimas en este municipio.

La Unidad Nacional de Protección dejó expreso que ante una alarma tan grande como la que se vive en Buenaventura se requiere la participación activa de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de las comunidades.